CUANDO LA DEMOCRACIA SE CONVIERTE EN GOBIERNO DE LA MUCHEDUMBRE
LA CRÓNICA DE MORELOS
Lunes 28 de septiembre de 2026
E D I T O R I A L
Hay una palabra antigua que parece escrita para describir fenómenos políticos que siguen apareciendo siglos después: oclocracia. Proviene del griego ochlos, multitud o muchedumbre, y kratos, poder o gobierno. En términos sencillos, significa el gobierno de la muchedumbre. No debe confundirse con democracia. En una democracia, la voluntad popular se expresa mediante leyes, instituciones, procedimientos, contrapesos y derechos que también protegen a las minorías. La oclocracia comienza precisamente cuando esas reglas dejan de importar y la presión colectiva pretende convertirse, por sí misma, en fuente suficiente de autoridad.
El concepto quedó particularmente asociado al historiador griego Polibio, quien analizó la transformación y degeneración de las formas de gobierno. La filosofía política clásica ya distinguía entre gobiernos orientados al bien común y aquellos desviados hacia intereses particulares; Aristóteles, por ejemplo, concedía especial importancia al imperio de la ley sobre las pasiones de quienes ejercen el poder. Polibio desarrollaría después una visión cíclica de los regímenes políticos: las formas de gobierno podían corromperse y terminar dando paso a otras. La enseñanza que sobrevivió durante siglos es inquietante: ningún sistema político está vacunado contra su propia degradación.
La oclocracia aparece cuando gobernar conforme a derecho comienza a resultar menos importante que satisfacer el enojo, las exigencias o los impulsos de una multitud; cuando el argumento es sustituido por el grito y las instituciones empiezan a calcular sus decisiones según la capacidad de presión de quienes protestan. No significa que manifestarse, inconformarse o exigir sea ilegítimo: esos derechos son indispensables en cualquier democracia. El problema comienza cuando se instala la idea de que quien presiona más obtiene más, aunque para conseguirlo vulnere los derechos de terceros, y cuando la autoridad tolera conductas ilegales porque aplicar la ley puede ocasionarle un costo político.
Ahí está precisamente la frontera que una sociedad democrática no debería cruzar. Si cerrar carreteras, destruir bienes, impedir el tránsito, ocupar instalaciones, amenazar funcionarios o perjudicar deliberadamente a ciudadanos ajenos a un conflicto termina convirtiéndose en un método eficaz de negociación, el mensaje público resulta devastador: la ley deja de ser igual para todos y empieza a imponerse la fuerza de quienes consiguen reunir suficiente capacidad de presión. Y todavía es más grave cuando el Estado, en lugar de garantizar simultáneamente el derecho a protestar y los derechos de quienes no participan en la protesta, opta por mirar hacia otro lado. Entonces la excepción se vuelve costumbre y la costumbre termina erosionando a las instituciones.
Por eso hablar de oclocracia no es lanzar una palabra rebuscada para adornar el debate público. Es recordar una advertencia política con más de dos mil años de antigüedad. Una democracia no desaparece únicamente mediante un golpe de Estado ni necesita amanecer un día convertida formalmente en dictadura. También puede deteriorarse poco a poco cuando la ley se aplica dependiendo de quién protesta, cuántos son, cuánto daño pueden causar y cuánto teme la autoridad enfrentarlos dentro de los límites legales. Cuando gobernantes y gobernados aceptan que la presión vale más que las normas, la democracia conserva su nombre, sus elecciones y hasta sus discursos; pero algo esencial ya comenzó a cambiar. Y para descubrir dónde ocurre, quizá ni siquiera haga falta señalar algún país en particular.
