Nace bajo resistencia el Registro Estatal de Pensiones dependiente del Poder Ejecutivo: 13 municipios se niegan a entregar sus nóminas
El naciente Registro Estatal de Pensiones de Morelos, dependiente del Poder Ejecutivo, comenzó a enfrentar resistencias institucionales: 13 ayuntamientos incumplieron con la entrega de información sobre sus trabajadores activos, jubilados y pensionados correspondiente al primer semestre de 2026. La omisión impide integrar plenamente una herramienta concebida para transparentar las nóminas públicas y poner orden en uno de los problemas financieros más delicados del estado.
Los municipios señalados oficialmente son Atlatlahucan, Huitzilac, Jantetelco, Jonacatepec, Mazatepec, Temoac, Tepalcingo, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Xochitepec, Xoxocotla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. La Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal les concedió, “por única ocasión”, un plazo de 20 días para entregar los datos pendientes.
La creación del registro fue declarada de interés público mediante el decreto publicado el 31 de diciembre de 2024, que reformó, entre otras disposiciones, el artículo 57 Bis-2 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos. Su alcance no se limita a los ayuntamientos: debe concentrar información de trabajadores, jubilados y pensionados del gobierno estatal, los poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos y los organismos auxiliares estatales y municipales.
Los formatos para alimentar el registro fueron publicados desde el 28 de febrero de 2025. En consecuencia, los gobiernos municipales conocían desde hace aproximadamente año y medio el procedimiento y su obligación de presentar información semestral. La dependencia estatal también asegura haber enviado oficios a todos los sujetos obligados para solicitar los datos correspondientes al primer semestre de este año.
La importancia del registro radica en que podría permitir el cruce de nombres, antigüedades laborales, instituciones de procedencia, montos y resoluciones pensionatorias. Con ello sería posible identificar duplicidades, expedientes incompletos, antigüedades cuestionables o personas que aparezcan simultáneamente en diferentes nóminas públicas. Su creación cobra especial relevancia en una entidad marcada durante décadas por controversias relacionadas con pensiones privilegiadas, documentos presuntamente irregulares y jubilaciones concedidas a funcionarios y personajes cercanos al poder.
El aviso, fechado el 26 de agosto del año en curso, pero publicado el 31 de agosto en el Periódico Oficial, todavía no establece sanciones contra los ayuntamientos incumplidos; constituye una última oportunidad para que entreguen la información. Sin embargo, tampoco precisa las consecuencias que enfrentarán si vuelven a desacatar el requerimiento. Ahí se encuentra uno de los principales riesgos: un registro obligatorio puede quedar reducido a una buena intención si las instituciones se niegan a proporcionar los datos y su resistencia no produce responsabilidades administrativas.
Hasta ahora no puede afirmarse que los 13 municipios estén ocultando irregularidades, pero su incumplimiento impide comprobar si las hay. Las preguntas quedan abiertas: ¿cuántos trabajadores, jubilados y pensionados sostienen?, ¿cuánto representan esas nóminas para sus presupuestos?, ¿existen duplicidades, expedientes incompletos o pensiones concedidas irregularmente? El Registro Estatal de Pensiones nació para ofrecer respuestas, pero casi una tercera parte de los ayuntamientos de Morelos comenzó cerrándole la puerta.
Por lo demás, el Registro Estatal de Pensiones es el antecedente técnico, administrativo y estadístico del posible Instituto de Pensiones, tan debatido en meses recientes, aunque todavía no constituye jurídicamente el Instituto ni demuestra que su creación esté decidida.
La diferencia es importante. El registro solamente concentra información y depende de la secretaría encargada de la Hacienda Pública estatal. En cambio, crear un instituto exigiría una reforma legal que definiera su autonomía, patrimonio, órganos de gobierno, aportaciones, fondo financiero, obligaciones de los poderes y municipios, reglas de transición y garantías para respetar los derechos adquiridos.
