EL PRONÓSTICO QUE ALCANZÓ AL GOBIERNO: LAS GRIETAS DE MORELOS SIGUEN ABIERTAS
CINTARAZOS
Lunes 31 de agosto de 2026
Por Guillermo Cinta Flores
El 10 de septiembre de 2024, tres semanas antes de que Margarita González Saravia asumiera la gubernatura, La Crónica de Morelos anticipó las principales vulnerabilidades que enfrentaría su administración: un sistema de seguridad pública erosionado; violencia fuera de control; complicidad de autoridades —principalmente municipales— con el crimen organizado; vaivenes en la incidencia delictiva; una arraigada cultura de la ilegalidad; deterioro de la figura gubernamental; distribución inequitativa del ingreso; ayuntamientos financieramente paralizados y una burocracia ineficaz. A casi dos años de distancia, aquel diagnóstico conserva vigencia. Algunos problemas han comenzado a contenerse, pero ninguno puede considerarse resuelto.
Margarita González Saravia no recibió únicamente una administración desordenada. Recibió un estado con instituciones debilitadas, corporaciones policiales insuficientes, municipios endeudados, regiones disputadas por grupos criminales y una sociedad profundamente desconfiada de sus autoridades. El sexenio de Cuauhtémoc Blanco dejó una estructura gubernamental marcada por la improvisación, el distanciamiento político y numerosos señalamientos sobre el manejo de los recursos públicos.
La nueva gobernadora consiguió inicialmente una ventaja: su estilo austero, la presencia en territorio y su relación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum contrastaron favorablemente con su antecesor. Sin embargo, recuperar la respetabilidad del despacho de la gobernadora no equivale a reconstruir todo el aparato público. Ahí comienza la diferencia entre la imagen personal y los resultados institucionales.
LA SEGURIDAD: ENTRE LOS AVANCES Y LA REALIDAD
La primera gran vulnerabilidad estaba en el sistema de seguridad pública. Las corporaciones estatales y municipales presentaban déficit de elementos, salarios insuficientes, escasa capacidad de investigación, mandos cuestionados y una coordinación debilitada. A ello se sumaba una Fiscalía estatal atrapada en conflictos políticos y administrativos.
El nuevo gobierno sustituyó la antigua Comisión Estatal de Seguridad por una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, incrementó salarios policiales, entregó vehículos a municipios y fortaleció la coordinación con la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad federal y el Centro Nacional de Inteligencia. El Plan Morelos y el posterior Plan Cuautla significaron una intervención territorial mucho más amplia que la observada durante los últimos años del gobierno anterior.
Los resultados muestran una disminución en el promedio de homicidios dolosos respecto de los momentos más críticos de 2024. El Gobierno federal ha presentado reducciones de hasta 54 por ciento al comparar periodos específicos. El avance existe y debe reconocerse.
Pero la otra cara de las cifras impide celebrar anticipadamente. Entre enero y julio de 2026 se contabilizaron 563 homicidios dolosos, equivalentes a una tasa de 28.56 víctimas por cada 100 mil habitantes. Con esos números, Morelos permaneció en el segundo lugar nacional por tasa de homicidios. También se ubicó entre los primeros lugares en feminicidio, secuestro, tentativa de homicidio y robo de vehículos.
No existe contradicción: los homicidios disminuyeron, pero Morelos continúa entre los estados más violentos del país. La reducción parte de niveles tan elevados que todavía no alcanza para modificar la percepción social ni para considerar recuperado el territorio.
A esto se agrega el crecimiento de la extorsión. Durante los primeros siete meses de 2026, la entidad ocupó el primer lugar nacional tanto en extorsión presencial como en otras modalidades. El Gobierno estatal ha argumentado que el incremento de las carpetas refleja una mayor confianza para denunciar. La explicación puede ser parcialmente cierta, pero resulta insuficiente frente a los testimonios de comerciantes, transportistas, productores y pequeños empresarios sometidos a amenazas y cobros de piso.
La estrategia ha presionado determinados delitos, pero las organizaciones criminales se han adaptado. Cuando encuentran mayores obstáculos para cometer homicidios o secuestros, pueden trasladarse hacia la extorsión, el despojo, el narcomenudeo o el control económico de actividades locales.
El sistema de seguridad está siendo reconstruido, aunque sigue dependiendo extraordinariamente de la Federación. La prueba definitiva será comprobar si las policías estatal y municipales pueden sostener los resultados sin una intervención federal permanente.
EL CRIMEN DENTRO DE LOS AYUNTAMIENTOS
La advertencia más delicada de septiembre de 2024 fue la posible complicidad de autoridades municipales con el crimen organizado. Lo que entonces era una vulnerabilidad previsible terminó convertido en investigaciones federales, órdenes de aprehensión, cuentas congeladas y detenciones.
El caso más emblemático fue el de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, detenido en mayo de 2026 dentro de las investigaciones del Operativo Enjambre. Las autoridades federales le atribuyen presuntos vínculos con una estructura dedicada a extorsionar comerciantes, transportistas y sectores productivos, además de relaciones con personajes identificados con grupos criminales.
A ese expediente se sumaron las detenciones del alcalde de Atlatlahucan, un exalcalde de Yecapixtla y otros personajes políticos investigados por corrupción y delincuencia organizada. También fueron bloqueadas cuentas de personas y organizaciones presuntamente relacionadas con esa red.
El asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, ocurrido dentro del propio Ayuntamiento, profundizó las sospechas. Después de su muerte, autoridades federales confirmaron que había sido investigado por supuestas relaciones con grupos delictivos y por su posible vinculación con los homicidios de activistas.
Los operativos representan un avance porque finalmente comenzaron a tocar estructuras político-criminales que durante años parecieron intocables. Pero también revelaron que la infiltración era más profunda de lo imaginado.
En ciertos municipios, el problema no consistía únicamente en autoridades incapaces de enfrentar a los delincuentes. Las investigaciones apuntan a algo más grave: el crimen organizado pudo haber operado con protección o participación de integrantes de los propios gobiernos municipales.
La incógnita es si las autoridades están desmantelando redes completas o solamente retirando algunas cabezas visibles.
LA ILEGALIDAD NORMALIZADA
La cultura de la ilegalidad no puede combatirse exclusivamente mediante cateos y detenciones. Se manifiesta todos los días en el transporte irregular, la tala clandestina, la venta ilegal de terrenos, los tiraderos tolerados, el crecimiento urbano sin orden, el comercio protegido políticamente y el uso de influencias para evitar sanciones.
Más de nueve de cada diez delitos en el país no son denunciados o no derivan en una investigación efectiva, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. La desconfianza hacia las autoridades y la convicción de que denunciar representa una pérdida de tiempo siguen alimentando la impunidad.
El Gobierno estatal ha emprendido algunas acciones relevantes: intervino contra el centro irregular de transferencia de residuos de Chipitlán, realizó operativos en establecimientos fuera de norma y presentó denuncias contra exfuncionarios por posibles irregularidades administrativas.
Pero se trata de acciones puntuales frente a prácticas acumuladas durante décadas. Para cambiar la cultura de la ilegalidad se requiere aplicar la ley de manera permanente, sin excepciones, padrinazgos o negociaciones políticas. Mientras la sociedad observe que la norma se endurece contra unos y se flexibiliza para otros, incumplirla seguirá resultando más rentable que respetarla.
LA GOBERNADORA Y EL DESCRÉDITO INSTITUCIONAL
Margarita González Saravia ha evitado hasta ahora el deterioro acelerado padecido por Cuauhtémoc Blanco. Mantiene presencia pública, recorre comunidades, encabeza reuniones territoriales y conserva una relación favorable con el Gobierno federal.
Las encuestas disponibles colocan su aprobación alrededor de 49 o 50 por ciento, dependiendo de la empresa que realiza la medición. Se trata de una base social importante, aunque inferior a la mostrada durante los primeros meses de su administración.
El problema es que la aceptación de la gobernadora no se ha trasladado automáticamente a las instituciones. La percepción de inseguridad en la zona metropolitana de Cuernavaca disminuyó de 84.2 a 80.2 por ciento hacia el cierre de 2025. El Gobierno destacó una mejoría de cuatro puntos, pero el dato central continúa siendo alarmante: ocho de cada diez habitantes todavía se sentían inseguros.
La mandataria ha conseguido preservar su imagen personal, pero las policías, las fiscalías, numerosos ayuntamientos y distintas dependencias burocráticas permanecen bajo sospecha o descrédito. La figura de la gobernadora resiste; la confianza en el aparato público todavía no se recupera.
MENOS POBREZA LABORAL, PERO EMPLEOS PRECARIOS
En el terreno económico aparecen algunos de los mejores resultados. Durante el segundo trimestre de 2026, Morelos registró una disminución anual de 11.7 puntos porcentuales en pobreza laboral, una de las reducciones más importantes del país.
El dato, sin embargo, debe contrastarse con la informalidad. Alrededor de 67 por ciento de la población ocupada trabaja sin contrato, seguridad social, pensión, estabilidad laboral o protección ante el desempleo.
Parte de la mejoría en los ingresos está relacionada con el aumento nacional del salario mínimo, las remesas y los programas sociales. Por ello, no puede atribuirse completamente a las decisiones del Gobierno estatal. También persisten profundas desigualdades territoriales entre la zona metropolitana de Cuernavaca y las comunidades indígenas, rurales y campesinas del oriente y sur del estado.
Morelos ha reducido la pobreza laboral, pero todavía no genera suficientes empleos formales ni distribuye equitativamente las oportunidades de desarrollo. Ha mejorado el ingreso de parte de la población, sin resolver la precariedad en la que trabaja.
AYUNTAMIENTOS CON EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO
La crisis financiera municipal continúa siendo uno de los mayores riesgos para la gobernabilidad. Los ayuntamientos arrastran deudas bancarias, adeudos con proveedores, pasivos fiscales, pensiones y laudos laborales heredados durante varias administraciones.
Puente de Ixtla, por ejemplo, enfrenta obligaciones estimadas en alrededor de 340 millones de pesos y podría necesitar hasta 15 años para sanear sus finanzas. Otros municipios han enfrentado procedimientos contra sus alcaldes por incumplimiento de sentencias, pensiones o laudos.
El Gobierno estatal estableció mecanismos de apoyo para enfrentar algunos pasivos. Sin embargo, esos fondos atienden las consecuencias sin corregir las causas: nóminas infladas, despidos masivos al concluir cada trienio, baja recaudación, dependencia de participaciones federales y utilización del empleo municipal como recompensa política.
No todos los ayuntamientos están paralizados, pero muchos comienzan cada ejercicio con una parte sustancial de sus recursos comprometida. Administran la supervivencia financiera y disponen de márgenes muy reducidos para obra pública, seguridad y servicios.
LA BUROCRACIA, TODAVÍA SIN RESULTADOS SUFICIENTES
El gobierno de Margarita González Saravia reestructuró secretarías, sustituyó funcionarios y presentó denuncias por irregularidades detectadas durante la entrega-recepción. En sus primeros cien días anunció cuatro denuncias penales y dos administrativas por posibles daños calculados inicialmente en alrededor de 40 millones de pesos.
Pero modificar organigramas no garantiza eficacia. Persisten la lentitud en los trámites, las dificultades para ejecutar presupuestos, proyectos que tardan meses en licitarse y dependencias que reaccionan únicamente después de la presión pública.
En diversas áreas todavía se confunde actividad con resultado. Se difunden reuniones, recorridos, convenios y mesas de trabajo, aunque rara vez se establecen plazos verificables o indicadores que permitan evaluar su cumplimiento.
Una administración eficaz no puede depender de que cada problema llegue hasta el despacho de la gobernadora. Debe contar con servidores públicos capaces de resolver, asumir responsabilidades y rendir cuentas.
LA HERENCIA YA TIENE FECHA DE CADUCIDAD
El diagnóstico publicado por La Crónica de Morelos el 10 de septiembre de 2024 no fue una expresión de pesimismo. Fue una radiografía anticipada de las condiciones institucionales, políticas, económicas y sociales que encontraría la primera gobernadora del estado.
A casi dos años de distancia, Margarita González Saravia puede acreditar una coordinación más estrecha con la Federación, una mayor presencia territorial, golpes contra estructuras criminales, reducción de homicidios frente a los peores periodos y una disminución importante de la pobreza laboral. Son avances reales.
Pero las grietas fundamentales siguen abiertas. Morelos continúa entre los primeros lugares en homicidio, extorsión y feminicidio; la penetración criminal en los municipios quedó expuesta; los ayuntamientos permanecen financieramente asfixiados; la informalidad domina el mercado laboral y la burocracia no demuestra todavía una eficacia sostenida.
Durante el primer año, el gobierno pudo explicar numerosas insuficiencias mediante la herencia de Cuauhtémoc Blanco. A partir del segundo, ese argumento pierde fuerza. Los problemas recibidos no fueron responsabilidad de Margarita González Saravia, pero los resultados para corregirlos ya forman parte de su propia cuenta.
La casa comenzó a ordenarse, pero el tiempo de explicar el desastre heredado está terminando. Ahora comienza el tiempo de demostrar que las grietas pueden cerrarse.
