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Urióstegui convierte una tragedia en jugada política: de la crisis por La Cazahuatera al ofrecimiento de un parque

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En medio de la conmoción por el asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, realizó una maniobra política que combina habilidad, pragmatismo, sentido de la oportunidad y una considerable dosis de cálculo: propuso expropiar el predio La Cazahuatera, escenario de una prolongada confrontación entre ambientalistas y desarrolladores inmobiliarios, para convertirlo en un parque público que llevaría el nombre del propio regidor asesinado.

El planteamiento ocurrió este jueves 5 de noviembre, apenas un día después del homicidio de Rivas Ríos, durante un encuentro con integrantes de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado, quienes se movilizaron para exigir justicia. Allí, frente a quienes compartieron durante años las luchas sociales del fallecido representante popular, Urióstegui ofreció gestionar ante la gobernadora Margarita González Saravia una eventual expropiación que impediría la construcción del desarrollo inmobiliario Altoverde.

La propuesta merece una lectura que vaya más allá de sus buenas intenciones. Urióstegui se encontraba ante una situación particularmente delicada: el asesinato de un integrante del Cabildo, un conflicto inmobiliario que había provocado fuertes cuestionamientos a las autoridades municipales y un movimiento social indignado que exigía explicaciones y justicia. En esas circunstancias, el presidente municipal optó por una salida políticamente eficaz: en lugar de limitarse a defender las actuaciones de su administración, colocó sobre la mesa una iniciativa que, de concretarse, cumpliría una de las principales aspiraciones del regidor fallecido.

La habilidad política radica precisamente en ese cambio de escenario. El alcalde pasó de enfrentar cuestionamientos por la controversia urbanística a presentarse como promotor de una solución que podría satisfacer a los opositores del proyecto. Más aún, vinculó esa solución con un homenaje a Gabriel Rivas, convirtiendo una demanda ambiental en una causa de reconocimiento público. La iniciativa tiene una importante carga simbólica: preservar el terreno por el que luchó el regidor y perpetuar su nombre en un espacio destinado a los habitantes de Cuernavaca.

Sin embargo, también hay oportunismo político, entendido como la capacidad de aprovechar una coyuntura extraordinaria para modificar una posición de desventaja. No existen elementos suficientes para afirmar que el alcalde actuó con insinceridad, pero el momento elegido resulta imposible de ignorar. La propuesta de expropiación surgió inmediatamente después de un asesinato que conmocionó a la ciudad, pese a que el conflicto por La Cazahuatera llevaba tiempo desarrollándose y había motivado protestas, denuncias ambientales y procedimientos judiciales. La pregunta inevitable es por qué una alternativa de semejante trascendencia no había sido impulsada con anterioridad.

Otro elemento es el deslinde institucional cuidadosamente construido. Urióstegui explicó que el Ayuntamiento no había concedido la autorización ambiental al desarrollo y sostuvo que tampoco había aprobado un cambio de uso de suelo, pues el uso correspondiente ya estaba permitido. Asimismo, recordó que existen procedimientos judiciales que las autoridades municipales deben respetar. Con ello, defendió la actuación de su administración y, simultáneamente, abrió una ruta distinta para resolver el conflicto: la intervención del gobierno estatal.

Aquí aparece una de las partes más interesantes de la maniobra. Conforme a la legislación de Morelos, la expropiación por causa de utilidad pública requiere una declaratoria del Poder Ejecutivo estatal, un procedimiento jurídico y el pago de una indemnización. La construcción de parques y jardines figura expresamente entre las causas que pueden justificarla. Por tanto, la propuesta de Urióstegui no es jurídicamente absurda ni necesariamente inviable. Pero tampoco depende exclusivamente de su voluntad: necesita la intervención de la gobernadora, una justificación de utilidad pública, recursos económicos y superar las eventuales controversias legales.

En términos políticos, el alcalde ganó margen de maniobra sin asumir por sí solo el costo de la solución. Si la gobernadora respalda la propuesta y el proyecto prospera, Urióstegui podrá reivindicar haber promovido una salida favorable para la ciudad. Si la expropiación tropieza con impedimentos jurídicos, presupuestales o políticos, el presidente municipal podrá argumentar que presentó la iniciativa, pero que su realización dependía de otras autoridades. Es una distribución de responsabilidades que reduce su exposición política inmediata, aunque no lo exime de rendir cuentas sobre las atribuciones y decisiones de su propio Ayuntamiento.

También existe un componente de demagogia potencial, que solamente podrá valorarse a partir de los hechos posteriores. Prometer un parque en memoria de un personaje asesinado posee una enorme fuerza emocional, especialmente cuando se plantea ante sus compañeros de lucha. Pero una propuesta de esa naturaleza puede convertirse en un gesto vacío si no está respaldada por estudios técnicos, una ruta jurídica, una estimación del valor del inmueble, previsiones presupuestales y un proyecto ambiental serio. El homenaje sería legítimo; utilizarlo como sustituto de soluciones concretas resultaría cuestionable.

Además, La Cazahuatera no es cualquier predio. Se trata de una superficie de aproximadamente cinco hectáreas que conserva vegetación nativa y cuya transformación inmobiliaria ha provocado la oposición de organizaciones ambientalistas, vecinos y especialistas. El proyecto Altoverde contempla torres de departamentos y espacios de hospedaje, mientras que sus detractores sostienen que las restricciones del ordenamiento ecológico municipal impiden ese aprovechamiento habitacional. La controversia continúa judicializada y las autorizaciones administrativas no equivalen, por sí solas, a un permiso definitivo para construir. De ahí que la expropiación deba analizarse también en función de la conservación del ecosistema y no únicamente como respuesta política a la crisis.

Hay, por otra parte, una dimensión que no puede quedar enterrada bajo la propuesta del parque: el esclarecimiento del asesinato de Gabriel Rivas Ríos. El regidor había cuestionado públicamente el desarrollo inmobiliario y las decisiones de distintas autoridades. La Fiscalía General del Estado, encabezada por Fernando Blumenkron Escobar, ha señalado que no descarta llamar a declarar a integrantes del Cabildo, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y representantes del desarrollo residencial. Estas diligencias no significan que exista responsabilidad penal acreditada contra ellos, ni permiten establecer que el crimen esté relacionado con La Cazahuatera. La investigación deberá determinar el móvil y las responsabilidades correspondientes.

Precisamente por eso, la propuesta del alcalde debe mantenerse separada de las investigaciones penales. La eventual creación del parque Gabriel Rivas podría representar una victoria ambiental y un reconocimiento a la trayectoria del regidor, pero de ninguna manera sustituiría la obligación de encontrar y procesar a los responsables de su muerte. Tampoco debería cancelar el examen público de las actuaciones municipales, las autorizaciones urbanísticas, las resoluciones judiciales y las denuncias que el propio Rivas formuló en vida.

A la habilidad, el oportunismo y el pragmatismo se suma otro ingrediente: la capacidad de apropiarse políticamente de una demanda que hasta entonces había sido impulsada por sus críticos. Urióstegui no inventó la defensa de La Cazahuatera; fueron ambientalistas, ciudadanos y el propio Gabriel Rivas quienes sostuvieron esa causa. Pero al proponer la expropiación, el alcalde consiguió colocarse en el centro de una posible solución, con el riesgo de que el protagonismo gubernamental termine desplazando la historia de quienes originalmente defendieron el terreno.

La maniobra también revela una estrategia de contención del conflicto. En momentos de indignación social, una autoridad puede optar por confrontar a sus críticos, guardar silencio o construir una propuesta que abra un nuevo espacio de interlocución. Urióstegui eligió la tercera vía. En lugar de ofrecer únicamente explicaciones sobre el pasado, planteó un objetivo hacia el futuro. Esta decisión puede contribuir a disminuir la tensión y recuperar confianza, pero todavía sería prematuro sostener que la crisis política ha quedado superada.

José Luis Urióstegui demostró que sabe moverse en circunstancias adversas. Encontró una propuesta capaz de reunir memoria, defensa ambiental, conciliación social y reparto institucional de responsabilidades. Ganó la iniciativa política en un momento en que podía quedar a la defensiva. Sin embargo, su verdadera prueba comienza ahora: presentar formalmente la solicitud, transparentar la situación jurídica del predio, gestionar los recursos y demostrar que el parque Gabriel Rivas es un proyecto realizable y no solamente una respuesta emocional a una tragedia.

Porque, al final, hay una diferencia enorme entre salir bien librado de una crisis política y resolver las causas que la alimentaron. Urióstegui puede haber ganado el primer movimiento; falta saber si será capaz de sostener el compromiso hasta sus últimas consecuencias. La Cazahuatera no necesita únicamente una promesa conmovedora ni un nombre ilustre en una placa: necesita certeza jurídica, protección ambiental y decisiones verificables. Y Gabriel Rivas Ríos, antes que un parque con su nombre, merece justicia.

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