CUANDO LA INSEGURIDAD TAMBIÉN ENTRA A LAS AULAS
LA CRÓNICA DE MORELOS
Lunes 24 de agosto de 2026
E D I T O R I A L
Que una universidad tenga que reducir o modificar sus horarios porque sus estudiantes ya no pueden trasladarse con seguridad constituye mucho más que una medida administrativa: es una señal de alarma social. Cuando una institución educativa adapta su funcionamiento al miedo que existe en las calles, significa que la delincuencia ha comenzado a imponer sus propios horarios. El problema deja entonces de limitarse a las estadísticas de homicidios, asaltos o extorsiones y alcanza uno de los espacios fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad: la educación de sus jóvenes.
La decisión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de ajustar actividades ante las condiciones de inseguridad debe obligarnos a mirar más allá de sus instalaciones. La universidad puede proteger sus espacios internos, pero no puede garantizar por sí sola la seguridad de quienes recorren calles, esperan el transporte público o caminan hacia sus hogares al terminar las clases. Esa responsabilidad corresponde fundamentalmente a las autoridades. Si un estudiante debe elegir entre permanecer en una clase vespertina o regresar temprano a casa para disminuir riesgos, algo está fallando profundamente en la obligación del Estado de garantizar la tranquilidad de sus ciudadanos.
Existe además una consecuencia menos visible, pero igualmente preocupante: cuando la inseguridad modifica los horarios educativos, termina condicionando también el derecho a estudiar. Hoy puede ser la reducción de actividades por la tarde; mañana, estudiantes que abandonen determinadas materias, jóvenes que prefieran no asistir a ciertas instalaciones o familias que consideren riesgoso enviar a sus hijos a estudiar lejos de casa. Normalizar esa situación sería aceptar que el miedo determine nuestra vida cotidiana y que los delincuentes, indirectamente, decidan cuándo podemos estudiar, trabajar, circular o regresar a nuestros hogares.
Morelos no puede acostumbrarse a semejante escenario. Las autoridades estatales y municipales deben interpretar la decisión universitaria como un llamado urgente a recuperar la seguridad alrededor de los centros educativos y en las principales rutas utilizadas por los estudiantes. No basta con patrullajes ocasionales ni con operativos posteriores a algún hecho delictivo; hacen falta prevención, vigilancia permanente, inteligencia y coordinación institucional. Una sociedad comienza a perder espacios frente a la delincuencia cuando modifica sus costumbres para protegerse de ella. Y cuando una universidad tiene que cambiar sus horarios por miedo a lo que ocurre afuera de sus aulas, la inseguridad ya no solamente amenaza a las personas: comienza a hipotecar el futuro de toda una generación.
