EL RUMOR ES FALSO; LA BOMBA DE LAS PENSIONES, NO
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 31 de agosto de 2026
El Congreso de Morelos tuvo que salir nuevamente a desmentir que este lunes 31 de agosto sería aprobada, de manera precipitada, una reforma al sistema de pensiones. Aseguró que no existe iniciativa del Poder Ejecutivo, dictamen en comisiones ni proyecto alguno susceptible de llegar al Pleno. Conviene precisar las cosas: el rumor es falso, pero la crisis financiera que lo vuelve creíble es absolutamente verdadera.
La reacción de los trabajadores tampoco surgió de la nada. Desde hace décadas, gobiernos y legislaturas anuncian estudios, mesas de diálogo y soluciones integrales que nunca terminan de transparentarse. En marzo de 2008, el entonces gobernador Marco Adame Castillo intentó crear el Instituto de Pensionados y Jubilados; el proyecto naufragó entre sospechas sindicales, intereses políticos, desconfianza hacia los diputados y el escándalo de integrantes de la “burocracia dorada” que acumulaban adeudos con el Instituto de Crédito, mientras los trabajadores comunes eran presionados y hasta embargados.
Dieciocho años después, el problema no solamente permanece: se volvió mucho más costoso y peligroso. Un análisis de Morelos Rinde Cuentas estableció que en 2024 el gobierno estatal y sus organismos destinaron alrededor de mil 607 millones de pesos a jubilaciones y pensiones, cantidad apenas inferior a la inversión en obra pública. Para 2026, el monto presupuestado ronda los mil 720 millones. La tendencia advierte que, si no se toman decisiones responsables, el gasto pensionario terminará desplazando recursos destinados a seguridad, salud, infraestructura y servicios públicos.
Pero sería profundamente injusto responsabilizar de esta sangría a la mayoría de los jubilados, cuyas percepciones son modestas y constituyen el resultado de toda una vida de trabajo. El verdadero agravio está en los privilegios: jubilaciones obtenidas a edades insólitamente tempranas, aumentos salariales de última hora, antigüedades discutibles y pensiones doradas concedidas a personajes cercanos al poder. Mientras cientos reciben menos de cinco mil pesos mensuales, un pequeño grupo de exfuncionarios concentra cantidades superiores a los 70 mil y, en algunos casos, rebasa los cien mil pesos. Ahí debe comenzar cualquier depuración.
El gobierno de Margarita González Saravia reconoció desde junio que trabaja en una propuesta sustentada en estudios técnicos y financieros, aunque aclaró que todavía no la ha enviado al Congreso. Por ello, el desmentido legislativo es correcto, pero insuficiente. No basta con repetir que mañana no habrá reforma: se requiere informar qué alternativas están siendo analizadas, cuál es el diagnóstico actuarial, cuánto crecerá el pasivo durante los próximos años y quiénes participarían en la elaboración del nuevo modelo.
Los derechos adquiridos deben respetarse sin regateos, pero eso no significa conservar privilegios indebidos ni cerrar los ojos frente a una bomba financiera. Una cosa es proteger al trabajador y otra muy distinta blindar los excesos de políticos, magistrados y altos funcionarios que aprendieron a utilizar el sistema como premio de retiro. Una reforma digna tendría que establecer reglas claras para las nuevas generaciones, impedir jubilaciones simuladas, auditar los expedientes dudosos y cerrar definitivamente la fábrica de pensiones doradas.
Hace casi cinco años pregunté en este mismo espacio si algún día terminaría la problemática. Hoy la respuesta sigue siendo negativa. El Congreso consiguió poner un dique al rumor de una aprobación “fast track”, pero ningún boletín detendrá el crecimiento del pasivo. La desinformación se combate con datos, apertura y diálogo; la crisis, con una reforma seria y de largo alcance. Porque negar la sesión de mañana es sencillo; evitar la quiebra de pasado mañana será bastante más complicado.
