CAMBIAR AL JEFE NO ACABA CON EL CRIMEN

ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 15 de octubre de 2026

Desde el año 2000 he visto desfilar por las instituciones estatales de seguridad pública de Morelos a numerosos titulares. Unos civiles, otros militares; algunos con magníficas cartas credenciales y otros con cuestionables antecedentes. Han llegado acompañados de grandes expectativas, promesas de transformación y estrategias supuestamente novedosas. Sin embargo, después de más de un cuarto de siglo, puedo sostener una conclusión que seguramente incomodará a muchos: ningún relevo en la conducción de la seguridad pública consiguió, por sí mismo, acabar con la delincuencia. Algunos lograron contener determinados delitos durante ciertos periodos; otros enfrentaron repuntes verdaderamente alarmantes. Pero la criminalidad nunca desapareció, porque sus causas son mucho más profundas que las capacidades, virtudes o defectos de un solo funcionario.

Han transcurrido los gobiernos de Sergio Estrada Cajigal, Marco Antonio Adame Castillo, Graco Ramírez, Cuauhtémoc Blanco y, ahora, Margarita González Saravia. En ese largo recorrido aparecen nombres como Cesáreo Carvajal Guajardo, Luis Ángel Cabeza de Vaca, Gastón Menchaca Arias, Gilberto Toledano Sánchez, Rafael García Aguilar, Alicia Vázquez Luna, Jesús Alberto Capella Ibarra, José Antonio Ortiz Guarneros y Miguel Ángel Urrutia Lozano, hasta llegar al general José Luis Bucio Quiroz (entre otros). También cambiaron las estructuras institucionales: la antigua Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de Seguridad y la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Diferentes perfiles, estrategias, denominaciones y presupuestos. ¿El denominador común? La persistencia de un fenómeno delictivo que cambia de rostro, modalidades e intensidad, pero encuentra nuevas oportunidades cada vez que las instituciones muestran debilidades.

Vale la pena detenernos en el caso de Miguel Ángel Urrutia Lozano, quien llegó en octubre de 2024 con excelentes referencias profesionales, vinculado al equipo del secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Durante su gestión, el área de Comunicación Social de la corporación proporcionó diariamente información sobre detenciones, aseguramientos y operativos, lo cual permitía a los periodistas conocer, cuando menos parcialmente, el trabajo realizado día a día contra distintos grupos criminales. No todo eran discursos: existían acciones concretas que podían documentarse. Sin embargo, cuando se presentaron acontecimientos de alto impacto, la discusión pública comenzó a desplazarse de los resultados institucionales hacia la permanencia del secretario. Otra vez apareció la politización de la inseguridad, fenómeno al que me he referido reiteradamente al abordar los procesos de securitización.

Hay algo que debe reconocerse a Urrutia Lozano: su disposición para enfrentar los cuestionamientos de la prensa. En las conferencias quincenales sobre seguridad, primero presididas por el inolvidable Juan Salgado Brito y posteriormente por Edgar Maldonado, el funcionario respondía preguntas difíciles, explicaba los operativos y defendía sus decisiones. No siempre convencía, pero daba la cara. Varios comunicadores que asistían regularmente a esos encuentros me han comentado que extrañan aquella apertura. Y no es un detalle menor: quien dirige una institución policial debe saber conducir a sus elementos, pero también explicar sus resultados ante una sociedad que tiene pleno derecho a exigir cuentas.

El 22 de abril de 2026 llegó su sustituto: el general José Luis Bucio Quiroz, diplomado de Estado Mayor, con experiencia en mandos militares, entre ellos la 24/a Zona Militar, cuya sede está en Cuernavaca. Su nombramiento representó una nueva apuesta por la disciplina castrense para enfrentar la inseguridad morelense. Pero apenas transcurridos seis meses, y ante los acontecimientos violentos registrados en Totolapan, Cuautla y otros municipios de la región oriente, nuevamente escuchamos voces que exigen la salida del responsable de la seguridad estatal. La película parece repetirse: ocurre una crisis, aumenta la presión política y se presenta el relevo del secretario como una solución prácticamente inmediata.

Aquí conviene separar dos cuestiones. Una es la legítima exigencia de resultados y otra, muy distinta, la creencia de que sustituir al secretario resolverá automáticamente el problema. Bucio Quiroz tiene responsabilidades concretas y debe responder por ellas. Sus decisiones operativas, su capacidad de coordinación y los resultados de la institución están sujetos al escrutinio público. Pero atribuirle individualmente toda la violencia de Morelos equivale a ignorar las obligaciones constitucionales de otras autoridades, empezando por los 36 ayuntamientos, las fiscalías, los órganos jurisdiccionales y las instituciones federales. La seguridad pública no funciona como una empresa en la que basta despedir al gerente para corregir todas las deficiencias.

Ahora bien, el general Bucio parece enfrentar una dificultad adicional: su relación con la crítica pública. Su formación y trayectoria corresponden a una estructura militar jerárquica, en la cual las órdenes se cumplen conforme a una cadena de mando. Pero encabezar una secretaría civil de seguridad exige capacidades adicionales: comunicación política, interlocución social, tolerancia frente a los cuestionamientos periodísticos y disposición para explicar decisiones que pueden resultar controvertidas. Mi impresión es que el actual secretario necesita fortalecer considerablemente esa faceta. Mandar tropas no es exactamente lo mismo que rendir cuentas ante una sociedad democrática. La disciplina militar puede ser una ventaja operativa; nunca debería convertirse en una barrera frente a la crítica.

Tampoco son equivalentes las condiciones materiales de un mando militar y las de un secretario estatal. Al frente de la 24/a Zona Militar, Bucio disponía de una estructura institucional federal, con recursos, logística y procedimientos propios de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy debe operar dentro de las limitaciones presupuestales, administrativas y de personal de una corporación estatal. La insuficiencia de policías, vehículos, equipamiento, inteligencia y capacidades de investigación no se resuelve con grados militares ni con declaraciones enérgicas. Por ello, antes de juzgar exclusivamente al titular, sería indispensable examinar también las herramientas reales que el Estado ha puesto a su disposición.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este jueves el trabajo desarrollado por Bucio Quiroz y vinculó su llegada con una reducción de la incidencia delictiva. Ese respaldo político merece atención, aunque los resultados deben examinarse mediante indicadores comparables y periodos claramente definidos. Una reducción estadística de homicidios, por ejemplo, no significa que hayan desaparecido la extorsión, los ataques contra transportistas o el control territorial ejercido por organizaciones criminales. Las cifras pueden mostrar avances y, simultáneamente, coexistir con episodios gravísimos de violencia. Ambas realidades deben analizarse sin negarlas ni utilizarlas selectivamente.

La propia presidenta anunció el fortalecimiento de las policías locales y de la presencia de la Guardia Nacional en Morelos. El reconocimiento de que actualmente existen alrededor de mil policías estatales para una entidad integrada por 36 municipios permite dimensionar parte del problema. No estamos hablando únicamente de la personalidad de Bucio Quiroz, sino de capacidades institucionales que necesitan ampliarse. Y hay un aspecto adicional: los apoyos federales pueden variar conforme cambian las prioridades nacionales, de manera que Morelos no debería construir toda su estrategia sobre la expectativa de disponer permanentemente de efectivos extraordinarios enviados desde otros lugares.

He insistido muchas veces en que un sistema integral de seguridad pública descansa sobre cuatro columnas fundamentales. La primera es la prevención y disuasión de los delitos, mediante policías suficientes, vigilancia territorial, inteligencia y políticas sociales eficaces. La segunda es la persecución de los responsables, a través de investigaciones sólidas y una procuración de justicia profesional. La tercera es el castigo de los delitos, mediante procedimientos judiciales que reduzcan la impunidad y garanticen los derechos de víctimas e imputados. La cuarta es la reinserción social, una tarea especialmente complicada en un sistema penitenciario que también presenta deficiencias estructurales. Cuando una de estas columnas falla, las otras resienten las consecuencias. Cuando fallan varias, el edificio entero se tambalea.

El problema de la impunidad merece especial atención. En Morelos se han difundido estimaciones que la sitúan alrededor del 98 por ciento, una magnitud que, más allá de la metodología utilizada para calcularla, obliga a revisar la capacidad de las instituciones para investigar, judicializar y sancionar delitos. ¿De qué sirve detener a presuntos delincuentes si las investigaciones son deficientes, los expedientes están mal integrados o los procesos terminan sin consecuencias? ¿Cómo esperar que disminuya la criminalidad cuando quienes la practican consideran remota la posibilidad de recibir una sanción? Ningún secretario estatal, por sí solo, puede solucionar semejante problema.

A lo anterior debe agregarse la responsabilidad de los gobiernos municipales. El artículo 115 constitucional no es una sugerencia ni una disposición decorativa. Establece obligaciones concretas en materia de policía preventiva y seguridad pública municipal. Durante años, diversos ayuntamientos han aprovechado los esquemas de coordinación estatal para justificar sus insuficiencias, descuidar el reclutamiento de elementos o posponer inversiones indispensables. Mientras no se fortalezcan auténticamente las corporaciones municipales y no se combatan las posibles redes de complicidad entre servidores públicos y organizaciones criminales, cualquier estrategia estatal continuará enfrentando enormes obstáculos.

La discusión sobre la permanencia de Bucio Quiroz debería trascender las simpatías y antipatías personales. No se trata de concederle inmunidad política ni de exigir paciencia indefinida a una población lastimada por la violencia. Se trata de evaluar con rigor lo que ha conseguido desde abril, lo que todavía no consigue, los recursos de que dispone y las responsabilidades que corresponden a otras instituciones. Si existen fallas graves atribuibles a su conducción, deberán señalarse y corregirse. Pero si se decide sustituirlo, habrá que explicar también qué cambiará en la estrategia, en la coordinación, en el presupuesto y en las capacidades de investigación. De lo contrario, el próximo secretario heredará exactamente los mismos problemas.

Después de observar durante más de 26 años esta interminable sucesión de funcionarios, estoy convencido de que Morelos necesita algo mucho más importante que encontrar al siguiente responsable de seguridad pública: necesita instituciones capaces de sostener una política de Estado, con continuidad, evaluación, profesionalización, coordinación y rendición de cuentas. Los hombres pasan, los nombramientos cambian y los discursos se renuevan. La delincuencia, en cambio, aprovecha cada fractura del sistema. Cambiar al jefe puede ser necesario en determinadas circunstancias. Confundir ese relevo con una estrategia integral es uno de los errores que Morelos no puede seguir repitiendo.