TRADICIÓN SÍ, TRAGEDIA NO: LA PÓLVORA NO PUEDE SEGUIR MATANDO EN MORELOS

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 30 de julio de 2026

Las fiestas patronales son patrimonio vivo de Morelos. Nadie con sentido común propone acabar con los cohetes, las castillas ni el estruendo que marca el calendario de Ocotepec, Tepoztlán o cualquier pueblo del estado. El problema no es la tradición: es la impunidad con la que se fabrica y almacena pólvora en talleres clandestinos o semi-clandestinos que operan a metros de casas habitadas.

Este miércoles volvió a ocurrir lo que ya es rutina: una explosión en Ocotepec, una mujer muerta, un menor quemado, un hombre con traumatismo, casi 10 lesionados y decenas de vecinos en crisis nerviosa. La Coordinación Estatal de Protección Civil actuó después del estruendo… como siempre. También se presentaron la Guardia Nacional y Defensa, de manera tardía, solo para cuidar perímetros de seguridad y/o estorbar.

Se supone que estos sitios están bajo la lupa de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la CEPCM y de Protección Civil municipal. Tres niveles de gobierno, múltiples inspecciones teóricas y, sin embargo, el patrón se repite con una regularidad inquietante. Hace dos años, en el mismo lugar de Ocotepec. Antes, en otros puntos del estado.

La pregunta incómoda no es si hay corrupción: es cuánto cuesta el permiso implícito para seguir operando fuera de norma. La venta de pirotecnia genera dividendos jugosos en épocas festivas. Mientras el negocio sea rentable y las multas o clausuras sean negociables, la seguridad de la gente seguirá en segundo plano.

Respetar la cultura no implica aceptar que se fabriquen explosivos en patios traseros sin las distancias, los muros de contención ni los protocolos que la ley exige. No hay “tradición” que justifique almacenes improvisados junto a viviendas. No hay “costumbre” que exonere a quien permite que un taller de cohetes funcione sin las autorizaciones reales y vigentes.

Cada accidente deja el mismo comunicado oficial, las mismas autoridades acordonando la zona y el mismo llamado a “mantenerse informados por canales oficiales”. Lo que nunca llega es la explicación de por qué, una y otra vez, se permite que la tragedia se cocine a fuego lento.

La ciudadanía de a pie paga el precio. No los intermediarios ni los funcionarios que firman o miran hacia otro lado. Pagan las familias que pierden a un ser querido, los niños que terminan en el hospital y los vecinos que viven con el miedo permanente de que el siguiente estallido sea el de su propia cuadra. Mientras las autoridades se limiten a reaccionar cuando ya hay muertos y heridos, el mensaje es claro: la norma existe para ser evadida si el negocio lo amerita.

Morelos puede tener sus fiestas, sus procesiones y sus castillos de luces. Pero no a cualquier precio. La tradición que se sostiene sobre la sangre y el miedo deja de ser cultura y se convierte en negligencia institucional. Es hora de exigir que la supervisión deje de ser un trámite y se convierta en una obligación real. Porque el próximo comunicado ya está escrito; solo falta la fecha y el número de víctimas.