“PORQUE ME AGRAVIÓ”: LA VIEJA CULTURA DE MATAR POR UNA OFENSA EN MORELOS

De los agravios personales y las venganzas de pueblo a los homicidios actuales, Morelos arrastra una peligrosa tradición de violencia que las armas, el alcohol, la impunidad y el crimen organizado han vuelto todavía más destructiva.

Por Guillermo Cinta Flores

Hace casi medio siglo, entre 1976 y 1977, un jefe policiaco de Morelos me llamó a su oficina para decirme que tenía algo interesante para publicar. Me condujo hasta los separos, donde permanecía detenido un hombre de edad avanzada, acusado de haber cometido un asesinato. El jefe policiaco se acercó al individuo y le preguntó, sin mayores rodeos: “Entonces, ¿por qué lo mataste?”. La respuesta fue tan breve como escalofriante: “Porque me agravió”. No hubo una explicación elaborada, ni arrepentimiento manifiesto, ni siquiera la necesidad de justificar semejante barbaridad. Para aquel hombre, haber recibido una ofensa constituía razón suficiente para quitarle la vida a otro ser humano. Aquella escena se me quedó grabada porque resumía una mentalidad que, lamentablemente, todavía no desaparece de numerosas comunidades morelenses: la creencia de que el honor, el orgullo y la reputación personal pueden defenderse mediante la violencia, incluso con la muerte.

Siempre he relacionado aquel episodio con una escena del viejo cine mexicano (México, México, ra ra ra) en la que aparecen Héctor Suárez y Ernesto Gómez Cruz. En medio de un altercado automovilístico, uno de los personajes desciende de su vehículo y le mienta la madre al otro. La reacción es brutal: el hombre ofendido saca una pistola, descarga sus balas y exclama algo que retrata una concepción profundamente arraigada del machismo mexicano: “¡Con mi mamacita no te metes, cabrón! ¡A mi madrecita me la respetas!”. Después sube tranquilamente a su automóvil y se retira. Más allá del tratamiento cinematográfico, aquella escena expone una deformación cultural que ha costado innumerables vidas: la incapacidad de distinguir entre una ofensa verbal y una agresión que justifique recurrir a la fuerza. En esa lógica, una mentada de madre puede merecer una sentencia de muerte, pronunciada y ejecutada por el propio agraviado.

Quienes hemos recorrido Morelos durante décadas sabemos que esa forma de entender los conflictos no pertenece exclusivamente al pasado. En distintas comunidades de las regiones oriente, sur y centro del estado han persistido rivalidades familiares, disputas por tierras, conflictos vecinales, venganzas personales y enfrentamientos derivados de agravios que se transmiten de una generación a otra. Sería injusto atribuir semejantes conductas a todos los habitantes de esos pueblos, donde también existe una extraordinaria tradición de trabajo, solidaridad y organización comunitaria. Sin embargo, tampoco podemos cerrar los ojos ante una cultura de resolución violenta de conflictos que encuentra terreno fértil donde prevalecen las armas, la intolerancia y la ausencia de instituciones confiables. El consumo excesivo de alcohol puede convertirse en un poderoso detonante, particularmente durante celebraciones, bailes, reuniones y fines de semana, cuando una discusión aparentemente insignificante termina convertida en tragedia. El problema no es solamente que alguien beba demasiado, sino que, intoxicado y armado, considere intolerable cualquier desafío a su supuesta autoridad.

Los datos disponibles permiten dimensionar algunos componentes de este fenómeno. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2025, elaborada por el INEGI, encontró que 69.5 por ciento de la población adulta de Morelos identificaba el consumo de alcohol en la calle entre las conductas antisociales presentes alrededor de su vivienda, mientras que 61.7 por ciento señalaba disparos frecuentes. Por otra parte, cifras difundidas en octubre de 2026 colocaron a Morelos en el quinto lugar nacional de consumo de alcohol durante los doce meses anteriores, con 52.6 por ciento de la población de diez años o más, frente al 48.2 por ciento nacional. El consumo excesivo alcanzó 35.9 por ciento. Estas cifras no demuestran, por sí solas, que el alcohol explique los homicidios, pero sí revelan un contexto preocupante. Cuando coinciden la disponibilidad de armas, la intoxicación, los resentimientos personales y la débil capacidad de intervención de las autoridades, los riesgos se multiplican.

Hay un episodio histórico que merece recordarse para comprender hasta dónde puede llegar la violencia cuando una comunidad decide sustituir a la justicia. En octubre de 1974, en Temoac, entonces perteneciente al municipio de Zacualpan de Amilpas, cuatro hombres fueron linchados y quemados vivos después de ser encerrados en instalaciones de la autoridad local. Los documentos de la antigua Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, conservados en los archivos de la represión, identifican a dos agentes judiciales, un pasante de Derecho y un acompañante entre las víctimas. Otras crónicas de la época describieron a tres elementos vinculados con la Policía Judicial y un estudiante de Derecho. El episodio estuvo relacionado con acusaciones de extorsión contra un curandero apreciado por los habitantes. La multitud decidió hacer justicia por propia mano, en uno de los acontecimientos más atroces registrados en la historia contemporánea de Morelos. Aquello no fue justicia popular: fue una ejecución colectiva. Y también fue la expresión de una profunda desconfianza hacia las autoridades encargadas precisamente de procurar justicia.

Lo verdaderamente inquietante es que Temoac volvió a ocupar los titulares nacionales durante 2026, aunque bajo circunstancias diferentes. El 22 de julio fue asesinado el presidente municipal Valentín Lavín Romero, quien ya había sobrevivido a un atentado en enero. Días después se conoció que dos funcionarios municipales enfrentaban acusaciones relacionadas con una presunta red de extorsión. El municipio, además, había sido escenario de detenciones vinculadas con estructuras criminales regionales. No se trata de afirmar que la violencia de 1974 sea idéntica a la de 2026. Sería una simplificación histórica. Pero ambos momentos exhiben una constante particularmente dañina: cuando la autoridad pierde legitimidad, cuando la legalidad se debilita y cuando los grupos armados adquieren capacidad de intimidación, la violencia termina convirtiéndose en un instrumento de poder. Las consecuencias recaen sobre poblaciones enteras que merecen vivir sin miedo y que, demasiadas veces, quedan atrapadas entre delincuentes, venganzas y autoridades insuficientes.

Las estadísticas más recientes muestran que el problema rebasa ampliamente los conflictos personales. Durante septiembre de 2026, Morelos registró un promedio de 1.8 homicidios dolosos diarios, frente a los 4.3 de noviembre de 2024, según el balance presentado el 22 de octubre por la Mesa Estatal de Seguridad. La disminución de 58 por ciento constituye un avance que debe reconocerse, pero también significa que continúan perdiéndose vidas violentamente prácticamente todos los días. En Cuautla, los registros oficiales acumulados durante los doce meses terminados en septiembre contabilizaban 92 carpetas por homicidio doloso, con una tasa de 47.2 por cada cien mil habitantes, superior a la estatal de 41.2. Además, durante 2026 los municipios de Emiliano Zapata, Temixco, Yautepec, Cuautla, Jiutepec y Cuernavaca figuraron entre las demarcaciones de más de cien mil habitantes con indicadores preocupantes de violencia homicida. La criminalidad organizada explica parte de este panorama, pero sería un error suponer que toda muerte violenta responde a disputas entre delincuentes. También existen asesinatos derivados de riñas, resentimientos, violencia familiar y conflictos interpersonales, aunque no contamos con una estadística pública suficientemente desagregada para establecer su verdadero peso en Morelos.

Por eso considero indispensable que la estrategia de seguridad encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia, además de combatir a las organizaciones criminales, incorpore una política mucho más profunda de prevención social de la violencia. No basta con aumentar patrullajes, instalar cámaras o anunciar detenciones. Es necesario intervenir sobre las condiciones que permiten que una ofensa termine en homicidio: combatir la portación ilegal de armas, vigilar efectivamente su presencia en establecimientos y celebraciones, prevenir el consumo abusivo de alcohol, fortalecer los mecanismos comunitarios de mediación, recuperar la confianza en ministerios públicos y policías y enseñar desde las escuelas que ninguna provocación verbal concede derecho a matar. Particular atención requieren las comunidades donde las disputas agrarias, familiares y políticas se prolongan durante años, alimentando resentimientos que pueden desembocar en tragedias. La prevención debe realizarse con respeto a sus habitantes y sin convertir a pueblos enteros en sospechosos por su historia o ubicación geográfica.

Vuelvo, finalmente, a aquel detenido que conocí hace casi cincuenta años. No recuerdo su nombre, pero jamás olvidaré sus palabras: “Porque me agravió”. Durante más de cinco décadas de ejercicio periodístico en Morelos he visto cambiar gobernadores, corporaciones policiacas, instituciones de justicia, modalidades delictivas y hasta los instrumentos empleados para matar. Lo que todavía necesitamos transformar es esa vieja concepción según la cual el agravio debe lavarse con sangre. Antes se hablaba del honor, de la hombría o del respeto a la familia; hoy, en determinados ambientes, se habla de prestigio, control territorial o simplemente de no dejarse de nadie. Cambian las palabras, pero permanece la peligrosa pretensión de imponer la voluntad mediante la fuerza. El verdadero progreso de Morelos no se medirá solamente por la reducción de homicidios en los informes oficiales, sino por nuestra capacidad colectiva para conseguir que ningún hombre vuelva a considerar razonable matar a otro simplemente porque se sintió agraviado.