MORELOS DESTINA 185 MILLONES EXTRA A ÓRGANOS PÚBLICOS; JUBILACIONES Y SENTENCIAS ABSORBEN BUENA PARTE DE LA BOLSA
LA CRÓNICA DE MORELOS
Jueves 10 de septiembre de 2026
Por Guillermo Cinta Flores
Más de 185 millones de pesos en ampliaciones presupuestales extraordinarias fueron autorizados para seis instituciones públicas de Morelos, pero una parte sustancial de esos recursos no se traducirá en nuevas obras, contratación de personal, fortalecimiento de la procuración de justicia o ampliación de servicios a la ciudadanía: deberá utilizarse para cubrir jubilaciones, pensiones, controversias constitucionales, sentencias y otras obligaciones acumuladas. El caso más significativo es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que recibirá 143 millones 609 mil 416.77 pesos, de los cuales 114 millones 108 mil 171.19 pesos están etiquetados directamente para jubilaciones.
La ampliación concedida al Poder Judicial concentra, por sí sola, alrededor del 78 por ciento de toda la bolsa extraordinaria. De sus 143.6 millones, además de los 114.1 millones para jubilaciones ordinarias, 19 millones 501 mil 245.58 pesos serán destinados al cumplimiento de controversias constitucionales conforme a acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras otros 10 millones de pesos integrarán un fondo para atender sentencias firmes de amparo y controversias constitucionales. Es decir, prácticamente la totalidad del recurso extraordinario solicitado por el TSJ está comprometido de antemano para obligaciones ya generadas.
El dato adquiere mayor dimensión si se considera que solo los 114.1 millones destinados expresamente a jubilaciones del Poder Judicial representan aproximadamente 61.6 por ciento de los más de 185 millones de pesos de ampliaciones extraordinarias. De acuerdo con la información que sustenta la autorización presupuestal, detrás de este gasto se encuentran decenas de jubilaciones de jueces, magistrados y servidores públicos judiciales, algunas de ellas con montos acumulados particularmente elevados.
El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) también recibió recursos extraordinarios para hacer frente a obligaciones financieras. En la documentación aparecen 1 millón 309 mil 679.72 pesos destinados al cumplimiento de tres controversias constitucionales, además de 3 millones de pesos para cubrir el adeudo de una pensión jubilatoria correspondiente a un juicio de amparo. Los recursos restantes deberán dirigirse a un fondo para atender sentencias firmes de amparo y controversias que pudieran generarse posteriormente.
El IMPEPAC, en cambio, presenta una composición distinta. De una bolsa de aproximadamente 26.4 millones de pesos, 15 millones 900 mil pesos tienen como destino el apoyo extraordinario para la organización del proceso electoral de 2027. Otros 10 millones 546 mil 498.71 pesos corresponden a obligaciones relacionadas con controversias constitucionales. Esto significa que, en el caso del organismo electoral, una parte mayoritaria de la ampliación sí está directamente vinculada con las tareas que deberá desarrollar rumbo a los comicios del próximo año.
La Fiscalía General del Estado recibirá, por su parte, una ampliación de 5 millones 348 mil 123.77 pesos, pero los documentos establecen que esos recursos están destinados al cumplimiento de obligaciones derivadas de ocho controversias constitucionales, y no directamente al fortalecimiento de las áreas de investigación criminal, contratación de agentes del Ministerio Público, peritos o policías de investigación. Una sola de esas obligaciones alcanza los 2 millones 133 mil 339.40 pesos.
El paquete incluye además ampliaciones para el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, completando una bolsa superior a los 185 millones de pesos. En estos organismos, parte de los recursos extraordinarios tiene destinos operativos y materiales, por lo que no toda la ampliación aprobada puede colocarse bajo la misma categoría de jubilaciones, pensiones o resoluciones judiciales.
El fondo del problema, sin embargo, rebasa a los organismos beneficiados. Las ampliaciones muestran el creciente peso que jubilaciones, pensiones y resoluciones judiciales firmes están ejerciendo sobre las finanzas públicas de Morelos. Son obligaciones que legalmente deben cumplirse y que, cuando no encuentran suficiencia en los presupuestos ordinarios, terminan regresando al erario mediante ampliaciones multimillonarias.
La situación adquiere especial relevancia en momentos en que el gobierno de Margarita González Saravia impulsa la discusión sobre la creación de un Instituto de Pensiones, bajo el argumento de buscar una solución estructural a la creciente presión que representan las obligaciones pensionarias. El contraste es inevitable: mientras se debate una reforma que tendrá consecuencias para trabajadores en activo y futuros jubilados, el Estado debe encontrar hoy decenas de millones de pesos adicionales para cubrir compromisos pensionarios y judiciales ya adquiridos.
Los 185 millones de pesos extraordinarios, por tanto, cuentan una historia que va mucho más allá de una simple transferencia presupuestal. Revelan cuánto está costando al erario atender compromisos acumulados y, sobre todo, plantean una discusión que Morelos difícilmente podrá seguir aplazando: quién paga, cuánto cuesta y hasta dónde pueden sostener las finanzas públicas un sistema de jubilaciones, pensiones y obligaciones judiciales que cada año reclama mayores cantidades de dinero público.
