Cuando las Alertas de Violencia de Género provocan prurito en autoridades de los tres órdenes de gobierno
La diputada local Luz Dary Quevedo, de Movimiento Ciudadano, ha vuelto a poner sobre la mesa una exigencia incómoda: que la Alerta de Violencia de Género (AVG) se declare en los 36 municipios de Morelos, no solo en los ocho que la tienen desde 2015: Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. Su insistencia llega en un momento en que el propio gobierno estatal busca “revisar” o incluso salir de la alerta federal pese a los feminicidios acumulados.
La propuesta no es capricho; es un recordatorio de que la violencia contra las mujeres no respeta fronteras municipales ni colores partidistas. Pero, como suele ocurrir, la sola mención genera más rechazo que debate.
En esencia, la AVG es un mecanismo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se activa ante un contexto de violencia feminicida persistente o ante omisiones documentadas de las autoridades en prevención, atención, sanción y acceso a la justicia.
No es una mera declaración simbólica: obliga a los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— a coordinar acciones de emergencia, temporales e integrales. Eso incluye protocolos específicos, presupuestos etiquetados, capacitación a servidores públicos, reforzamiento de fiscalías especializadas y medidas de protección inmediata para víctimas. En teoría, es un escudo jurídico y operativo; en la práctica, se ha convertido en un termómetro incómodo de la ineficacia institucional.
La ley es clara y exigente. Una vez declarada, las autoridades deben implementar políticas públicas concretas: desde campañas de prevención hasta la creación de centros de atención integral, pasando por la revisión de carpetas de investigación rezagadas y la garantía de que las víctimas no queden en la impunidad. No se trata de “castigar” a un municipio, sino de obligar al Estado —en sus tres niveles— a cumplir con su responsabilidad constitucional de garantizar una vida libre de violencias. Sin embargo, esa claridad jurídica es precisamente lo que genera el prurito: nadie quiere que se le señale con el dedo en un documento oficial que después puede usarse en auditorías, demandas o campañas electorales.
Y es aquí donde la AVG se transforma, con demasiada frecuencia, en un arma política. Ciertos actores la esgrimen no solo para exigir soluciones, sino para desgastar a gobiernos en turno, obtener reflectores o justificar presupuestos extraordinarios sin rendir cuentas claras de su ejecución. Organizaciones, legisladores y hasta gobernadores han aprendido a usarla como palanca mediática: se declara con bombo y platillo, se firman “convenios” y luego el tema se diluye hasta la siguiente crisis. Los resultados reales —reducción de feminicidios, cero impunidad, atención efectiva— suelen quedar en segundo plano frente al titular político.
Quienes más deben temer una AVG ampliada son, sin duda, los presidentes municipales. Ellos están en la primera línea de la prevención y la atención inmediata: seguridad pública local, centros de atención a víctimas, programas de empoderamiento, patrullaje y respuesta a denuncias. Una alerta municipal los expone directamente a sus omisiones: ¿por qué no hay refugios funcionales? ¿Por qué las carpetas se archivan sin investigar? ¿Por qué persiste la violencia en colonias enteras sin un plan local? Sus responsabilidades no solo son políticas; pueden volverse penales si se demuestra negligencia sistemática. Por eso la resistencia es feroz: nadie quiere que su gestión quede marcada con el sello de “territorio en alerta”.
Al final, el prurito que genera la AVG entre autoridades de los tres órdenes revela más de lo que oculta. No es el mecanismo el problema, sino la cultura de simulación que lo rodea: se acepta la alerta cuando sirve para pedir recursos o culpar al de arriba, pero se rechaza cuando obliga a gobernar de verdad. Mientras tanto, las mujeres morelenses siguen pagando con su vida la inacción. Que la diputada Quevedo insista en extenderla a los 36 municipios no es populismo; es exigir que la ley deje de ser letra muerta y se convierta en instrumento real de protección. El resto es puro cálculo político.
