Tala clandestina en el Izta-Popo enciende alertas para Morelos: ¿hasta dónde llegan las redes?
La tala clandestina en los bosques del centro del país vuelve a colocarse bajo los reflectores, luego de que este domingo trascendiera la denuncia presentada por el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ante autoridades ambientales por presuntas actividades ilegales dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.
El señalamiento resulta relevante porque se refiere a una de las principales reservas forestales de la región central de México, fundamental para la captación de agua, conservación de biodiversidad y regulación climática de las entidades que rodean la zona volcánica.
Aunque la denuncia se concentra en el Izta-Popo, el problema rebasa los límites administrativos del parque. Los corredores forestales de Estado de México, Puebla, Ciudad de México y Morelos forman parte de un sistema ambiental interconectado donde durante años se han denunciado desmontes, extracción ilegal de madera y deterioro de zonas boscosas.
Para Morelos, el asunto merece especial atención en los municipios del norte y nororiente, donde la conservación de los bosques resulta estratégica no solamente por razones ecológicas, sino por su función en la recarga de los mantos acuíferos que abastecen buena parte de la entidad.
Pero existe otra dimensión que debería preocupar a las autoridades: la tala clandestina dejó hace tiempo de ser únicamente un delito ambiental para convertirse, en determinadas regiones del país, en una actividad vinculada con estructuras organizadas capaces de controlar territorio, transportar madera, comercializarla y eventualmente corromper o intimidar autoridades. Derribar árboles a gran escala requiere caminos, vehículos, maquinaria, centros de almacenamiento y compradores. Por ello, cuando la explotación ilegal se mantiene durante largos periodos, resulta inevitable preguntar cómo funcionan esas cadenas y por qué las instituciones responsables no consiguen desarticularlas.
La denuncia conocida este domingo representa así una oportunidad para que Morelos revise lo que está ocurriendo en sus propias fronteras forestales. Más allá de operativos aislados o decomisos de madera, sería pertinente conocer hasta dónde llegan las redes de extracción y comercialización ilegal, cuáles son las rutas utilizadas y qué capacidad tienen las autoridades estatales y federales para enfrentarlas.
La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿quiénes están detrás del negocio de la tala clandestina y, sobre todo, quién permite o protege que continúe? Defender los bosques del norte de Morelos significa proteger agua, territorio y seguridad para las próximas generaciones.
