¿A QUIÉN LE ESTORBA EL PLAN CUAUTLA?
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 8 de septiembre de 2026
Algo está ocurriendo en Cuautla que merece observarse con mucha atención. Este lunes, un grupo de personas, algunas de ellas encapuchadas, salió a las calles para exigir la salida de los elementos federales desplegados como parte del llamado Plan Cuautla, bajo señalamientos de presuntos abusos, detenciones arbitrarias y otras irregularidades. Las denuncias deben investigarse y, si existen elementos para acreditar excesos, proceder contra los responsables. Pero la movilización inevitablemente deja una pregunta sobre la mesa: ¿a quién le estorba realmente la presencia federal en Cuautla?
La interrogante adquiere relevancia porque los elementos federales no llegaron a una ciudad en calma. Llegaron a una región castigada durante años por homicidios, extorsiones, cobro de piso y amenazas contra comerciantes. Familias enteras han cerrado negocios o abandonado la zona por miedo. Apenas este lunes, además, la violencia volvió a golpear a Cuautla con nuevos homicidios, entre ellos el del médico Clemente “N”, director del Centro de Salud de Moyotepec. Es decir, mientras algunos demandan que los federales se retiren, la delincuencia sigue demostrando que permanece ahí.
Esto no significa que toda persona que proteste contra un operativo de seguridad tenga vínculos o simpatías con grupos delincuenciales. Sería irresponsable afirmarlo sin pruebas. Los ciudadanos tienen derecho a denunciar abusos y las corporaciones federales están obligadas a respetar estrictamente la ley. Pero igualmente legítimo resulta preguntar qué ocurriría si el Estado retrocede. ¿Quién ocuparía el espacio que dejaran las fuerzas federales? ¿La policía municipal tiene capacidad suficiente? ¿La corporación estatal puede garantizar por sí sola la seguridad de comerciantes, transportistas, empresarios y familias?
El Plan Cuautla representa, además, una prueba política para los gobiernos estatal y federal. La administración de Margarita González Saravia solicitó y obtuvo respaldo de la Federación precisamente porque la crisis de seguridad en la región oriente había rebasado durante demasiado tiempo las respuestas convencionales. La participación de las instituciones federales implica que el problema dejó de considerarse exclusivamente municipal o estatal. Por eso cualquier denuncia seria contra sus integrantes debe atenderse, pero sin confundir la vigilancia sobre quienes vigilan con el desmantelamiento de la estrategia.
Hay otra cuestión que no debería perderse de vista. Cuando un operativo comienza a tocar intereses, detener personas, revisar actividades y alterar dinámicas que durante años pudieron desarrollarse con relativa tranquilidad, necesariamente aparecen resistencias. Algunas serán legítimas; otras podrían no serlo. Corresponde a las autoridades investigar y distinguir unas de otras. Lo que sería peligroso es que, ante cualquier presión, el gobierno decidiera bajar la intensidad del Plan Cuautla. La delincuencia organizada también mide al Estado: observa hasta dónde está dispuesto a llegar y cuánto necesita presionarlo para hacerlo retroceder.
Cuautla necesita policías que respeten derechos humanos, autoridades que rindan cuentas y mecanismos para denunciar cualquier abuso. Pero necesita, sobre todo, recuperar algo que perdió desde hace demasiado tiempo: el control efectivo del territorio por parte del Estado. Si existen malos elementos federales, que sean investigados y sancionados; si hubo detenciones ilegales, que intervengan las instituciones correspondientes. Pero retirar una estrategia de seguridad sin haber recuperado antes las calles podría significar devolverle espacios precisamente a quienes durante años sembraron miedo. Por eso la pregunta seguirá siendo pertinente: ¿a quién le estorba el Plan Cuautla… y por qué?
