Ayuntamientos “fabrican” propietarios: contratos privados abren la puerta al despojo en Morelos
Una práctica tan antigua como peligrosa continúa operando en los municipios de Morelos: contratos privados de compraventa son ratificados por autoridades municipales, incorporados después al Catastro y utilizados finalmente para promover una inmatriculación administrativa. Así, un documento nacido fuera de una notaría puede recorrer oficinas públicas hasta adquirir una apariencia de legalidad que no necesariamente corresponde con la legítima propiedad del inmueble.
La advertencia fue lanzada por Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Morelos, quien pidió directamente a los ayuntamientos abandonar esa “mala práctica”. Explicó que el procedimiento puede terminar siendo “aparentemente legal, pero en el fondo no lo es”, porque la certificación municipal de firmas no sustituye la investigación jurídica que debe realizarse sobre el origen, antecedentes, gravámenes y verdadero propietario de un predio.
El asunto no es menor. Cuando una autoridad municipal ratifica un contrato privado y Catastro incorpora el inmueble a nombre del supuesto comprador, comienza a construirse una cadena documental que después puede llegar al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales. El municipio no entrega formalmente una escritura, pero coloca los primeros ladrillos para que alguien termine presentándose como dueño. En una entidad con miles de viviendas sin escriturar, predios ejidales, comunales y propiedades transmitidas durante décadas mediante simples papeles, la práctica constituye terreno fértil para conflictos, simulaciones y despojos.
El problema, además, difícilmente puede atribuirse a un solo ayuntamiento. El propio dirigente de los notarios habló de “los ayuntamientos municipales”, en plural. La revisión tendría que abarcar los 36 municipios: cuántos contratos privados han ratificado sus secretarías, sindicaturas o direcciones jurídicas; quiénes comparecieron; qué funcionarios certificaron las firmas; cuántos documentos pasaron después a Catastro y cuántos terminaron en procedimientos de inmatriculación. Ahí podría esconderse una auténtica fábrica municipal de propietarios de papel.
La práctica viene de muy atrás. A mediados de los años setenta, un entonces alcalde de Cuernavaca llegó a sugerir al director de La Crónica de Morelos que consiguiera uno de esos documentos para quedarse con una propiedad. La propuesta le pareció tan irregular —y el personaje tenía antecedentes suficientemente cuestionables— que decidió no hacerle caso. La anécdota revela que el atajo municipal para apropiarse o “regularizar” terrenos no nació ayer: sobrevivió administraciones, partidos políticos y generaciones enteras de funcionarios.
Güemes Ríos rechazó también el pretexto de que acudir ante un notario resulta inaccesible por sus costos y requisitos, y recordó la existencia de convenios gubernamentales para la regularización de vivienda. Pero su señalamiento deja una pregunta mucho más incómoda: ¿cuántos patrimonios de Morelos descansan hoy sobre contratos privados legitimados indebidamente por algún ayuntamiento? Antes de promover nuevas campañas de escrituración, el Gobierno estatal debería auditar la ruta completa de esos documentos. Porque detrás de un simple sello municipal puede encontrarse no solamente una irregularidad administrativa, sino la historia de una propiedad arrebatada.
