La seguridad para la Casa de la Cultura fue solicitada y no llegó: deben sancionar la grave omisión en Cuautla
El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera sigue abriendo capítulos que obligan a mirar más allá de la responsabilidad atribuida al hombre detenido por el crimen. Ahora surge una pregunta que las autoridades municipales de Cuautla están obligadas a responder: ¿quién recibió la petición expresa de vigilancia para la Casa de la Cultura y por qué la seguridad solicitada nunca llegó? Si la investigación confirma la omisión documentada, no puede quedar reducida a un simple “error administrativo”: deberán establecerse responsabilidades y aplicarse las sanciones correspondientes.
La información publicada por Diario de Morelos revela la existencia del oficio RSPMIEGS/348/2026, recibido el 7 de septiembre, cinco días antes del asesinato. En ese documento, la regidora Sandra Lucía Balón Narciso solicitó al encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Cuautla, Emmanuel Nieto Sotelo, vigilancia durante las 24 horas en las sedes de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. La petición fue todavía más específica respecto de la Casa de la Cultura: se pidió una patrulla permanente durante el turno nocturno para proteger a visitantes, participantes, expositores, organizadores y trabajadores.
Ese documento resulta especialmente relevante porque elimina cualquier argumento de desconocimiento sobre la necesidad de proteger el inmueble. La solicitud existió, fue presentada formalmente y tiene sello de recibido. Además, la Casa de la Cultura había sido incorporada expresamente después de modificarse la logística original del encuentro. De acuerdo con la información publicada, pese a ello no se desplegaron la vigilancia y los patrullajes preventivos requeridos para ese lugar.
Esto obliga a reconstruir la cadena administrativa y de mando. ¿Quién recibió el oficio? ¿A quién fue turnado? ¿Quién tenía la obligación de ordenar el despliegue? ¿Hubo alguna instrucción que después fue incumplida? ¿Existían elementos disponibles? ¿Quién decidió las asignaciones policiales durante las noches del evento? Las respuestas deben surgir de documentos, bitácoras, partes de servicio, comunicaciones internas y declaraciones de los funcionarios involucrados. No basta con repartir culpas verbalmente después de la tragedia.
También debe establecerse con precisión hasta dónde llega la responsabilidad administrativa y, en su caso, si existen elementos para alguna responsabilidad de otra naturaleza. Una cosa es la responsabilidad penal que se atribuye al presunto feminicida y otra, distinta, las posibles responsabilidades de servidores públicos por actos u omisiones. Ambas investigaciones pueden y deben avanzar por sus propios cauces, sin confundirlas y sin permitir que una haga desaparecer a la otra.
La gravedad aumenta porque la petición no consistía en una recomendación vaga. Se solicitaba protección precisamente para “salvaguardar la integridad y seguridad” de quienes participarían en la celebración. Cinco días después, la joven estudiante española de 21 años fue atacada fatalmente en el entorno de ese mismo recinto. Nadie puede asegurar responsablemente que una patrulla hubiera impedido el crimen; lo que sí puede establecerse es si una medida preventiva formalmente solicitada fue ignorada y quién tomó —o dejó de tomar— las decisiones correspondientes.
Por ello, el Ayuntamiento de Cuautla debe transparentar íntegramente la ruta seguida por el oficio y los operativos de seguridad dispuestos entre el 11 y el 14 de septiembre. No sería aceptable que el documento termine perdido entre escritorios, explicaciones burocráticas y deslindes internos. Si hubo negligencia, incumplimiento de funciones u omisiones sancionables, quienes resulten responsables deben enfrentar las consecuencias previstas por la ley.
La detención de Francisco Javier “N”, señalado como probable responsable del feminicidio, representa un avance fundamental en la investigación del asesinato de Claudia. Pero esclarecer quién cometió el crimen no agota las preguntas institucionales que dejó aquella noche. También corresponde determinar por qué un recinto para el cual había sido solicitada protección policial permaneció, según la documentación conocida, sin el resguardo requerido.
Claudia merece justicia completa. Y eso significa investigar al presunto autor material, pero también revisar con absoluta seriedad las actuaciones y omisiones institucionales alrededor de los hechos. En Cuautla hubo una petición escrita de seguridad. La autoridad conocía la solicitud. La vigilancia requerida no llegó. Ahora corresponde saber quién falló y, si jurídicamente procede, sancionarlo.
