JUBILACIONES DORADAS: EL ATRACO QUE MORELOS CONVIRTIÓ EN DERECHO ADQUIRIDO

ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 10 de septiembre de 2026

Hay palabras que, de tanto utilizarlas, terminan perdiendo su verdadero significado. Una de ellas es jubilación. Jubilarse debería representar la culminación de una vida de trabajo, el reconocimiento a décadas de esfuerzo y la posibilidad de transitar la última etapa de la existencia con dignidad y seguridad económica. Pero en Morelos hemos conseguido pervertir hasta eso. Durante años, al amparo de la Ley del Servicio Civil, las relaciones políticas, los cargos públicos y una extraordinaria capacidad para brincar de puesto en puesto, algunos personajes lograron convertir la jubilación en otra cosa: un privilegio financiado de por vida por todos nosotros.

Y ahora comienzan a aparecer las facturas.

Este miércoles conocimos que el Congreso autorizó más de 185 millones de pesos en ampliaciones presupuestales extraordinarias para el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Electoral, IMPEPAC, Comisión de Derechos Humanos y Fiscalía General del Estado. El dato que debería encender todas las alarmas está en el Poder Judicial: de los 143 millones 609 mil pesos extraordinarios destinados al Tribunal Superior de Justicia, 114 millones 108 mil pesos serán utilizados directamente para jubilaciones ordinarias. Otros 19.5 millones corresponden a controversias constitucionales y 10 millones más irán a un fondo para sentencias firmes de amparo y controversias.

Es decir, mientras Morelos necesita policías, patrullas, medicamentos, carreteras, escuelas, agua potable, drenajes y obra pública, solamente las jubilaciones del TSJ obligan a encontrar 114 millones de pesos adicionales. No estamos hablando del presupuesto originalmente aprobado. Estamos hablando de dinero extraordinario que tuvo que buscarse durante el ejercicio para hacer frente a obligaciones que ya estaban tocando la puerta. ¿En qué momento permitimos que esto llegara tan lejos?

Porque aquí es necesario establecer una diferencia elemental. El problema no son los trabajadores que después de 25, 30 o 35 años de servicio obtienen legítimamente una pensión. Muchísimo menos quienes sobreviven con jubilaciones modestas después de haber entregado buena parte de su vida al servicio público. Meterlos en el mismo costal sería profundamente injusto. El problema son las jubilaciones doradas.

Esas que durante años fueron construyéndose mediante cargos públicos, nombramientos, cambios de adscripción, reconocimientos de antigüedad y conexiones políticas. Personajes que fueron saltando como chapulines de una administración a otra hasta alcanzar las condiciones necesarias para garantizarse un ingreso de decenas de miles de pesos mensuales durante el resto de sus vidas.

Conozco casos que provocan indignación.

Uno es el de un exconsejero electoral que consiguió jubilarse con alrededor de 65 mil pesos mensuales. Hoy disfruta tranquilamente de esa prestación mientras el erario deberá continuar pagándola mes tras mes y año tras año. Conozco también el caso de un exfuncionario del Poder Legislativo que tiene una jubilación relacionada con su paso por ese ámbito y, además, otra derivada de su trayectoria en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. No doy nombres porque mi propósito no es emprender una cacería personal. El problema no son solamente los nombres: es el sistema que permitió semejantes situaciones.

Y entonces volteo hacia el sector privado.

Conozco a una ingeniera química farmacobióloga que trabajó aproximadamente tres décadas en Laboratorios Baxter. Llegó a ocupar la Dirección de Control de Calidad, pero para hacerlo tuvo que estudiar, capacitarse permanentemente, cursar estudios de posgrado en Alemania y demostrar durante décadas su capacidad profesional. Después de semejante trayectoria consiguió percibir alrededor de 53 mil pesos mensuales y finalmente se jubiló conforme al régimen laboral y de seguridad social que le correspondía.

Comparemos.

Una mujer que tuvo que estudiar una carrera especializada, realizar estudios de posgrado, capacitarse en el extranjero, ascender profesionalmente y demostrar durante cerca de 30 años que podía asumir responsabilidades cada vez mayores frente a quienes encontraron en la administración pública una extraordinaria escalera: un cargo aquí, otro allá; tres años en un ayuntamiento, otros tantos en el Congreso, luego un organismo autónomo, después alguna dependencia y, finalmente, la jubilación.

No todos, desde luego. Sería absurdo e injusto generalizar. Existen servidores públicos ejemplares que han dedicado su vida al Estado y merecen hasta el último centavo de su pensión.

Pero también existe el otro Morelos.

El Morelos del compadrazgo, del oportunismo, de las relaciones políticas y del tráfico de influencias. El Morelos donde durante décadas se aprendió que permanecer cerca del poder podía resultar mucho más rentable que desarrollar una carrera profesional en la iniciativa privada. Y esa fiesta tiene una particularidad: la cuenta nunca la pagan quienes se beneficiaron de ella. La pagamos nosotros.

Cada jubilación desproporcionada constituye una obligación que puede prolongarse durante décadas. Y cuando el presupuesto ordinario ya no alcanza, aparecen las ampliaciones presupuestales. Ahí están los 114.1 millones de pesos extraordinarios para jubilaciones del Tribunal Superior de Justicia como una fotografía brutal del tamaño que ha alcanzado el problema. Por cierto, en eso contribuyó la mentada reforma judicial propugnada por López Obrador.

Por eso considero que la discusión impulsada por el gobierno de Margarita González Saravia sobre el sistema pensionario y las reformas constitucionales y legales relacionadas con esta materia no debe reducirse a la simplificación de que se pretende perjudicar a los trabajadores. Habrá que revisar cuidadosamente cada disposición —y estaremos atentos para señalar cualquier intento de cargar el costo sobre quienes menos ganan—, pero también debemos reconocer que el modelo que permitió fabricar jubilaciones privilegiadas necesita cambiar.

La reforma tendría sentido únicamente bajo una condición fundamental: cerrar la puerta a los privilegios sin castigar los derechos legítimamente adquiridos por los trabajadores.

Porque resultaría igualmente perverso corregir los excesos del pasado disminuyendo las posibilidades de retiro digno de una secretaria, un policía, una enfermera, un trabajador administrativo o cualquier servidor público que realmente haya laborado durante décadas. Si alguien abusó del sistema, la solución no puede consistir en mandar la factura al trabajador de abajo. Ahí está precisamente el enorme desafío.

Hay que revisar edades, antigüedades, compatibilidad de pensiones, reconocimiento de años de servicio, salarios utilizados como base para calcular jubilaciones y, especialmente, aquellos movimientos administrativos realizados durante los últimos años de servicio que puedan disparar artificialmente el monto pensionario. También debería existir absoluta transparencia: Morelos tendría que saber cuánto paga cada año en pensiones y jubilaciones, cuántas existen, cuáles son sus rangos y cuánto representan respecto del presupuesto estatal.

Sin nombres cuando la ley proteja datos personales, pero sin esconder las cifras.

Porque el problema ya dejó de ser moral para convertirse en presupuestal.

Cada peso destinado a cubrir un privilegio injustificable es un peso que deja de utilizarse para atender otra necesidad pública. Y cuando hablamos de decenas o cientos de millones de pesos, ya no estamos ante anécdotas de café ni frente al típico funcionario abusivo que consiguió acomodarse antes de abandonar el cargo. Estamos ante un problema estructural de las finanzas públicas de Morelos.

Lo ocurrido ahora con las ampliaciones presupuestales es apenas una advertencia.

No afirmo que cada una de las jubilaciones autorizadas sea irregular. Tampoco que quienes reciben esos recursos hayan cometido delito alguno. Una cosa es que una prestación resulte legal y otra muy distinta que, vista desde la realidad económica y social de Morelos, resulte razonable, proporcional o justa.

Ahí está precisamente la perversión más profunda del sistema: muchos privilegios pueden ser perfectamente legales.

Durante décadas construimos normas que permitieron transformar relaciones políticas, permanencia burocrática y cargos públicos en derechos económicos vitalicios. Una vez concedidos, el Estado queda obligado a pagarlos. Y cuando llega la sentencia, el amparo o la controversia constitucional, desaparece incluso la posibilidad de discutir si existe dinero: hay que cumplir.

Por eso lo que acabamos de observar con el Poder Judicial merece seguimiento puntual. Ciento catorce millones de pesos extraordinarios para jubilaciones no pueden pasar como una simple modificación presupuestal. Tenemos derecho a conocer qué originó semejante presión financiera, cómo se calcularon esas prestaciones y qué mecanismos existen para impedir que el fenómeno continúe reproduciéndose.

Porque si después de revisar cada expediente encontramos que todo fue perfectamente legal, quizá llegaremos a una conclusión todavía más preocupante:

el problema no fueron únicamente quienes aprovecharon el sistema.

El problema fue haber construido un sistema que permitió aprovecharse de él.

Y entonces sí estaremos frente a lo que considero uno de los mayores abusos institucionalizados contra las finanzas públicas de Morelos: mientras miles de trabajadores cuentan los pesos de una pensión modesta después de una vida completa de esfuerzo, otros consiguieron convertir su paso por el poder público en una especie de beca vitalicia.

Eso es precisamente lo que debe terminar.

Ya veremos hasta dónde llega la reforma y, sobre todo, a quién se atreve a tocar. Porque acabar con las jubilaciones doradas será relativamente fácil en el discurso. Lo verdaderamente difícil será hacerlo cuando los beneficiarios, presentes y futuros, tengan apellidos, relaciones políticas y amigos en los lugares donde se toman las decisiones.