LA CORRUPCIÓN NO TIENE PARTIDO: ¿POR QUÉ EN PALACIO NACIONAL SE RASCA EN UNOS EXPEDIENTES Y EN OTROS NO?
LA CRÓNICA DE MORELOS
Jueves 5 de noviembre de 2026
E D I T O R I A L
La corrupción no nació con la Cuarta Transformación, pero tampoco desapareció con su llegada al poder. Y si hoy el gobierno federal tiene la voluntad de investigar hasta 27 años atrás para exhibir las presuntas complicidades alrededor del Instituto Nacional Electoral, exactamente el mismo criterio debería aplicar a los escándalos surgidos durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Porque la justicia selectiva, por más argumentos políticos que la acompañen, termina convirtiéndose en otra forma de impunidad.
Lo ocurrido este jueves 5 de noviembre en Palacio Nacional merece una reflexión profunda. Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó una investigación sobre los hermanos Hernández Casillas y sus negocios alrededor de los organismos electorales. La exposición reconstruyó antecedentes que se remontan a los años ochenta y contrataciones que permitieron acumular más de dos mil millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum puso el acento en la responsabilidad de administraciones anteriores, especialmente en las estructuras electorales asociadas con Lorenzo Córdova y sus antecesores. Investigar esas relaciones es absolutamente legítimo. Lo preocupante sería que semejante capacidad para reconstruir redes de negocios, identificar personajes y exhibir posibles irregularidades no se desplegara con la misma determinación cuando los implicados pertenecen al movimiento gobernante.
Porque México tiene demasiados expedientes abiertos. Investigaciones periodísticas, auditorías oficiales, denuncias de organizaciones civiles y documentos públicos han señalado irregularidades en dependencias federales, empresas productivas del Estado, obras de infraestructura y contrataciones multimillonarias. Algunos asuntos han producido detenciones, procedimientos administrativos o procesos penales; otros permanecen sin esclarecimiento satisfactorio y, en varios de ellos, no se conocen sanciones contra quienes ocuparon las posiciones superiores de responsabilidad. No sería correcto afirmar que absolutamente nadie ha sido castigado. Pero tampoco puede confundirse la detención de determinados operadores con el desmantelamiento completo de una estructura de corrupción.
SEGALMEX: EL DESFALCO QUE ALCANZÓ A LOS MÁS POBRES. El caso de Seguridad Alimentaria Mexicana representa uno de los mayores fracasos de la promesa de honestidad de la 4T. El organismo creado para garantizar alimentos básicos a precios accesibles terminó envuelto en compras simuladas, pagos por mercancías no entregadas, empresas fachada y desvíos de recursos. Las auditorías llegaron a observar alrededor de 9 mil 500 millones de pesos, de los cuales el propio gobierno reconoció 2 mil 700 millones sin aclarar. Hubo denuncias y vinculaciones a proceso de exfuncionarios y particulares, pero hasta septiembre de 2026 seguía reportándose la ausencia de sentencias definitivas en el expediente principal. Ignacio Ovalle, primer director de Segalmex y hombre cercano a López Obrador, no enfrentaba un proceso penal públicamente conocido. El expresidente sostuvo que había sido engañado por sus colaboradores. ¿Esa explicación habría sido suficiente si semejante desastre administrativo hubiera ocurrido bajo un gobierno del PRI o del PAN?
EL HUACHICOL FISCAL: LA CORRUPCIÓN QUE PENETRÓ LAS ADUANAS Y LA MARINA. Las investigaciones federales sobre el contrabando de combustibles han dejado al descubierto un entramado que involucró a empresarios, agentes aduanales y mandos navales. Entre los señalados figuran los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, familiares del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Aquí sí existen detenciones, bajas administrativas y procesos judiciales, por lo que sería falso hablar de impunidad absoluta. Sin embargo, la dimensión de las operaciones investigadas obliga a preguntar cómo pudo desarrollarse una actividad de esa magnitud dentro de instalaciones estratégicas del Estado. ¿Quién autorizaba? ¿Quién supervisaba? ¿Quién omitió intervenir? ¿Hasta dónde llegaron las relaciones políticas y financieras de la red? El exsecretario Ojeda denunció irregularidades ante la Fiscalía, según la versión oficial, pero eso no elimina la obligación de esclarecer las posibles fallas de supervisión durante su gestión.
LOS NEGOCIOS ALREDEDOR DE LOS HIJOS DE LÓPEZ OBRADOR. Diversas investigaciones de Latinus, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y otros medios han documentado contratos, relaciones empresariales y grabaciones relacionados con Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario cercano a la familia del expresidente. Uno de los asuntos más delicados involucra el suministro de balasto para el Tren Maya y las referencias hechas en grabaciones a Gonzalo López Beltrán, quien participó en labores de seguimiento del proyecto. Los reportajes plantean sospechas de tráfico de influencias y posibles irregularidades contractuales, pero esas publicaciones, por sí mismas, no constituyen pruebas judiciales de culpabilidad de los hijos del expresidente. Precisamente por eso se necesita una investigación institucional exhaustiva, independiente y transparente. No basta con descalificar a los periodistas o atribuir todos los señalamientos a una campaña política. Si las conversaciones divulgadas carecen de sustento, debe demostrarse; si revelan conductas ilícitas, deben investigarse sin importar los apellidos.
LA CONADE: CIENTOS DE MILLONES BAJO OBSERVACIÓN Y CINCO DENUNCIAS PENALES. Durante la administración de Ana Gabriela Guevara, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte acumuló irregularidades relacionadas con gastos no comprobados, apoyos económicos y contrataciones. En septiembre de 2026, investigaciones periodísticas documentaron que la Auditoría Superior de la Federación había presentado cinco denuncias penales derivadas de auditorías que identificaron hasta 544 millones de pesos en recursos cuestionados. Hasta entonces no se conocían resoluciones judiciales que establecieran responsabilidades penales por esos expedientes. La pregunta resulta inevitable: si la propia ASF ha identificado anomalías durante varios ejercicios fiscales, ¿por qué no conocemos una explicación pública, detallada y definitiva sobre el destino de ese dinero y las responsabilidades de quienes lo administraron? No se trata de condenar anticipadamente a Guevara, sino de exigir que las investigaciones no terminen extraviadas entre oficios, auditorías y carpetas ministeriales.
BIRMEX: IRREGULARIDADES EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. Otro expediente que merece la misma atención es el de la adquisición consolidada de medicamentos para 2025 y 2026. En abril de 2025, la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno declaró la nulidad total del procedimiento de licitación encabezado por Birmex. Posteriormente, una investigación de El Universal basada en una auditoría interna documentó pagos indebidos, presuntos sobreprecios y 21 observaciones que, al momento del reportaje, no habían sido solventadas. Aquí sí intervino la autoridad y anuló un procedimiento irregular. Pero corregir una licitación no equivale a establecer todas las responsabilidades administrativas y penales que pudieran corresponder. Y resulta particularmente grave que las anomalías hayan surgido en un sector donde los errores de contratación pueden traducirse en dificultades para conseguir medicamentos indispensables.
DOS BOCAS: EL COSTO DE LAS OBRAS EMBLEMÁTICAS TAMBIÉN DEBE EXPLICARSE. La refinería Olmeca, en Tabasco, constituye otro ejemplo de los asuntos que merecen fiscalización rigurosa. Su costo final superó ampliamente el presupuesto original anunciado, aunque un incremento presupuestal, por sí solo, no demuestra corrupción. Lo que sí existe son observaciones específicas de la Auditoría Superior de la Federación. En febrero de 2026 se conocieron hallazgos correspondientes a la Cuenta Pública 2024 por aproximadamente 33.5 millones de pesos, principalmente relacionados con trabajos de mala calidad y pagos cuestionados. La revisión de obras tan costosas no puede agotarse en comprobar que fueron inauguradas. Debe establecerse cuánto terminaron costando, qué modificaciones contractuales se autorizaron, cuáles observaciones fueron solventadas y quién responde por deficiencias acreditadas. Una obra emblemática no puede convertirse en una obra intocable.
LA CASA GRIS: EL CONFLICTO DE INTERÉS QUE QUEDÓ POLÍTICAMENTE SIN RESOLVER. En enero de 2022, una investigación de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que José Ramón López Beltrán, hijo del entonces presidente, y su pareja habían habitado una residencia en Houston propiedad de un antiguo alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex. La Secretaría de la Función Pública revisó el asunto y descartó la existencia de un conflicto de interés sancionable. Por tanto, no puede afirmarse que se acreditó judicialmente un delito. Pero la controversia dejó una pregunta de enorme importancia pública: ¿qué estándares de transparencia, independencia y prevención de conflictos de interés deben exigirse a quienes tienen relaciones familiares directas con los principales gobernantes? La legalidad administrativa no siempre agota la responsabilidad ética. Y la ciudadanía tiene derecho a plantear esa diferencia sin que automáticamente se le descalifique como adversaria política.
EL CASO VITOL: LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE ACTUÓ, PERO MÉXICO SIGUE DEBIENDO EXPLICACIONES. La comercializadora internacional Vitol reconoció ante autoridades estadounidenses prácticas de soborno relacionadas con funcionarios de distintos países, entre ellos México. En septiembre de 2026, Javier Aguilar, operador comercial de la empresa, fue condenado en Nueva York a cuatro años de prisión por su participación en tramas de corrupción que incluyeron operaciones relacionadas con una filial de Pemex. La petrolera mexicana había denunciado los hechos y rescindido contratos. Es decir, hubo acciones concretas, incluso una sentencia en el extranjero. Pero persiste la obligación de informar con claridad qué responsabilidades se establecieron en México, qué funcionarios participaron y cuál fue el resultado de las investigaciones nacionales. Si los sobornos fueron reales, no basta con castigar a quien los ofreció: también importa saber qué ocurrió con quienes los recibieron.
Todos estos casos presentan diferencias jurídicas, montos, etapas procesales y grados de comprobación. No deben mezclarse como si en todos existiera una sentencia de culpabilidad o como si ninguno hubiera sido investigado. Precisamente esa distinción fortalece la crítica. Porque cuando se examina cada expediente individualmente aparece una constante preocupante: las investigaciones pueden avanzar durante años sin que la sociedad conozca un balance completo de responsabilidades, sanciones y recuperación de recursos. A veces existen detenidos, pero no sentencias definitivas; otras veces se anulan contratos, pero no se esclarece quién autorizó las irregularidades; y en ciertos asuntos se descartan responsabilidades mediante investigaciones cuya suficiencia continúa siendo cuestionada públicamente.
Y es aquí donde el ejemplo del INE adquiere una dimensión verdaderamente incómoda para Palacio Nacional. Si la Secretaría Anticorrupción puede reconstruir los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas desde su paso por la Secretaría de Gobernación y el CISEN, resulta perfectamente razonable exigir reconstrucciones igualmente minuciosas sobre las redes de proveedores de Segalmex, los beneficiarios de contratos ferroviarios, las operaciones de las aduanas, las contrataciones de Birmex y los recursos cuestionados en la Conade. No para fabricar culpables ni para organizar espectáculos mediáticos, sino para identificar decisiones, responsabilidades y posibles beneficios indebidos con la misma profundidad.
Conviene reconocer que el gobierno de Claudia Sheinbaum no puede ser responsabilizado automáticamente por todos los actos ocurridos durante el sexenio anterior. Pero sí tiene una responsabilidad presente: garantizar que las instituciones investigadoras trabajen sin distinciones políticas y que los resultados se hagan públicos conforme a la ley. La continuidad de un proyecto político no debería significar continuidad de la protección de sus antiguos funcionarios. Al contrario, un gobierno que se proclama comprometido con la transformación de la vida pública tendría que ser particularmente exigente frente a las irregularidades surgidas dentro de sus propias filas.
Tampoco puede ignorarse el papel del periodismo de investigación. Muchos de estos expedientes comenzaron a conocerse gracias a reporteros que examinaron documentos, contratos, transferencias, auditorías y relaciones empresariales. En no pocas ocasiones, las primeras respuestas oficiales fueron descalificaciones contra los medios o cuestionamientos a las motivaciones de los periodistas. Esa reacción es profundamente equivocada. Un gobierno seguro de su honestidad debería agradecer las investigaciones serias, verificar sus hallazgos y, cuando corresponda, promover acciones legales. La función de la prensa no consiste en proteger la reputación del poder, sino en fiscalizarlo, independientemente de quién ocupe la Presidencia.
Hay, además, un problema que trasciende a la 4T. México arrastra una larga tradición de investigaciones espectaculares que terminan sin resultados proporcionales a la gravedad de las acusaciones. Durante los gobiernos del PRI y del PAN también existieron desfalcos, sobornos, enriquecimientos inexplicables, contrataciones dirigidas y funcionarios protegidos. La llegada de Morena al poder despertó la expectativa de romper definitivamente con esas prácticas. Por eso las sospechas surgidas durante sus gobiernos tienen una carga política especial: contradicen una de las principales promesas que permitieron construir su legitimidad ante millones de mexicanos.
La corrupción no se combate mediante una selección de enemigos. Se combate siguiendo el dinero, revisando contratos, identificando beneficiarios, investigando funcionarios y llevando ante la justicia a quienes hayan cometido delitos, con independencia de su militancia o cercanía con el poder. Tampoco basta con anunciar investigaciones desde una conferencia matutina. Hacen falta expedientes sólidos, procedimientos legales, sentencias cuando se acrediten delitos y recuperación efectiva de recursos públicos.
Por eso resulta pertinente preguntar a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria Raquel Buenrostro: ¿cuándo conoceremos una revisión pública, igualmente exhaustiva, de los grandes escándalos de corrupción documentados durante los gobiernos de la Cuarta Transformación? ¿Cuántos expedientes siguen abiertos? ¿Cuántos han llegado ante un juez? ¿Qué cantidades se han recuperado? ¿Cuáles funcionarios de alto nivel han sido sancionados y cuántos permanecen sin enfrentar responsabilidades acreditadas? No son preguntas de oposición. Son preguntas de interés público que cualquier gobierno comprometido con la legalidad debería responder.
Es correcto que brote el pus de las presuntas redes de corrupción incrustadas durante décadas en las instituciones electorales. Que se investigue a los proveedores, a los funcionarios que los favorecieron y a cualquier servidor público que pudiera haber participado en actos ilícitos. Pero sería una enorme contradicción que el bisturí anticorrupción resultara implacable con los expedientes heredados de los adversarios y extraordinariamente cuidadoso cuando se aproxima a personajes del propio movimiento.
Porque la corrupción no deja de ser corrupción cuando la cometen los nuestros, ni se vuelve más grave cuando la cometen los otros. La promesa de transformar México exige aplicar una sola medida a todos. Si la justicia se utiliza para exhibir únicamente a determinados personajes, terminará perdiendo su autoridad moral. Y si los expedientes de la 4T permanecen sin esclarecimiento definitivo mientras desde Palacio Nacional se reconstruyen con entusiasmo las irregularidades de gobiernos anteriores, la ciudadanía tendrá motivos suficientes para cuestionar no solamente la eficacia del combate a la corrupción, sino también su imparcialidad.
El país no necesita una guerra de expedientes entre partidos. Necesita una auténtica limpieza de sus instituciones. Que brote todo el pus, venga de donde venga. Que se investigue todo, hasta sus últimas consecuencias. Y que nadie, absolutamente nadie, pueda esconderse detrás de una bandera política para escapar de la ley.
