DESPOJO EN MORELOS: CASO JIUTEPEC

 

Morelos ocupa actualmente el tercer lugar nacional en incidencia del delito de despojo, solo por debajo de Baja California Sur y Colima. Entre enero y julio del año 2026 se contabilizaron 687 casos, cifra que representa un incremento cercano al 9 por ciento respecto del año 2025 y 14 por ciento en comparación con 2024.

 

El Código Penal establece que incurre en el delito de despojo quien ocupa un inmueble ajeno, hace uso de él o de un derecho real, o impide el disfrute de estos a quien legalmente tiene derecho, mediante violencia, amenazas, engaño o furtividad.

 

Pero cuando hablamos de cientos de casos y de una problemática que se mantiene durante años, la pregunta inevitable es: ¿cómo opera una red de despojo sin que existan omisiones, negligencias o posibles complicidades desde los propios espacios de gobierno?

 

Morelos arrastra desde hace más de una década una preocupante incidencia en este delito. De acuerdo a la Asociación Civil y Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, de 2015 a 2024 nuestro estado ocupó el primer lugar nacional en incidencia por cada 100 mil habitantes, con excepción de 2021, cuando se ubicó en el segundo sitio. En 2025 volvió a ocupar el segundo lugar y, en lo que va de 2026, se encuentra en el tercer puesto.

 

El problema, por tanto, no es nuevo. Lo que sí debería preocupar es que, pese a los años transcurridos y a las denuncias acumuladas, los casos sigan apareciendo y algunos de los mecanismos utilizados para concretar estos despojos permanezcan bajo sospecha.

 

Uno de los municipios donde se documentaron irregularidades relacionadas con este delito fue Jiutepec. A finales de 2023 se hizo pública información sobre diversos despojos inmobiliarios en los que se detectaron movimientos irregulares en la Dirección General de Predial y Catastro del gobierno municipal.

 

De acuerdo con las denuncias y documentos conocidos en su momento, se detectó el cambio de propietario catastral de diversos predios sin que existiera, aparentemente, el sustento documental necesario para acreditar legalmente la transmisión de la propiedad a favor de determinados terceros.

 

Las denuncias de los propios afectados permitieron conocer que los movimientos habrían tenido su origen en el ámbito de la autoridad municipal y apuntaron hacia funcionarios cercanos al entonces titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno Municipal de Jiutepec, Omar Alexandro López Ortiz.

 

El asunto tomó mayor relevancia debido a que, de acuerdo con las investigaciones y denuncias presentadas, no solamente habrían estado involucrados servidores públicos municipales, sino también personal -para variar- del Tribunal Superior De Justicia Del Estado de Morelos.

 

Algunos de estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado y quedaron asentados, entre otras, en las carpetas SC01/10181/2022 y SC01/10182/2022.

 

Sin embargo, hasta ahora, de acuerdo con la información disponible, no se ha logrado judicializar alguno de estos expedientes.

 

Y ahí aparece uno de los principales problemas: la impunidad también puede convertirse en parte del mecanismo que permite que el despojo continúe.

 

Lo grave es que algunos de los personajes señalados en estos asuntos no necesariamente han desaparecido de la vida pública. Por el contrario, continúan participando en distintos espacios, presidiendo asociaciones o presentándose públicamente como especialistas en materia jurídica.

 

 

Municipios como Cuernavaca, Cuautla, Yautepec, Jojutla y Tepoztlán también aparecen entre los territorios con una elevada incidencia de este delito, ocupando incluso destacados, pero poco honorables lugares en el ámbito nacional.

 

Lo anterior obliga a preguntarnos si estamos frente a casos aislados o ante un problema mucho más profundo: un entramado en el que particulares, funcionarios y omisiones institucionales pueden terminar favoreciendo a quienes buscan apropiarse ilegalmente de un patrimonio ajeno.

 

Porque detrás de cada expediente hay algo más que una cifra: hay familias en riesgo de perder una casa, un terreno o años de patrimonio; morelenses que tienen que enfrentar procesos legales interminables y, en muchos casos, instituciones que parecen avanzar con una lentitud desesperante.

 

Tal vez ahí está la verdadera dimensión del problema.

 

En Morelos no solamente hay que preguntar quién despoja. Hay que preguntar quién facilita, quién encubre, quién omite y, sobre todo, quién permite que después de años las denuncias sigan sin llegar ante un juez.

 

Y en este punto aparecen nombres de ex Fiscales del estado, titulares y funcionarios de notarias, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ex diputados locales y federales y un sin fin de “destacados” juristas y “connotados” abogados.

 

Y esta historia todavía no termina.

 

En las próximas entregas pondremos nombres, cargos, expedientes y documentos sobre la mesa. Porque si el desp0jo se ha convertido en un negocio, alguien tiene que explicar quiénes lo hicieron posible y quiénes, desde las instituciones, permitieron que siguiera funcionando.