CUANDO LAS CUATRO COLUMNAS DE LA SEGURIDAD SE TAMBALEAN
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 28 de septiembre de 2026
He escrito muchas veces que un verdadero sistema integral de seguridad pública no puede sostenerse sobre discursos, estadísticas aisladas, operativos espectaculares ni fotografías de funcionarios reunidos alrededor de una mesa. Se sostiene sobre cuatro grandes columnas: prevención y disuasión del delito; investigación y procuración de justicia; administración de justicia, y reinserción social. El problema es que en Morelos las cuatro presentan grietas. Algunas bastante profundas. Y cuando las columnas se tambalean, todo el edificio de la seguridad pública amenaza con venirse abajo.
La primera columna es la prevención. Ahí están las policías municipales y la Policía Estatal, respaldadas —al menos en teoría— por los patrullajes de la Guardia Nacional y, en determinadas operaciones, por elementos del Ejército Mexicano. Pero, fuera máscaras, la presencia federal no es permanente en todas las zonas donde se necesita. Muchas veces vemos convoyes después de una ejecución, patrullas después de una balacera y acordonamientos cuando los agresores ya desaparecieron. La autoridad llega, coloca la cinta amarilla, levanta indicios y comienza la búsqueda. ¿Y antes? Esa es precisamente la pregunta que debería formularse todos los días la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.
Porque prevenir no significa llegar rápido después del crimen. Prevenir significa llegar antes. Significa inteligencia, información territorial, policías de proximidad, mapas delictivos actualizados, identificación de generadores de violencia, seguimiento de motocicletas y vehículos utilizados recurrentemente en ataques, vigilancia nocturna y presencia permanente en las colonias donde todo mundo sabe que hay armas, venta de drogas o grupos que disputan territorio. Muchas veces los vecinos saben quién vende, quién amenaza, quién porta armas y quién acaba de llegar a una colonia. ¿Cómo puede ser que el Estado se entere hasta después de los disparos?
La segunda columna es probablemente una de las más delicadas: la investigación de los delitos y la procuración de justicia, responsabilidad fundamental de la Fiscalía General del Estado. Sus fiscales, agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos cargan sobre sus espaldas miles de expedientes y carpetas. Pero una carpeta de investigación no sirve simplemente porque exista: tiene que estar sólidamente integrada, contener pruebas obtenidas legalmente, identificar a los probables responsables y permitir solicitar órdenes de aprehensión, cateos y otras medidas judiciales. Ahí comienza realmente la batalla contra la impunidad. Una policía puede detener a alguien, pero si la investigación está mal hecha, todo puede derrumbarse frente al juez.
Después aparece la tercera columna: la administración de justicia. Jueces de control y tribunales tienen la obligación de aplicar la ley respetando el debido proceso. Y aquí debemos ser cuidadosos: no toda liberación significa necesariamente que un juez sea responsable de una supuesta “puerta giratoria”. Muchas veces el problema viene desde atrás: una detención ilegal, una cadena de custodia deficiente, pruebas insuficientes o una carpeta mal integrada. Pero para la sociedad el resultado termina siendo exactamente el mismo: el sujeto entra por una puerta y poco después sale por otra. Y mientras Fiscalía, policías y tribunales discuten de quién fue la falla, el ciudadano solamente observa que alguien señalado por delinquir vuelve a caminar por la calle.
La cuarta columna es la reinserción social. ¿Realmente nuestras cárceles están reinsertando? Porque mandar a una persona a prisión para que conviva durante años con estructuras criminales, salga sin trabajo, sin seguimiento, sin oportunidades y eventualmente regrese al delito no puede llamarse reinserción. Una prisión que solamente encierra y después devuelve delincuentes más peligrosos a las calles termina convirtiéndose en otro engranaje del problema. El sistema penitenciario tendría que ser también una política de seguridad pública. Hoy resulta difícil convencer a la población de que lo sea.
Y mientras esas cuatro columnas se tambalean, siguen ocurriendo hechos que sacuden a Morelos. Este fin de semana volvimos a verlo. Entre otros episodios criminales, golpeó especialmente el asesinato de dos jovencitos estudiantes de la Preparatoria Número 2 de la UAEM, vecinos y muchachos estimados en Alta Vista, Cuernavaca. Otra vez jóvenes. Otra vez estudiantes. Otra vez la comunidad universitaria golpeada por la violencia. Y nuevamente las preguntas inevitables: ¿quiénes fueron?, ¿por qué los mataron?, ¿dónde están los responsables? Cada homicidio que permanece impune envía además un mensaje peligrosísimo al siguiente delincuente: probablemente tampoco te pasará nada.
Hay otro asunto del que debemos hablar sin rodeos: las armas que circulan en las colonias de Cuernavaca y otros municipios. Los programas de canje voluntario son positivos, pero resultan insuficientes frente a la dimensión del problema. Urge una verdadera estrategia de investigación y “despistolización”, estrictamente dentro del marco legal: inteligencia criminal, investigaciones ministeriales, órdenes judiciales cuando correspondan y trabajo permanente para detectar armas ilegales y puntos de distribución. No podemos seguir esperando que quienes utilizan una pistola para delinquir vayan voluntariamente a entregarla a cambio de un incentivo.
Y aquí regreso a la primera columna (la prevención). Este domingo circulé por la carretera federal rumbo a Tepoztlán. Antes de llegar a San Andrés de la Cal encontré lo que parecía más un remedo de retén que un verdadero dispositivo de seguridad: vehículos deteriorados, policías revisando a unos jóvenes de aspecto humilde y una grúa estacionada en el lugar. Metros antes, algunos automovilistas encendían las luces para advertir a quienes venían en sentido contrario: “aguas, hay retén”. Entonces cabe preguntarse: ¿qué efectividad tiene un dispositivo fijo que todo mundo puede detectar desde cientos de metros antes y que cualquiera con algo que ocultar puede simplemente evitar?
Necesitamos menos retenes previsibles y mucha más inteligencia. Menos operativos para la fotografía y más policías trabajando silenciosamente en territorio. Menos patrullajes esporádicos y mayor presencia nocturna. El delincuente debe tener incertidumbre sobre dónde estará la policía; hoy, en demasiados lugares, ocurre exactamente lo contrario: el ciudadano no sabe dónde está la policía, pero el delincuente parece saber perfectamente dónde no está.
También debemos aceptar una realidad incómoda: no hay suficientes policías. Podemos llenar Morelos de estrategias, mesas regionales, mapas, cámaras, arcos carreteros y comunicados, pero si no existen suficientes elementos capacitados, certificados, correctamente pagados y equipados para patrullar permanentemente las calles, siempre tendremos enormes espacios territoriales prácticamente descubiertos durante determinadas horas. Y esa ausencia se nota especialmente por las noches, cuando demasiadas colonias parecen quedar abandonadas a su suerte.
Cuernavaca requiere algo mucho más profundo que patrullajes ocasionales. Hay que entrar —institucionalmente, legalmente y con inteligencia— a todas las colonias identificadas como zonas criminógenas. Saber quién opera, cómo opera, dónde se venden drogas, dónde circulan armas, qué grupos disputan territorio, cuáles vehículos aparecen repetidamente alrededor de hechos violentos y qué jóvenes están siendo reclutados por estructuras criminales. Eso es inteligencia. Y junto con ella debe existir prevención social verdadera: escuelas, familias, recuperación de espacios públicos, atención de adicciones, oportunidades y reconstrucción del tejido comunitario. Una cosa sin la otra tampoco funcionará.
La presión sobre quienes integran las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia es enorme. Y debe serlo. No se trata de cargar toda la responsabilidad sobre una sola dependencia ni de buscar culpables políticos cada vez que ocurre una tragedia. Se trata de reconocer que algo no está cuajando. Si la policía detiene pero la Fiscalía no acredita; si la Fiscalía acusa pero la investigación no resiste ante el juez; si el delincuente es condenado pero la prisión no lo reinserta; o si todo el aparato simplemente aparece cuando los homicidas ya huyeron, el resultado termina siendo el mismo: impunidad.
Y la impunidad alimenta el siguiente delito.
Por eso quizá llegó el momento de dejar de contar solamente patrullajes, operativos, reuniones, armas canjeadas y personas detenidas. Hay que medir cuántos delitos se esclarecen, cuántos responsables llegan ante un juez, cuántos reciben sentencia, cuántos reinciden y cuánto tarda el Estado desde que se comete un crimen hasta que existe una consecuencia penal efectiva.
Porque la seguridad pública no se mide por el número de camionetas que pasan con las torretas encendidas.
Se mide por los delitos que lograron evitarse, por los criminales que fueron identificados antes de volver a matar y por las víctimas que finalmente obtuvieron justicia.
Fuera máscaras: si las cuatro columnas siguen tambaleándose, Morelos continuará pagando la factura en las calles.
