Sheinbaum y el caso Taddei: el arte de convertir un escándalo propio en una ofensiva contra el pasado

Hay una habilidad política que no puede negársele a Claudia Sheinbaum Pardo: su capacidad para cambiar el terreno de una confrontación cuando las circunstancias amenazan con colocarla a la defensiva. 

Por Guillermo Cinta Flores

Lo estamos observando en el escándalo que provocó la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Lo que comenzó como una crisis de presunta corrupción, conflictos de interés y contrataciones millonarias relacionadas con la gestión de una funcionaria políticamente asociada a la Cuarta Transformación está convirtiéndose, desde las conferencias mañaneras, en un juicio público contra los antiguos responsables del aparato electoral mexicano. No es poca cosa. Estamos frente a una operación de reposicionamiento político cuyo alcance probablemente todavía no hemos terminado de dimensionar.

La presidenta entendió que el asunto Taddei representaba mucho más que el desgaste personal de una funcionaria. También amenazaba con convertirse en un argumento formidable para quienes cuestionan el discurso anticorrupción de Morena. Después de tantos años de proclamar una supuesta superioridad moral frente a los gobiernos anteriores, resultaba políticamente devastador que una red de negocios presuntamente irregulares apareciera enquistada precisamente en la institución responsable de organizar las elecciones. Y, peor todavía, que las investigaciones periodísticas apuntaran hacia personas y empresas favorecidas mediante contrataciones realizadas durante la administración de Guadalupe Taddei. La contradicción era demasiado grande para dejarla crecer sin una respuesta contundente.

Pero Sheinbaum no optó simplemente por defender a la expresidenta del INE. Su estrategia pública ha sido bastante más elaborada: reconocer que existen señalamientos graves, aceptar que deben investigarse y, simultáneamente, ampliar el horizonte de las pesquisas hacia las administraciones anteriores. La jugada tiene una lógica impecable desde el punto de vista político. Si el problema nació décadas atrás, entonces Taddei deja de ser el centro exclusivo de la controversia y pasa a formar parte de una estructura histórica que atravesó distintos gobiernos, partidos y autoridades electorales. El escándalo ya no pertenece únicamente al presente: también se convierte en una herencia del pasado.

La intervención de Raquel Buenrostro, este jueves 5 de noviembre, le dio a esa estrategia una fuerza que hasta ahora no tenía. La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno presentó una reconstrucción de los negocios relacionados con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyos antecedentes en la administración pública se remontan a los años ochenta. Según la exposición gubernamental, empresas vinculadas con ambos obtuvieron alrededor de 2 mil 740 millones de pesos en contratos de organismos electorales locales entre 2015 y 2025. De ese monto, aproximadamente 2 mil 94 millones corresponden al periodo 2015-2023 y otros 646 millones a 2024 y 2025. Las cifras son suficientemente importantes para exigir investigaciones exhaustivas, aunque debe subrayarse que los contratos identificados no constituyen, por sí solos, prueba de que todo ese dinero haya sido desviado.

Buenrostro también describió presuntos mecanismos de simulación de competencia, relaciones empresariales y familiares, intermediación y dispersión de recursos. Es decir, no se limitó a presentar una sucesión de cantidades millonarias, sino que expuso elementos para explicar cómo pudo mantenerse durante tantos años una estructura de proveedores privilegiados. Ese es el golpe verdaderamente importante contra quienes estuvieron al frente del sistema electoral antes de Taddei, particularmente durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre acreditar la existencia de contratos cuestionables y demostrar responsabilidades personales por corrupción. Esa segunda tarea corresponde a las investigaciones y, en su caso, a las autoridades judiciales.

Ahora bien, sería ingenuo pensar que semejante despliegue informativo carece de cálculo político. La presidenta enfrenta una coyuntura especialmente delicada. Morena se aproxima a las elecciones de 2027, cuando estarán en disputa numerosos cargos de representación popular y una parte sustancial de su capacidad de control territorial. Sheinbaum necesita conservar autoridad sobre su partido, evitar fracturas entre sus grupos internos y mantener suficiente capacidad de negociación para influir en las futuras candidaturas. Un escándalo prolongado alrededor del INE, asociado con el partido gobernante, podría restarle fuerza precisamente cuando más necesita ejercerla.

Hay otro elemento que merece atención: la relación de la presidenta con los sectores más duros del obradorismo. En Morena subsisten corrientes políticas cuya legitimidad descansa, en buena medida, en la confrontación con las instituciones y los personajes del pasado. Dirigir los reflectores hacia antiguos funcionarios electorales permite a Sheinbaum recuperar ese discurso, cohesionar a sus simpatizantes y evitar que el caso Taddei se convierta en una disputa interna sobre responsabilidades actuales. En esa misma lógica puede interpretarse la conveniencia de mantener una relación política funcional con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, retirado en Palenque. No hay elementos para afirmar que exista una instrucción suya detrás de esta operación, pero sí razones para considerar que la narrativa presidencial resulta compatible con los intereses políticos del obradorismo más identificado con él.

También hay preguntas incómodas que no deberían quedar sepultadas bajo el peso de las revelaciones históricas. ¿Quiénes impulsaron determinados nombramientos administrativos en el INE durante los últimos años? ¿Qué relaciones políticas facilitaron la llegada de funcionarios vinculados previamente con empresas proveedoras? ¿Quiénes conocían las posibles incompatibilidades y por qué no fueron advertidas oportunamente? ¿Hubo recomendaciones provenientes de actores externos al organismo, incluidos personajes cercanos al poder político? ¿Quiénes fueron los beneficiarios finales de los recursos eventualmente obtenidos de manera irregular? Estas preguntas no permiten afirmar que Sheinbaum haya intervenido en nombramientos cuestionados ni mucho menos participado en un reparto de ganancias. Pero tampoco pueden descartarse líneas de investigación por conveniencia política. Si se exige revisar el pasado, con mayor razón debe garantizarse una revisión independiente del presente.

Y aquí aparece otra contradicción que la propaganda difícilmente podrá resolver. La mayor parte de la red de contrataciones descrita por Buenrostro habría operado durante administraciones anteriores, pero también sobrevivió al triunfo de López Obrador en 2018, a su promesa de erradicar la corrupción y al arribo de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE en 2023. ¿Cómo explicar que un entramado de semejantes dimensiones continuara obteniendo contratos después de varios años de gobiernos autodenominados transformadores? Si sus mecanismos eran tan antiguos y sus relaciones tan identificables, ¿por qué no se desmantelaron oportunamente? El argumento de que todo comenzó en el pasado pierde fuerza cuando el problema sigue produciendo consecuencias en el presente.

En Morelos conocemos suficientemente bien las sospechas que durante décadas han acompañado al ejercicio de los cargos electorales. Quienes hemos observado la evolución del antiguo Instituto Estatal Electoral, hoy sustituido por el Impepac, recordamos trayectorias de servidores públicos cuyo crecimiento patrimonial despertó cuestionamientos en distintos momentos. Pero una percepción, por fundada que parezca, no sustituye una investigación patrimonial ni acredita enriquecimiento ilícito. Precisamente por eso sería saludable abrir los archivos de contrataciones, adquisiciones, adjudicaciones, declaraciones patrimoniales y relaciones con proveedores de las diferentes etapas de los organismos electorales morelenses. El mismo escrutinio debería alcanzar a quienes administraron recursos bajo el sistema anterior y a quienes lo han hecho durante la llamada Cuarta Transformación.

La experiencia también enseña que los grandes escándalos de corrupción suelen convertirse en instrumentos de confrontación entre grupos políticos, mientras los verdaderos mecanismos de enriquecimiento irregular permanecen intactos. Se exhibe a unos, se protege a otros, se anuncia una investigación, se multiplican los titulares y finalmente los expedientes terminan perdiéndose entre procedimientos administrativos interminables. Si la ofensiva anunciada por Buenrostro tiene verdadero sustento, lo que debe seguir no es solamente una acumulación de revelaciones en las mañaneras, sino auditorías completas, denuncias debidamente integradas, identificación de beneficiarios finales, recuperación de recursos cuando proceda y sanciones contra quienes resulten responsables, sin importar sus relaciones partidistas.

El factor electoral de 2027 tampoco puede ignorarse. La crisis del INE coincide con un proceso de renovación de su presidencia y con la necesidad de garantizar credibilidad en las próximas elecciones. Sheinbaum puede obtener ventajas políticas de la exposición de irregularidades anteriores, pero también corre el riesgo de que la confrontación termine erosionando todavía más la confianza en las autoridades electorales. La autonomía constitucional del instituto no puede transformarse en una coartada para encubrir irregularidades, pero tampoco debe sacrificarse en una operación destinada a favorecer al gobierno de turno. Investigar la corrupción y preservar la independencia electoral son obligaciones perfectamente compatibles.

Mi impresión es que Claudia Sheinbaum está consiguiendo, al menos parcialmente, lo que se propuso: modificar el eje de la conversación pública. Hace apenas unos días, el centro del escándalo era Guadalupe Taddei y la sombra que sus relaciones administrativas proyectaban sobre Morena. Hoy, después de la exposición de Buenrostro, la discusión también alcanza a antiguos consejeros, proveedores históricos, organismos electorales estatales y responsables de decisiones adoptadas mucho antes de la llegada de la expresidenta al INE. La oposición tendrá que responder a esa nueva información, mientras el gobierno intenta salir del papel de acusado para convertirse en acusador. Es una maniobra políticamente eficaz, aunque todavía no sabemos si sus resultados serán duraderos.

Pero hay una diferencia enorme entre ganar la batalla de la narrativa y ganar la batalla contra la corrupción. La primera se libra frente a los micrófonos, mediante discursos, revelaciones seleccionadas y confrontaciones públicas. La segunda exige expedientes, pruebas, investigaciones independientes y consecuencias jurídicas. Sheinbaum puede conseguir que el pasado vuelva a ocupar el banquillo de los acusados; lo que no debería conseguir es que ese movimiento permita absolver anticipadamente a los protagonistas del presente.

Porque si los negocios electorales atravesaron gobiernos priistas, panistas y morenistas, entonces estamos ante un problema estructural que exige responsabilidades igualmente amplias. Y si la investigación termina golpeando únicamente a los adversarios del régimen, mientras quienes conservaron o aprovecharon esos mecanismos durante la 4T quedan al margen, el país habrá presenciado una operación política exitosa, pero no necesariamente un acto de justicia.

Al final, la pregunta no es si Claudia Sheinbaum tiene la habilidad para cambiar la narrativa. Parece estar demostrándolo. La pregunta verdaderamente importante es si tendrá la voluntad política de permitir que las investigaciones lleguen hasta donde tengan que llegar, incluso cuando los expedientes empiecen a señalar hacia su propio movimiento. Porque una cosa es destapar las cloacas del pasado y otra muy distinta impedir que sigan funcionando las del presente.