TRANSPARENCIA PERDIÓ SU AUTONOMÍA EN MORELOS
La desaparición del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) modificó por completo el sistema de vigilancia sobre el gobierno estatal. Sus principales atribuciones fueron trasladadas a “Transparencia para el Pueblo de Morelos”, una estructura vinculada al propio Poder Ejecutivo que tendrá bajo su supervisión aproximadamente 120 sujetos obligados, equivalentes al 95 por ciento del padrón atendido anteriormente por el organismo autónomo.
El cambio genera una contradicción difícil de ignorar: el gobierno será responsable de vigilar al propio gobierno. Cuando una secretaría niegue información, entregue documentos incompletos o declare inexistentes determinados datos, el ciudadano deberá recurrir ante una institución perteneciente a la misma estructura gubernamental. La pregunta resulta inevitable: ¿existirán condiciones reales de independencia para ordenar a una dependencia que revele información incómoda sobre contratos, nóminas, obras, proveedores o ejercicio presupuestal?
Tampoco se ha explicado con suficiente claridad qué ocurrió con los archivos, expedientes, recursos de revisión pendientes, mobiliario, presupuesto y personal del desaparecido IMIPE. Mucho menos se ha detallado cuáles son los sujetos obligados que quedaron fuera de la competencia del nuevo órgano, pues si éste asumirá la vigilancia del 95 por ciento del padrón anterior, falta identificar quién supervisará al cinco por ciento restante y ante qué autoridad podrán inconformarse los ciudadanos.
La transparencia no consiste únicamente en colocar documentos en una plataforma, sino en garantizar la existencia de un árbitro capaz de obligar al poder a rendir cuentas. Morelos podrá argumentar ahorro presupuestal, simplificación administrativa o reorganización institucional, pero deberá demostrar que la desaparición del IMIPE no debilitó el derecho ciudadano a saber. Si quien guarda la información también decide cuándo debe entregarla, la transparencia corre el riesgo de convertirse en una concesión del gobierno y no en una obligación frente a la sociedad.
