AMILCINGO: UNA PROTESTA JUSTA NO JUSTIFICA PARALIZAR CUERNAVACA
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 10 de septiembre de 2026
Lo ocurrido este miércoles en el norte de Cuernavaca vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que llevamos demasiados años evitando: una causa puede ser legítima sin que necesariamente lo sean todos los métodos utilizados para defenderla. Estudiantes de la Normal Rural “Emiliano Zapata” de Amilcingo llegaron a la Paloma de la Paz y bloquearon uno de los principales accesos a la capital, provocando severas afectaciones a la circulación. Detrás existe un conflicto real: las alumnas respaldan la permanencia de la directora Cristina Quiroz y exigen la salida de docentes, mientras trabajadores académicos sostienen acusaciones contra la propia directora. Incluso autoridades estatales han abierto mesas de diálogo para buscar una salida. El problema existe y debe resolverse. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es que la presión política termine descargándose sobre ciudadanos completamente ajenos al pleito.
Porque cerrar la Paloma de la Paz no significa únicamente impedir el paso de automóviles. Significa afectar a trabajadores que tienen hora de entrada, estudiantes que deben llegar a sus escuelas, comerciantes, transportistas, familias y personas con citas médicas o compromisos impostergables. Además, bloquear ese punto neurálgico genera un efecto dominó sobre buena parte del norte de Cuernavaca. Y ahí está precisamente la contradicción: quienes reclaman que sus derechos sean escuchados terminan vulnerando los derechos de otros. La protesta social es indispensable en una democracia; muchas conquistas históricas no existirían sin ella. Pero cuando la estrategia consiste en convertir a miles de ciudadanos en rehenes circunstanciales para obligar a una autoridad a sentarse a negociar, algo se ha descompuesto.
También corresponde preguntar por qué estos conflictos tienen que crecer hasta llegar a las calles. Si las autoridades educativas y políticas conocen desde hace días las diferencias dentro de la Normal de Amilcingo, su obligación es intervenir antes de que el problema termine nuevamente trasladado a Cuernavaca. El gobierno estatal ha mantenido diálogo con las partes y eso debe reconocerse; incluso una comitiva de las normalistas fue recibida por autoridades. Ahora hace falta que ese diálogo produzca acuerdos. Ni criminalizar a las estudiantes ni acostumbrarnos a que bloquear carreteras, avenidas y ciudades sea el mecanismo ordinario para obtener atención. Amilcingo tiene derecho a ser escuchado; Cuernavaca también tiene derecho a circular. Y el gobierno tiene la obligación de garantizar ambas cosas.
