Blanca Cruz llega al interinato en la presidencia del INE con sombra de contratos millonarios: autorizó 129.7 mdp a empresa bajo sospecha

La crisis de credibilidad que sacudió al Instituto Nacional Electoral (INE) y precipitó la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala amenaza con extenderse a su sucesora provisional. Blanca Yassahara Cruz García, designada este martes 27 de octubre para encabezar temporalmente el organismo, autorizó durante su gestión en Puebla un contrato por 129.7 millones de pesos a una empresa que posteriormente fue señalada por presuntas irregularidades en operaciones con el propio INE.

El antecedente adquiere especial relevancia porque la nueva responsable del árbitro electoral nacional llega al cargo precisamente cuando las contrataciones millonarias, los posibles conflictos de interés y el manejo de recursos públicos se encuentran en el centro de las investigaciones que rodean a la administración saliente.

De acuerdo con una investigación publicada por el periodista Ricardo Juárez en el medio poblano La Redacción, el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla contrató en marzo de 2024 a Comercializadora JVLY S.A. de C.V. para suministrar materiales destinados a las elecciones de aquel año, cuando se renovó la gubernatura que finalmente ganó Alejandro Armenta Mier.

El contrato ascendió exactamente a 129 millones 700 mil 584 pesos, con una vigencia del 3 de marzo al 15 de abril de 2024. La operación fue avalada por Blanca Yassahara Cruz García, quien entonces presidía el organismo electoral poblano.

Entre los productos contratados figuraban urnas, mamparas, cajas, sobres, etiquetas y otros materiales electorales, además de insumos destinados a simulacros y capacitación de los funcionarios de casilla.

Hasta ahí podría tratarse de una operación ordinaria dentro de la organización de los comicios. Sin embargo, el problema radica en los antecedentes posteriores de la empresa beneficiada.

Comercializadora JVLY aparece en señalamientos derivados de revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre contrataciones realizadas por el INE durante la administración de Guadalupe Taddei.

Según la investigación periodística, las observaciones federales apuntan a un probable daño patrimonial superior a 63.2 millones de pesos, relacionado con pagos por producción e impresión de documentación y materiales electorales cuya entrega o prestación no habría quedado suficientemente acreditada mediante los comprobantes correspondientes.

El mismo reporte identifica vínculos entre Comercializadora JVLY y Formas Finas y Materiales, empresas que comparten como representante legal a Jesús Alberto Juárez Calvo y que aparecen mencionadas en los cuestionamientos sobre las contrataciones del organismo nacional.

Conviene establecer una diferencia fundamental: las observaciones de la ASF corresponden a operaciones del INE y no demuestran, por sí mismas, que el contrato autorizado en Puebla haya sido irregular. Tampoco existe, en la información examinada, una resolución que establezca responsabilidad administrativa o penal de Blanca Cruz por aquella contratación.

Sin embargo, el antecedente plantea interrogantes legítimas sobre los mecanismos de selección de proveedores, las condiciones bajo las cuales se adjudicó el contrato poblano y la documentación que acredita el cumplimiento de las obligaciones de la empresa.

El asunto cobra mayor importancia por el momento político e institucional que atraviesa el INE.

Guadalupe Taddei presentó su renuncia el lunes 26 de octubre, antes de concluir el periodo para el cual había sido designada, en medio de una creciente controversia por presuntas irregularidades en contrataciones y relaciones con proveedores del organismo.

Su salida abrió una etapa de transición que debería contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la recuperación de la confianza ciudadana en la autoridad responsable de organizar las elecciones federales.

No obstante, el nombramiento provisional de Blanca Cruz introduce un nuevo elemento de discusión: la funcionaria que deberá contribuir a restablecer la credibilidad institucional también tiene antecedentes administrativos que merecen ser revisados con transparencia.

A ello se suman otros señalamientos difundidos en medios poblanos sobre su gestión al frente del IEE, entre ellos observaciones financieras por 138.2 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública de 2024 y controversias relacionadas con la distribución de votos durante aquellas elecciones. Estas acusaciones tampoco equivalen a responsabilidades individuales acreditadas.

Blanca Cruz había llegado al Consejo General del INE en abril de 2026, después de concluir anticipadamente su encargo en el instituto electoral poblano. Ahora asume temporalmente la conducción nacional mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para elegir a la persona que ocupará definitivamente la presidencia.

El relevo ocurre en vísperas de las elecciones de 2027, cuando el INE tendrá que garantizar condiciones de certeza, imparcialidad y transparencia en uno de los procesos electorales más importantes del país.

Por ello, el desafío para la nueva presidenta provisional no consiste solamente en mantener funcionando al instituto, sino también en explicar las decisiones administrativas adoptadas durante su trayectoria y demostrar que las contrataciones electorales estuvieron sujetas a controles efectivos.

La pregunta es inevitable: ¿qué criterios se utilizaron para otorgar en Puebla un contrato de casi 130 millones de pesos a una compañía que después aparecería involucrada en observaciones federales por operaciones con el INE?

Mientras esa pregunta no tenga una respuesta documental clara, el antecedente seguirá alimentando los cuestionamientos sobre la conducción del árbitro electoral.

Porque el INE necesita mucho más que un cambio de presidenta. Necesita esclarecer el destino de los recursos públicos, revisar sus relaciones con proveedores y recuperar una confianza ciudadana que no puede depender únicamente de los nombres de quienes ocupan su Consejo General.

Y esa exigencia también alcanza a quien acaba de recibir la responsabilidad de conducirlo provisionalmente.