Morelos, paraíso de extorsionadores: primer lugar nacional y 97% de los casos permanece oculto
Morelos enfrenta una epidemia de extorsiones cuya verdadera dimensión rebasa ampliamente las carpetas de investigación.
Durante los primeros cinco meses de 2026, la entidad ocupó el primer lugar nacional en extorsión presencial, con una tasa de 14.85 casos por cada 100 mil habitantes: más de cuatro veces el promedio del país. A ello se suma que las denuncias estatales aumentaron 61.5 por ciento durante el primer semestre del año, en comparación con los últimos seis meses de 2025. Y ésas son solamente las que llegaron ante alguna autoridad.
Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que el promedio diario de investigaciones por extorsión en Morelos pasó de 1.3 casos, entre julio y diciembre de 2025, a 2.1 entre enero y junio de 2026. El crecimiento resulta particularmente grave porque este delito se ha convertido en un mecanismo de control económico y territorial: no sólo busca arrebatar dinero, sino someter comercios, transportistas, productores, prestadores de servicios, mercados y pequeños empresarios bajo la amenaza permanente de sufrir ataques, incendios, secuestros o asesinatos.
La región oriente aparece como el principal foco rojo. De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, Cuautla y los municipios cercanos concentraron 72 por ciento de las denuncias presentadas durante la primera mitad de 2026. El dato coincide con los operativos realizados en Cuautla, Ayala y Yautepec contra células dedicadas al cobro de piso. Sin embargo, la extorsión no se limita a esa zona: las acciones oficiales también han alcanzado Cuernavaca, Jantetelco, Tlaltizapán, Xoxocotla y Zacatepec, lo cual confirma que el problema se ha extendido por buena parte del territorio morelense.
La Fiscalía estatal reportó que entre enero y junio fueron detenidas 134 personas presuntamente relacionadas con extorsiones y que 212 casos habrían sido resueltos favorablemente. El fiscal Fernando Blumenkron Escobar sostuvo que el aumento en las denuncias podría significar que las víctimas están perdiendo el miedo y comenzando a romper el silencio. Es una explicación posible, pero insuficiente: cuando Morelos ocupa el primer lugar nacional en extorsión presencial y las carpetas aumentan más de 60 por ciento, no puede descartarse que también esté creciendo la actividad criminal. Más denuncias pueden representar mayor confianza, pero igualmente pueden revelar una mayor cantidad de extorsiones.
El problema más inquietante está en todo aquello que nunca se denuncia. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, retomados en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, estiman que 97 por ciento de las extorsiones ocurridas en México durante 2024 quedó dentro de la cifra negra: la víctima no acudió ante la autoridad o, aun habiéndolo hecho, no se abrió una carpeta de investigación. Bajo esa proporción, las estadísticas oficiales apenas permiten mirar la punta de un enorme iceberg criminal.
Durante el primer semestre de 2026, la estrategia federal recibió seis mil 569 alertas por posibles extorsiones. De ellas, alrededor de mil 712 derivaron en expedientes y únicamente 770 llegaron a investigaciones ministeriales; 726 fueron clasificadas específicamente como extorsión. Además, hasta el 30 de junio se contabilizaron 244 mil 598 llamadas al 089 y 16 mil 835 al 088: 11.6 por ciento correspondió a extorsiones consumadas y 88.4 por ciento a intentos que no llegaron a concretarse. El volumen muestra la capacidad de los delincuentes para hostigar masivamente mediante llamadas, mensajes y amenazas, pero también evidencia cómo miles de reportes se van quedando en el camino antes de convertirse en investigaciones judiciales.
El Segundo Informe federal reportó mil 674 detenidos por este delito, pero no aclaró cuántas investigaciones terminaron en vinculaciones a proceso, sentencias condenatorias o reparación del daño. Ese mismo vacío debe corregirse en Morelos. No basta con anunciar detenidos, cateos y casos “resueltos”: es indispensable conocer cuántos presuntos extorsionadores llegaron ante un juez, cuántos permanecen en prisión, cuántos fueron sentenciados y cuántas víctimas recuperaron su patrimonio. Sin esa ruta completa, las cifras corren el riesgo de convertirse en simple propaganda operativa.
La extorsión prospera porque combina miedo, impunidad y desconfianza. La víctima sabe que denunciar puede exponerla, que los criminales conocen sus horarios, domicilios y negocios, y que en algunos municipios existe la sospecha de complicidades dentro de las propias corporaciones o administraciones locales. Por eso el 97 por ciento de cifra negra no es solamente un dato estadístico: representa el tamaño de la distancia entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de protegerla.
Morelos tiene frente a sí uno de sus mayores desafíos de seguridad. Mientras los comercios cierran, los transportistas modifican rutas, los productores pagan cuotas y las familias dejan de contestar números desconocidos, los extorsionadores continúan imponiendo su propio impuesto criminal. El estado aparece en primer lugar nacional con apenas una fracción de los casos denunciados; si se conociera la cifra real, la radiografía podría ser mucho más escalofriante.
