EL PRESUPUESTO DE LA DISCORDIA: MORELOS SE ENCAMINA A UNA BATALLA POR EL DINERO DE 2027
EDITORIAL
LA CRÓNICA DE MORELOS
Miércoles 2 de septiembre de 2026
El Gobierno de Morelos ya comenzó a integrar el Paquete Económico 2027 y, aunque por ahora abundarán las reuniones técnicas, las proyecciones financieras y el lenguaje de la austeridad, la verdadera discusión será profundamente política: quién recibirá más, quién deberá conformarse con menos y cuáles serán las prioridades reales del tercer año de la administración de Margarita González Saravia. El presupuesto será, antes que cualquier discurso o informe, el documento que mostrará hacia dónde pretende conducir al estado.
El Ejecutivo deberá entregar al Congreso las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos a más tardar el 15 de noviembre. A partir de ese momento comenzará una negociación en la que convergerán las necesidades de seguridad, salud, educación, obra pública, municipios, universidad, pensiones y organismos autónomos. Pero también aparecerán los intereses partidistas, las presiones burocráticas y los cálculos electorales de una clase política que ya tiene la mirada puesta en los comicios del 6 de junio de 2027.
En el presupuesto no caben todos los buenos deseos. Cada peso asignado a una dependencia implica un peso que deja de entregarse a otra. Por eso, el documento permitirá saber si el gobierno estatal verdaderamente intenta resolver los problemas más graves de Morelos o si optará por distribuir recursos para evitar conflictos, satisfacer aliados y mantener equilibrios políticos. Gobernar es priorizar, y presupuestar significa decidir quién espera y quién no puede esperar más.
UN PRESUPUESTO QUE HA CRECIDO 16 POR CIENTO
La comparación de los últimos ejercicios ayuda a dimensionar el reto. En 2024, durante el último año completo del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, el Congreso aprobó un presupuesto de 35 mil 647 millones de pesos. De esa cantidad, aproximadamente 33 mil 32 millones correspondieron a recursos federalizados y apenas 2 mil 615 millones a ingresos propios. Es decir, desde entonces quedó expuesta la enorme dependencia de Morelos respecto de las transferencias federales.
Para 2025, primer presupuesto construido por la administración de Margarita González Saravia, el monto aprobado ascendió a 38 mil 196 millones de pesos, dos mil 549 millones más que el año anterior, equivalente a un crecimiento aproximado de 7.1 por ciento. El Poder Ejecutivo concentró más de 24 mil 636 millones; educación recibió alrededor de 12 mil 846 millones; salud, 3 mil 765 millones; seguridad pública, mil 863 millones, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos obtuvo mil 336 millones.
En 2026, el presupuesto volvió a crecer hasta alcanzar aproximadamente 41 mil 362 millones de pesos, un incremento de 8.3 por ciento respecto del ejercicio anterior. Entre 2024 y 2026, por tanto, el gasto estatal autorizado aumentó alrededor de cinco mil 715 millones de pesos, es decir, poco más de 16 por ciento.
El crecimiento nominal de los presupuestos, sin embargo, no necesariamente significa que Morelos disponga de 16 por ciento más capacidad para resolver sus problemas. Debe descontarse la inflación, el aumento de salarios, el encarecimiento de medicamentos, combustibles, materiales de construcción y servicios, así como las obligaciones acumuladas por pensiones, laudos y prestaciones. Una parte considerable del incremento anual queda comprometida incluso antes de comenzar el ejercicio.
La interrogante para 2027 no será solamente cuánto crecerá el presupuesto, sino cuánto dinero quedará realmente disponible después de cubrir el gasto obligatorio. Si la mayor parte del aumento termina absorbida por nómina, jubilaciones, deuda operativa, servicios generales y transferencias etiquetadas, el gobierno dispondrá de muy poco margen para construir hospitales, rehabilitar carreteras, modernizar policías o atender las redes hidráulicas colapsadas.
SEGURIDAD: EL DISCURSO DEBERÁ CONVERTIRSE EN DINERO
El primer gran examen estará en seguridad. Morelos ha enfrentado homicidios, feminicidios, desapariciones, extorsiones, secuestros y ataques contra autoridades municipales. A ello se suma una advertencia especialmente delicada: la posible intervención de la delincuencia organizada en el proceso electoral 2026-2027.
No será suficiente anunciar más patrullas o una mayor coordinación con las fuerzas federales. El presupuesto deberá mostrar cuánto se destinará a inteligencia, investigación criminal, profesionalización policial, control de confianza, cámaras, comunicaciones, equipamiento, protección de candidatos y fortalecimiento de las policías municipales. También deberá transparentarse cuánto dinero será para salarios y cuánto para capacidades operativas verdaderas.
El Plan Cuautla y los operativos extraordinarios pueden producir resultados inmediatos, pero la seguridad pública no puede depender permanentemente de despliegues reactivos. Si el presupuesto 2027 no fortalece las instituciones estatales y municipales, Morelos continuará respondiendo a cada crisis con retenes, sobrevuelos, comunicados y reuniones que pierden fuerza cuando las unidades federales se retiran.
También será necesario revisar el presupuesto de la Fiscalía General del Estado. Exigir esclarecimiento de homicidios, identificación de cuerpos, búsqueda de desaparecidos y combate a la impunidad, sin garantizar peritos, agentes de investigación, laboratorios, equipo forense y condiciones salariales adecuadas, sería una contradicción. La impunidad también tiene una explicación presupuestal.
SALUD, OBRA PÚBLICA Y LA UAEM
La segunda disputa estará en salud. Los hospitales y centros de atención requieren medicamentos, mantenimiento, especialistas, ambulancias, equipos de diagnóstico y personal suficiente. Los ciudadanos no califican el sistema por el monto anunciado en el presupuesto, sino por la existencia de médicos, medicinas y camas cuando llegan a solicitar ayuda. El reto será impedir que el incremento se concentre en administración y nómina mientras persisten las carencias en consultorios y hospitales.
En obra pública deberá realizarse otro análisis. No basta con saber cuánto se aprueba; hay que conocer cuánto se contrata, cuánto se ejecuta y cuántas obras terminan realmente. Morelos arrastra carreteras deterioradas, puentes, escuelas, redes de agua, sistemas de drenaje y edificios públicos que necesitan intervención. Si los recursos se anuncian durante meses, pero las licitaciones se retrasan hasta el último trimestre, el presupuesto pierde su carácter de instrumento de planeación y termina convertido en una carrera contra el calendario.
Los subejercicios merecerán especial vigilancia. El dinero aprobado que no se utiliza oportunamente representa hospitales que no fueron rehabilitados, caminos que continuaron destruidos y programas que no llegaron a sus beneficiarios. También deberán revisarse las ampliaciones presupuestales. Cuando una dependencia recibe mucho más de lo aprobado originalmente, es indispensable conocer por qué fue mal calculado su gasto y de dónde salieron los recursos adicionales.
La UAEM volverá a ocupar un lugar central. La universidad enfrenta una crisis estructural que reaparece cada fin de año. Su déficit ha sido ubicado alrededor de los 300 millones de pesos, mientras crecen la matrícula, la nómina, las obligaciones laborales y el costo de las prestaciones. Otorgarle más dinero sin exigir saneamiento y transparencia sería irresponsable; pero mantener un financiamiento insuficiente también pondría en riesgo el funcionamiento de la principal institución pública de educación superior del estado.
El debate no debe reducirse a decidir si la UAEM recibe 3.5, 4 o 4.5 por ciento del presupuesto estatal. Es necesario establecer cuánto cuesta realmente formar a cada estudiante, cuánto se destina a actividades académicas, cuánto consume la estructura administrativa y qué compromisos de saneamiento asumirá la universidad a cambio de mayores recursos. La autonomía no excluye la rendición de cuentas, pero tampoco puede utilizarse la austeridad como pretexto para abandonar a la institución.
LAS PENSIONES ENTRARÁN A LA NEGOCIACIÓN
El punto más conflictivo puede ser el pago de pensiones y jubilaciones. La integración del Registro Estatal de Pensiones ya encontró resistencia: 13 municipios incumplieron con la entrega de sus plantillas laborales y relaciones de jubilados y pensionados correspondientes al primer semestre de 2026. Antes de discutir una eventual reforma, el gobierno necesita conocer cuántas personas cobran, cuánto reciben, bajo qué decretos obtuvieron sus pensiones y cuál será el crecimiento del gasto durante los próximos años.
El problema no admite soluciones simples. Los derechos laborales adquiridos deben respetarse, pero también resulta indispensable revisar jubilaciones privilegiadas, documentación irregular, antigüedades dudosas y pensiones obtenidas desde posiciones de poder. No puede colocarse en el mismo plano al trabajador que cumplió décadas de servicio y al funcionario que consiguió una jubilación ventajosa después de una carrera burocrática relámpago.
Si el Ejecutivo intenta modificar el sistema, el conflicto con sindicatos, jubilados, ayuntamientos y grupos parlamentarios llegará directamente al presupuesto 2027. Cada sector utilizará la discusión financiera para defender sus posiciones. Algunos legisladores buscarán colocarse del lado de los trabajadores; otros defenderán la viabilidad de las finanzas públicas, y no faltarán quienes intenten obtener beneficios políticos en pleno proceso electoral.
La responsabilidad del gobierno consistirá en presentar cifras verificables y proyecciones actuariales, no amenazas ni generalidades. ¿Cuánto se destina actualmente a pensiones? ¿Cuánto se necesitará en cinco, diez y veinte años? ¿Qué porcentaje de los ingresos propios quedará comprometido? ¿Cuál será la aportación de los trabajadores y de las instituciones? Sin respuestas claras, cualquier reforma será vista como un intento por arrebatar derechos.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y MUNICIPIOS
Los organismos autónomos también llegarán con solicitudes de ampliación. El Impepac requerirá recursos extraordinarios para organizar las elecciones de 2027; la Fiscalía reclamará más dinero para enfrentar la carga de investigaciones; la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Información Pública y los tribunales expondrán sus necesidades operativas.
El riesgo será que las asignaciones se conviertan en instrumentos de control o negociación política. Los organismos deben justificar cada peso solicitado, pero el Ejecutivo y el Congreso tampoco pueden debilitarlos deliberadamente mediante presupuestos insuficientes. La autonomía constitucional resulta inútil cuando una institución depende de ampliaciones discrecionales para pagar nómina, servicios o actividades fundamentales.
Los municipios, por su parte, exigirán mayores participaciones y aportaciones. Sus presidentes municipales llegarán al Congreso con listas de obras, adeudos, laudos y compromisos de pensiones. Pero 2027 será año electoral y algunos alcaldes buscarán utilizar el gasto público para fortalecer candidaturas propias, partidistas o familiares. El reparto de recursos deberá vigilarse para evitar que los fondos de infraestructura y programas sociales se conviertan en instrumentos de promoción electoral.
EL CONGRESO ANTE SU PROPIA PRUEBA
La responsabilidad no recaerá exclusivamente en el Poder Ejecutivo. El Congreso tendrá que demostrar si es capaz de analizar el Paquete Económico con seriedad o si repetirá la práctica de aprobar miles de millones de pesos mediante negociaciones aceleradas, dictámenes poco conocidos y acuerdos construidos fuera del pleno.
Los diputados deberán comparar lo solicitado con los resultados obtenidos durante 2025 y 2026. Una dependencia que no ejerció sus recursos, incumplió metas o dejó obras inconclusas no debería recibir automáticamente un incremento. Antes de autorizar más dinero, será necesario evaluar avances físicos y financieros, contratos, padrones de beneficiarios, indicadores de desempeño y observaciones de auditoría.
También deberá transparentarse cualquier reasignación. Si el Congreso reduce recursos al Ejecutivo para aumentarlos a municipios, organismos autónomos o proyectos específicos, tendrá que explicar públicamente las razones. El presupuesto no puede ser una bolsa repartida mediante cuotas políticas, favores o intercambios legislativos.
La discusión ocurrirá, además, cuando la elección de 2027 se encuentre plenamente en marcha. Diputados, funcionarios, alcaldes y dirigentes partidistas estarán calculando candidaturas. Ese contexto puede contaminar las decisiones: asignaciones dirigidas a municipios electoralmente estratégicos, programas sociales con alto rendimiento político, obras seleccionadas por conveniencia y ampliaciones negociadas a cambio de respaldos.
El gobierno de Margarita González Saravia llegará así a su prueba más importante. Durante los primeros años pudo atribuir rezagos a la herencia recibida y argumentar que estaba reorganizando la administración. Para 2027 esa explicación tendrá menor fuerza. Ya será su presupuesto, elaborado por sus funcionarios, defendido por sus operadores y ejecutado bajo su responsabilidad.
La administración podrá hablar de austeridad, humanismo, bienestar y disciplina financiera. Sin embargo, las verdaderas prioridades aparecerán en los anexos, partidas y calendarios de gasto. Ahí sabremos si seguridad, salud, educación y obra pública son compromisos reales o solamente conceptos repetidos en los discursos.
El Presupuesto 2027 será el mapa político y moral del gobierno estatal. Mostrará a quién decide proteger, qué problemas considera urgentes y cuáles está dispuesto a seguir aplazando. También revelará si el Congreso ejerce su función de contrapeso o simplemente administra acuerdos. Por eso la batalla que se aproxima no será únicamente por 40 mil, 42 mil o más millones de pesos: será por definir quién pagará las crisis acumuladas de Morelos y quién obtendrá provecho de ellas en las urnas.
