Cuando el supersueldo dejó de causar escándalo y se convirtió en sistema
Segunda de tres partes
El verdadero legado de una política salarial no necesariamente está en quien la inaugura, sino en quienes la mantienen. Después del escándalo provocado por los llamados “Sergiobonos” durante el gobierno de Sergio Estrada Cajigal, podría suponerse que las siguientes administraciones desmontaron las remuneraciones extraordinarias de la alta burocracia. La historia apunta en otra dirección: los altos salarios sobrevivieron y terminaron normalizándose dentro de buena parte del aparato público morelense.
Existe un dato particularmente ilustrativo. Durante el gobierno de Estrada se reportaban percepciones aproximadas de 70 mil pesos mensuales para secretarios del gabinete. Años después, tabuladores oficiales seguían colocando remuneraciones de ese orden para esos mismos niveles jerárquicos, mientras subsecretarios y directores generales permanecían también dentro de rangos muy superiores al ingreso de la enorme mayoría de los trabajadores públicos.
El fenómeno tampoco quedó confinado al Poder Ejecutivo.
Ya durante los primeros años del siglo, Morelos tenía presidentes municipales cuyas percepciones alcanzaban aproximadamente 110 mil pesos mensuales en Temixco, 98 mil en Jiutepec, 89 mil en Xochitepec, 85 mil en Cuernavaca y 78 mil en Cuautla, de acuerdo con información publicada en aquella época.
Algunos alcaldes ganaban prácticamente lo mismo que el gobernador.
Así comenzó a formarse una especie de competencia silenciosa dentro del aparato público: si determinado funcionario ganaba cierta cantidad, el siguiente nivel buscaba aproximarse; si un organismo autónomo tenía determinado tabulador, otro justificaba remuneraciones semejantes; si los altos mandos del Ejecutivo percibían cantidades elevadas, los otros poderes podían defender sus propios ingresos invocando autonomía presupuestaria.
Pero el salario mensual visible solamente cuenta una parte de la historia.
Durante años, las remuneraciones públicas se construyeron mediante conceptos distintos: sueldo base, compensaciones, gratificaciones, bonos y otras prestaciones. Aquella estructura resulta crucial cuando se analiza el problema actual, porque no todos esos conceptos necesariamente han tenido el mismo tratamiento jurídico para efectos de jubilación.
Precisamente ahí comienza la ruta hacia las llamadas pensiones doradas.
Una investigación reciente de Morelos Rinde Cuentas examinó 195 expedientes de jubilación y encontró diferencias extraordinarias en los tiempos utilizados para aprobarlos. De 39 procedimientos resueltos en menos de tres meses, 35 correspondían a personas cuyo último centro de trabajo había sido el Congreso del Estado.
El contraste con policías y custodios resulta brutal.
Dentro de una muestra de 36 integrantes de esos cuerpos analizada por la organización, ninguno obtuvo su jubilación en menos de 60 días. Algunos expedientes tardaron más de seis años.
No significa que cada jubilación tramitada rápidamente haya sido irregular. Tampoco significa que todo funcionario con una pensión elevada haya cometido alguna ilegalidad. Pero revela que el sistema no necesariamente funcionó con la misma velocidad para todos.
Hay casos todavía más inquietantes.
La investigación encontró expedientes donde las remuneraciones reconocidas hacia el final de la vida laboral registraron incrementos importantes respecto de salarios anteriores. En uno de los ejemplos estudiados, una percepción asociada a un puesto de intendencia de poco más de 16 mil pesos terminó vinculada posteriormente con una jubilación superior a 55 mil pesos mensuales. Otro expediente pasó de una percepción cercana a diez mil pesos a una jubilación superior a 50 mil.
Esos datos no constituyen por sí mismos prueba de delito. Sí constituyen motivos suficientes para revisar cada expediente y determinar qué ocurrió durante los últimos años de servicio, qué plazas fueron ocupadas, cuánto tiempo permanecieron los beneficiarios en ellas y bajo qué disposiciones legales fueron calculadas sus jubilaciones.
Porque mientras eso ocurría en determinados niveles de la administración pública, miles de trabajadores recorrían exactamente el camino contrario: décadas de servicio, salarios modestos, trámites prolongados y jubilaciones igualmente modestas.
La desigualdad terminó siendo monumental.
En 2026 se documentó que decenas de jubilados provenientes del Poder Ejecutivo recibían pensiones mensuales ubicadas entre aproximadamente 74 mil y 138 mil pesos.
Pero todavía faltaba mirar hacia otro poder.
En el Poder Judicial existen jubilaciones que superan los 200 mil pesos mensuales. Un estudio colocó la más alta examinada alrededor de 228 mil pesos, además de otras superiores a 180 mil, 170 mil y 160 mil.
Treinta y seis de las jubilaciones más elevadas del Tribunal Superior de Justicia representaban aproximadamente 4.5 millones de pesos cada mes.
Otra vez es indispensable la precisión: una pensión extraordinariamente alta no es automáticamente ilegal. Puede derivar de muchos años de servicio, cargos legítimamente desempeñados y derechos reconocidos por la legislación aplicable.
El verdadero problema está en otra parte.
¿Todos acreditaron sus años de servicio correctamente?
¿Todos llegaron a sus últimos salarios mediante ascensos y nombramientos legítimos?
¿Todos fueron sometidos al mismo escrutinio?
¿Todos esperaron lo mismo?
¿Y todos los expedientes fueron revisados con idéntico rigor?
Ahí está la historia que Morelos todavía tiene pendiente.
Porque los supersueldos solamente fueron el principio.
Cuando esos salarios comenzaron a convertirse en jubilaciones vitalicias, el privilegio administrativo pudo transformarse en obligación permanente para el erario.
Y entonces llegó la factura.
CONTINUARÁ.
