UAEM no advirtió a estudiantes extranjeras sobre el contexto de inseguridad en ciertas zonas de Morelos, verbigracia Cuautla
El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera abrió una pregunta que hasta ahora había permanecido prácticamente fuera de la discusión: ¿qué información específica sobre seguridad proporcionaba la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a los estudiantes extranjeros que llegaban a la entidad mediante programas de movilidad? La Universidad de Granada ha señalado que desconocía los asesinatos anteriores de alumnas vinculadas con la UAEM y que la institución morelense tampoco le había comunicado esos casos.
No existe evidencia pública localizada hasta ahora de que la UAEM hubiera establecido para sus estudiantes internacionales un mecanismo equivalente a una alerta de viaje o evaluación periódica de riesgos por municipio, semejante —guardando las diferencias institucionales— a los avisos que utilizan gobiernos, como el Departamento de Estado estadounidense, para advertir sobre condiciones particulares de seguridad en determinados destinos. Una orientación universitaria de movilidad responsable podría informar sobre zonas, horarios, transportes y desplazamientos que requieren mayores precauciones, sin pretender que la Universidad sustituya las responsabilidades de las autoridades de seguridad pública.
La Universidad de Granada ha explicado que proporciona preparación previa a los alumnos que viajan fuera de Europa, les advierte sobre las diferencias de seguridad existentes en determinados destinos y les solicita registrarse como viajeros ante las autoridades españolas. Sin embargo, después del asesinato de Claudia reconoció que no conocía los feminicidios anteriores relacionados con estudiantes de la UAEM. Tras el crimen suspendió nuevas estancias en Morelos, mientras otras instituciones españolas comenzaron a revisar sus protocolos y programas de movilidad.
El cuestionamiento, por tanto, no consiste en atribuir a la UAEM responsabilidad penal por un crimen cometido fuera de una actividad universitaria —Claudia acudió por cuenta propia al evento celebrado en Cuautla—, sino en determinar qué deber de información y prevención acompañaba al programa de intercambio. ¿Quién recibió a Claudia?, ¿qué inducción de seguridad obtuvo?, ¿se le explicó el contexto que atravesaba Morelos?, ¿existían recomendaciones específicas para desplazarse fuera de su campus?, ¿se notificaron a las universidades extranjeras los asesinatos anteriores de estudiantes? Son preguntas que deberían responder las áreas encargadas de internacionalización, movilidad y seguridad universitaria.
La discusión adquiere mayor peso porque Claudia llegó a Morelos el 17 de agosto y fue asesinada menos de un mes después, el 12 de septiembre. Tras el crimen, la Universidad de Granada suspendió las nuevas estancias previstas y abrió una revisión sobre la continuidad de la relación académica. Lo sucedido demuestra que la seguridad del destino también forma parte de las condiciones que una universidad extranjera necesita conocer antes de enviar a sus estudiantes.
La responsabilidad institucional de explicar qué protocolos existían alcanza a los funcionarios universitarios encargados de recibir y acompañar al alumnado extranjero y, finalmente, a la administración encabezada por la rectora Viridiana León Hernández. Esto no significa afirmar que una alerta hubiera evitado el feminicidio —no existe manera de demostrarlo—, sino determinar si la UAEM proporcionó toda la información razonablemente disponible para que Claudia y otros estudiantes extranjeros pudieran valorar los riesgos existentes durante su estancia en Morelos y sus desplazamientos por la entidad.
El caso debería conducir ahora a una revisión de fondo. La UAEM podría establecer mapas actualizados de riesgo, recomendaciones por municipio, teléfonos y canales permanentes de emergencia, protocolos para desplazamientos, mecanismos de acompañamiento y alertas extraordinarias cuando se modifiquen las condiciones de seguridad. Claudia no puede volver; pero su asesinato obliga a preguntarse qué debe cambiar para que ningún estudiante procedente de otro país llegue a Morelos sin información suficiente sobre las condiciones del lugar donde desarrollará su estancia académica.
