CUANDO EL PAN Y LA SEGURIDAD PESAN MÁS QUE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 30 de julio de 2026

En México, el debate sobre el derecho de las audiencias regresa una vez más a la arena pública, esta vez envuelto en una nueva ofensiva gubernamental que busca redefinir las reglas de los medios y, con ello, apoderarse de toda la narrativa colectiva.

Mientras las élites políticas se enzarzan en acusaciones mutuas y los círculos periodísticos alzan la voz en defensa de la Constitución, la inmensa mayoría de los ciudadanos observa el espectáculo con indiferencia o hastío. Porque para el mexicano de a pie, lo urgente no es el equilibrio informativo ni la autonomía de los noticieros, sino que el salario alcance, que no lo asalten en la esquina y que el país no se convierta en un caos como el que se vivió en ciertas zonas durante el Mundial de Futbol 2026.

En ese contexto, preguntarse si el periodismo y la libertad de expresión siguen siendo pilares valorados por la población no es un ejercicio retórico: es confrontar una realidad incómoda.

La pérdida de credibilidad del periodismo no es un fenómeno exclusivo de México. En casi todo el mundo occidental y en buena parte de América Latina, las encuestas muestran un deterioro sostenido de la confianza en los medios tradicionales. Escándalos de manipulación, polarización ideológica, la competencia de las redes sociales y la percepción de que muchos periodistas sirven a intereses particulares han erosionado la autoridad moral que alguna vez tuvieron. En Estados Unidos, Europa y varias naciones latinoamericanas, apenas cuatro de cada diez personas declara confiar en las noticias que consume. México no es la excepción: aquí la desconfianza se agrava por la violencia contra reporteros, la cooptación de espacios mediáticos y la narrativa oficial que durante años tildó a la prensa crítica de “adversaria” o “fifí”.

Esa erosión tiene consecuencias directas sobre la percepción de la libertad de expresión. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la consagra como un derecho fundamental, para amplios sectores de la población se trata de un concepto abstracto, lejano a sus preocupaciones cotidianas. Estudios reiterados de opinión pública revelan que la mayoría prioriza el ingreso familiar, el empleo y la seguridad pública por encima de cualquier discusión sobre censura o regulación mediática. Tener dinero en la bolsa y poder caminar sin miedo pesa infinitamente más que el derecho a recibir información plural.

Los datos de Latinobarómetro y mediciones similares confirman una tendencia regional alarmante: la decepción con la democracia es profunda. En América Latina, un porcentaje creciente de ciudadanos declara preferir un gobierno fuerte, incluso autoritario, si éste garantiza orden y resultados económicos. La democracia liberal, con sus contrapesos, su prensa libre y sus debates interminables, aparece cada vez más como un lujo ineficiente frente a la urgencia de resolver problemas tangibles. México no escapa a este clima: la idea de un poder que “ponga orden” seduce a quienes sienten que las instituciones tradicionales han fallado.

En este escenario, el trabajo de los periodistas y de los medios enfrenta una paradoja cruel. Por un lado, su labor sigue siendo indispensable para fiscalizar el poder y sostener cualquier pretensión democrática. Por el otro, su audiencia real se ha reducido a un público minoritario, relativamente informado y generalmente urbano o profesional. El ciudadano promedio consume información fragmentada, muchas veces a través de redes sociales o noticieros alineados con sus preferencias, y no percibe una amenaza existencial cuando el gobierno intenta legislar sobre contenidos o “derechos de las audiencias”.

El derecho de las audiencias, presentado como una conquista ciudadana, se convierte con frecuencia en el vehículo perfecto para justificar controles estatales. Bajo el discurso de proteger al público de la desinformación o de garantizar pluralidad, se abren puertas a la supervisión oficial de contenidos, a sanciones discrecionales y a la presión económica sobre medios independientes. La historia reciente muestra que estas iniciativas rara vez se detienen en la protección del espectador: terminan ampliando el margen de maniobra del poder para moldear la conversación pública.

Mientras tanto, los conflictos entre élites políticas —esas batallas mediáticas diarias que llenan portadas y horarios estelares— resultan ajenos a la vida real de la mayoría. El trabajador que regresa cansado, la madre que lucha por llegar a fin de mes o el joven que busca empleo no se desvela por si un noticiero cumplió o no con el equilibrio informativo. Les importa que no haya asaltos, que la inflación no se coma su salario y que el país no se desmadre. Todo lo demás parece ruido de arriba.

Por eso, cuando el gobierno lanza una nueva intentona de regular los medios y controlar la narrativa, el terreno está abonado. La baja credibilidad periodística, la indiferencia ciudadana y la nostalgia por liderazgos firmes crean condiciones favorables para que se avancen medidas que, en otras circunstancias, generarían una defensa más enérgica de la libertad de expresión. No se trata de que la gente apoye activamente la censura; se trata de que simplemente no la prioriza.

La democracia no se sostiene solo con instituciones formales ni con artículos constitucionales bien redactados. Requiere una ciudadanía que valore, aunque sea mínimamente, los contrapesos y la información libre. Cuando esa valoración se debilita, el riesgo de deslizamiento autoritario deja de ser teórico. En México, como en buena parte de la región, ese deslizamiento no llegará necesariamente con botas militares, sino con leyes de “protección a las audiencias”, con discursos de unidad nacional y con la silenciosa complicidad de una sociedad más preocupada por sobrevivir que por debatir.

Al final, el periodismo y la libertad de expresión seguirán siendo importantes para quienes aún creen que una sociedad abierta vale la pena. Pero mientras la inmensa mayoría mida el éxito del gobierno por el contenido de la bolsa y la tranquilidad de las calles, cualquier intento de apoderarse de la narrativa pública encontrará menos resistencia de la que muchos intelectuales imaginan. La pregunta no es si el gobierno lo intentará otra vez. La pregunta es cuántos ciudadanos estarán realmente dispuestos a defender lo que, en la práctica cotidiana, ya dejaron de considerar prioritario.