Morelos, atrapado en el sótano de la competitividad
La meta número uno del Plan México —colocar al país entre las diez economías más grandes del mundo— se escucha ambiciosa, pero enfrenta una realidad incómoda: México cayó siete posiciones en el Ranking Mundial de Competitividad del IMD, al pasar del lugar 55 al 62 entre 70 países.
Si el panorama nacional es preocupante, en Morelos adquiere tintes todavía más graves. El estado lleva décadas rezagado, atrapado entre gobiernos que anuncian inversiones, firman convenios y organizan misiones empresariales, pero no consiguen modificar las condiciones estructurales que ahuyentan capitales, frenan la productividad y condenan a miles de trabajadores a la precariedad.
El Índice de Competitividad Estatal 2025 del IMCO coloca a Morelos en el lugar 27 de las 32 entidades, dentro del grupo de competitividad baja. El diagnóstico mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversión mediante 53 indicadores agrupados en seis grandes áreas: Estado de derecho, infraestructura, sociedad y medio ambiente, innovación y economía, mercado laboral, así como sistema político y gobiernos. Morelos reprueba precisamente en varios de los elementos que más pesan al momento de decidir dónde instalar una empresa: seguridad, certidumbre jurídica, mano de obra formal, conectividad logística, crecimiento económico y confianza institucional.
Los datos laborales retratan uno de los mayores obstáculos. La informalidad alcanza 66 por ciento de la población ocupada, mientras el ingreso mensual promedio de los trabajadores de tiempo completo es de apenas 8 mil 377 pesos, uno de los más bajos del país. Morelos ocupa el último lugar en desigualdad salarial, el 31 en brecha de ingresos entre hombres y mujeres y el 27 en crecimiento de empleos registrados ante el IMSS, con una contracción de 0.9 por ciento. Es decir, el estado puede presumir que baja la pobreza laboral, pero difícilmente podrá hablar de competitividad mientras dos de cada tres trabajadores sobrevivan sin seguridad social, estabilidad contractual ni posibilidades reales de capacitación.
La economía tampoco consigue despegar. El PIB por habitante coloca a Morelos en la posición 22; el crecimiento económico promedio de los últimos tres años fue de apenas 1.3 por ciento, correspondiente al sitio 27; la inversión extranjera directa aparece en el lugar 25 y la complejidad de los sectores de innovación en el 23. Esto resulta paradójico en una entidad con universidades, centros de investigación y una ubicación privilegiada junto al mercado más grande del país. Tenemos conocimiento científico, pero no una política sostenida capaz de convertirlo en empresas, patentes, empleos especializados y cadenas productivas.
A ello se suman la inseguridad y una infraestructura logística casi inexistente. Morelos aparece en el lugar 31 en el subíndice de Estado de derecho, con una tasa de homicidios ubicada también en la posición 31 y apenas nueve por ciento de la población sintiéndose segura. El aeropuerto prácticamente no mueve pasajeros ni carga; la telefonía móvil, las terminales bancarias y diversos servicios de salud permanecen rezagados. Ningún inversionista serio decide solamente por incentivos fiscales o discursos: también examina carreteras, energía, agua, seguridad, trámites, capital humano y capacidad gubernamental para cumplir acuerdos.
La competitividad no se construye mediante anuncios aislados ni fotografías con empresarios. Requiere una estrategia transexenal que vincule a la UAEM y los centros de investigación con la industria; recupere la seguridad; reduzca la informalidad; modernice parques industriales; garantice agua y energía; simplifique trámites y fortalezca la recaudación propia, hoy situada en el lugar 29 nacional. Si México pretende ingresar al grupo de las diez mayores economías, estados como Morelos tendrán que abandonar el sótano. Y para lograrlo no basta con atraer inversiones: primero hay que crear las condiciones para que lleguen, permanezcan y produzcan bienestar.
