De los “Sergiobonos” a las pensiones doradas: la historia de los supersueldos en Morelos
Primera de tres partes
Para entender cómo Morelos llegó a pagar pensiones superiores a los 100 mil pesos mensuales y, en algunos casos del Poder Judicial, por arriba de los 200 mil, es necesario retroceder más de un cuarto de siglo. Mucho antes de la actual discusión sobre la creación de un Instituto Estatal de Pensiones, ya se estaba construyendo una estructura de remuneraciones, compensaciones y privilegios para determinados niveles de la burocracia que terminaría teniendo consecuencias muchos años después.
Uno de los puntos de inflexión puede rastrearse hasta la administración municipal de Sergio Estrada Cajigal Ramírez en Cuernavaca, entre 1997 y 2000. La investigación realizada para este reportaje localizó el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento correspondiente a 1999. El documento resulta revelador: de un presupuesto municipal total de aproximadamente 319.6 millones de pesos, 101.57 millones estaban destinados a servicios personales. Antes del sexenio estradista existía en determinadas dependencias estatales algo denominado “nómina complementaria”, no en todas las unidades administrativas.
Pero lo verdaderamente sorprendente aparece al desmenuzar esa cantidad. El Ayuntamiento presupuestó apenas 13.42 millones de pesos bajo el concepto específico de sueldos, mientras destinó 42.35 millones a compensaciones. Dicho de otra manera: la bolsa destinada a compensaciones era más de tres veces superior a la correspondiente a sueldos y representaba alrededor de 42 por ciento de todo el gasto presupuestado en servicios personales.
El dato no permite afirmar que esos 42 millones fueran exclusivamente para funcionarios de primer nivel. La partida incluía pagos correspondientes a distintos servidores públicos y sería irresponsable presentarla de otra manera. Pero sí demuestra documentalmente que, cuando Estrada Cajigal gobernaba Cuernavaca, las compensaciones ya constituían un componente gigantesco de la estructura remunerativa municipal.
La historia adquiere otra dimensión cuando aquel grupo político abandonó el Ayuntamiento y dio el salto al Gobierno de Morelos. Estrada Cajigal ganó la gubernatura en 2000 y tomó posesión el primero de octubre. Varios colaboradores que habían trabajado con él en Cuernavaca llegaron también a la administración estatal.
Y entonces apareció una palabra que durante años formaría parte del vocabulario político de Morelos: los “Sergiobonos”.
Investigaciones periodísticas de aquellos años documentaron que durante los primeros meses de la nueva administración estatal, funcionarios que iban desde el gobernador hasta directores generales recibieron un aguinaldo equivalente a tres meses y un bono de productividad cuando apenas habían transcurrido alrededor de 90 días desde el inicio del gobierno.
La erogación señalada entonces rondó los 10.9 millones de pesos. El asunto llegó incluso a conocimiento de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso estatal. No era solamente una expresión inventada por los adversarios políticos: detrás de los “Sergiobonos” existieron recursos públicos, documentos y una controversia que alcanzó al Poder Legislativo.
Pero había algo todavía más importante.
Las investigaciones periodísticas contemporáneas señalaron que los nuevos funcionarios estatales habían elevado considerablemente sus salarios, hasta niveles descritos entonces como cercanos al doble de los anteriores. Años después, durante aquella misma administración, se reportaban remuneraciones aproximadas de 120 mil pesos mensuales para el gobernador y 70 mil para los secretarios del gabinete.
Aquí debemos colocar una frontera rigurosa. Hasta ahora no ha sido posible localizar el tabulador nominal completo inmediatamente anterior que permita establecer cuánto cobraban exactamente el gobernador Jorge Morales Barud —o posteriormente el interino Jorge Arturo García Rubí—, los secretarios, subsecretarios y directores generales antes del primero de octubre de 2000. Por eso no puede afirmarse todavía que determinado puesto pasó exactamente de una cantidad X a otra Y.
Pero el incremento sustancial de las remuneraciones de los nuevos funcionarios sí quedó registrado por la prensa de aquella época.
Además, el primer presupuesto completo de Estrada Cajigal, correspondiente a 2001, aporta otra fotografía. El presupuesto estatal ascendió a aproximadamente 6 mil 659 millones de pesos. Al Poder Ejecutivo se asignaron 672.5 millones y, dentro de esa estructura, aproximadamente 504 millones estaban relacionados con remuneraciones al personal.
Un año después, para 2002, el presupuesto estatal alcanzó aproximadamente 7 mil 223 millones de pesos, mientras los recursos presupuestados directamente para el Poder Ejecutivo pasaron de unos 672.5 a 747.9 millones, un crecimiento nominal superior al 11 por ciento.
La paradoja resulta interesante: los documentos presupuestarios de aquella administración hablaban también de austeridad, disciplina financiera y contención del gasto corriente. Sin embargo, los primeros años de aquel gobierno quedaron marcados en la memoria pública precisamente por los bonos extraordinarios y por la controversia sobre las remuneraciones de los altos funcionarios.
Lo ocurrido posteriormente permite formular una pregunta que permanece abierta: ¿los supersueldos de la burocracia morelense nacieron entonces?
La documentación localizada hasta ahora no permite responder categóricamente que sí. Existieron altos salarios y privilegios antes de Estrada Cajigal y sería necesario reconstruir los tabuladores de administraciones anteriores para determinar el origen exacto.
Lo que sí permite afirmar es algo diferente: entre la administración municipal de Sergio Estrada Cajigal en Cuernavaca y sus primeros años al frente del Gobierno estatal se localiza uno de los momentos más claramente documentados de expansión de compensaciones, bonos y elevadas remuneraciones dentro de la burocracia morelense.
Y quizá el fenómeno más trascendente ocurrió después.
Estrada Cajigal dejó el gobierno en 2006, pero los altos salarios no desaparecieron con él. La estructura sobrevivió, evolucionó y terminó extendiéndose por diferentes instituciones públicas. Gobernadores, secretarios, magistrados, diputados, organismos autónomos y ayuntamientos fueron construyendo durante los siguientes años sus propias estructuras remunerativas.
Lo que alguna vez provocó escándalo comenzó paulatinamente a convertirse en normalidad administrativa.
Y existe una consecuencia que entonces pocos imaginaron: los funcionarios envejecen, pero los derechos pensionarios permanecen.
Veinticinco años después de aquellos “Sergiobonos”, Morelos enfrenta jubilaciones superiores a 100 mil pesos mensuales y algunas que rebasan los 200 mil. Mientras tanto, miles de trabajadores jubilados reciben cantidades muchísimo menores.
¿Existe una línea histórica entre aquellas estructuras salariales y las actuales pensiones doradas?
La respuesta requiere seguir revisando expedientes.
Y eso haremos en la segunda parte.
CONTINUARÁ.
