CAUSAR EL MAYOR DAÑO
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 24 de septiembre de 2026
Lo he escrito en anteriores ocasiones y después de lo ocurrido este miércoles en Cuernavaca no encuentro razones para modificar una sola palabra: causar el mayor daño posible parece haberse convertido en la premisa de quienes encabezan determinadas movilizaciones para obligar a las autoridades a resolver sus pliegos petitorios. Ya no basta manifestarse frente a una dependencia, exigir una audiencia o concentrarse en una plaza pública. La estrategia consiste en localizar las arterias cuya obstrucción puede perjudicar a más personas y cerrarlas. Ayer lo volvimos a padecer.
Cuernavaca fue sometida durante horas a bloqueos en puntos neurálgicos. Plan de Ayala, Morelos Sur, Chipitlán, el Centro, la zona norte, la Autopista del Sol (a la altura del Puente sin Fin) y distintos accesos estuvieron entre los sitios afectados durante una jornada que convirtió los desplazamientos cotidianos en una verdadera pesadilla. Y detrás de cada automóvil detenido hay historias que pocas veces aparecen en las fotografías de una protesta: trabajadores que no llegan a tiempo, estudiantes que pierden clases, comerciantes que dejan de vender, citas médicas afectadas, entregas que no pueden realizarse y personas que simplemente pretendían regresar a sus casas.
Pero esta vez apareció además un ingrediente político que no puede pasar inadvertido. Cuadros y militantes del Partido del Trabajo participaron y respaldaron parte de las movilizaciones, circunstancia relevante porque hablamos de una fuerza política que durante años ha sido aliada de Morena, el partido del que emana el actual gobierno de Morelos. El dato no invalida las demandas planteadas ni significa que éstas carezcan de fundamento. Sí obliga, sin embargo, a observar con mayor atención cuándo una organización partidista acompaña reclamos sociales que terminan traducidos en bloqueos capaces de estrangular buena parte de la capital del estado.
Las demandas sobre obras públicas, servicios de salud, seguridad y aplicación de recursos merecen respuestas. Las autoridades están obligadas a explicar, atender y, cuando corresponda, resolver. Pero una demanda legítima no convierte automáticamente en legítimo cualquier método utilizado para conseguirla. Mucho menos cuando la presión se ejerce directamente sobre personas que ninguna capacidad tienen para autorizar una obra, liberar recursos o sentarse a negociar un pliego petitorio.
Y existe otra cuestión preocupante: mientras mayor sea el daño ocasionado, mayor parece considerarse el éxito de la movilización. Cerrar una calle secundaria produce poca presión; bloquear Plan de Ayala produce mucha. Obstaculizar un acceso a Cuernavaca multiplica inmediatamente el impacto. Así hemos construido una peligrosa lógica de incentivos: para ser escuchado hay que perjudicar a cuantos más ciudadanos sea posible.
Como si semejante escenario no hubiera sido suficiente, este miércoles coincidió en Cuernavaca otro conflicto completamente distinto y sin relación con las movilizaciones respaldadas por integrantes del PT: el de las estudiantes de la Normal Rural de Amilcingo. Las normalistas llevaron su protesta hasta Palacio de Gobierno y la jornada terminó con cristales rotos, pintas y quema de colchones y llantas. Apenas días antes habían bloqueado la Autopista Siglo XXI. Sus demandas deberán ser atendidas y las autoridades tendrán que explicar también por qué los mecanismos de interlocución fueron incapaces de impedir que el conflicto escalara.
Pero tampoco aquí caben ambigüedades. El derecho a manifestarse debe garantizarse; destruir bienes públicos es otra cosa. Los cristales rotos, las pintas y cualquier otro destrozo finalmente terminan siendo reparados con dinero público, es decir, con recursos de los propios ciudadanos. Y cuando además se bloquean carreteras o vialidades, nuevamente aparecen terceros que nada tienen que ver con el conflicto pagando las consecuencias.
Por supuesto que el Gobierno del Estado y las autoridades municipales deben revisar sus mecanismos de prevención y negociación. Muchos conflictos sociales no nacen la mañana en que aparecen los bloqueos. Existen solicitudes anteriores, reuniones, compromisos pendientes, inconformidades acumuladas y respuestas que quizá nunca llegaron. Gobernar también significa anticiparse. Si una autoridad conoce desde semanas atrás un problema y permite que éste crezca hasta terminar atravesado sobre una avenida, existe también una responsabilidad política que debe reconocerse.
Pero esa responsabilidad gubernamental tampoco puede convertirse en patente para tomar una ciudad como rehén. Hoy son unas organizaciones; mañana serán maestros, estudiantes, comerciantes, campesinos, transportistas o cualquier otro grupo. Si aceptamos como normal que cada inconformidad termine cerrando las principales vialidades, estaremos admitiendo que la capacidad para ser escuchado depende de cuántas personas pueden colocarse sobre una avenida y, sobre todo, de cuánto daño sean capaces de ocasionar a quienes nada tienen que ver con el problema.
A esta hora, buena parte de las vialidades afectadas durante el día ha recuperado la circulación, pero las consecuencias no desaparecen cuando se retira el último vehículo o manifestante. Quedaron horas perdidas, combustible desperdiciado, negocios afectados, compromisos incumplidos y una ciudad que nuevamente terminó atrapada entre conflictos que no provocó.
Manifestarse es un derecho. Reclamar también. Exigir cuentas al gobierno, por supuesto. Lo que debemos preguntarnos es en qué momento decidimos que para ejercer esos derechos resulta aceptable atropellar los derechos de todos los demás. Porque si la fórmula para conseguir atención oficial consiste en causar el mayor daño posible, quienes terminan pagando la factura no son necesariamente los funcionarios a quienes va dirigido el reclamo.
La pagamos todos.
