PENSIONES DORADAS: QUE LOS TRABAJADORES NO TERMINEN PAGANDO LOS PRIVILEGIOS DEL PODER
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 30 de septiembre de 2026
El problema de las pensiones en Morelos no nació con los sindicatos ni con los trabajadores que después de 20, 25 o 30 años de servicio aspiran legítimamente a retirarse con un ingreso digno. El problema comenzó cuando el sistema permitió que la jubilación se convirtiera, para determinados personajes cercanos al poder, en una extensión vitalicia de los privilegios disfrutados durante el ejercicio del cargo público. Por eso resulta indispensable separar ambas cosas ahora que el gobierno estatal decidió frenar, al menos por el momento, la iniciativa para crear un Instituto Estatal de Pensiones.
Este lunes, el secretario de Gobierno, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, informó que, producto del diálogo con las organizaciones sindicales, no se enviará al Congreso una iniciativa en los términos que hasta ahora se habían venido analizando y que serán los propios representantes de los trabajadores quienes participen directamente en la construcción de una nueva propuesta. La determinación despresuriza un conflicto que amenazaba con crecer, pero no resuelve el problema de fondo: ¿qué va a hacer Morelos con las llamadas “pensiones doradas”?
Porque ahí está uno de los elefantes dentro de la habitación. Una investigación de Morelos Rinde Cuentas documentó 195 expedientes y encontró 39 jubilaciones cuyo procedimiento tardó menos de tres meses; de éstas, 35 correspondían a personas cuyo último centro de trabajo había sido el Congreso del Estado. En contraste, dentro de una muestra de 36 policías y custodios analizada por la misma organización, ninguno consiguió que su jubilación fuera aprobada en menos de 60 días y hubo expedientes cuya resolución tardó más de seis años. Eso no demuestra por sí solo ilegalidad en cada caso, pero sí retrata una desigualdad que merece una revisión profunda.
Y luego vienen las cantidades. En febrero se documentó que 36 jubilados del Poder Ejecutivo recibían entre 74 mil 166 y 138 mil 344 pesos mensuales, mientras la mayoría de los miles de jubilados y pensionados de la administración estatal se encontraba en rangos de aproximadamente cinco mil a 20 mil pesos. Entre las percepciones publicadas aparecían exfiscales, exsecretarios estatales y otros antiguos servidores públicos de alto nivel. Una pensión elevada, insistimos, no constituye automáticamente una irregularidad; puede ser resultado de muchos años de servicio y del salario legalmente reconocido. Pero semejante disparidad obliga a revisar cómo se construyeron esos derechos y, sobre todo, si todos acreditaron sus años de servicio y remuneraciones bajo las mismas reglas que cualquier trabajador.
En el Poder Judicial el contraste es todavía más impresionante. El estudio difundido este año ubicó jubilaciones de 228 mil 464 pesos mensuales y otras superiores a 180 mil, 170 mil y 160 mil pesos. Tan sólo 36 de las jubilaciones más altas del Tribunal Superior de Justicia representaban aproximadamente 4.5 millones de pesos mensuales, cantidad comparable —según el mismo análisis— con lo destinado a centenares de jubilados ubicados en los rangos inferiores.
Y existen casos que resultan especialmente ilustrativos de cómo funcionó durante años el sistema. Morelos Rinde Cuentas encontró expedientes donde el último salario registrado antes de la jubilación presentaba diferencias enormes respecto de percepciones anteriores: un puesto de intendencia reportado con 16 mil 251 pesos terminó asociado posteriormente a una jubilación superior a 55 mil; otro caso pasó de un puesto auxiliar de diez mil pesos a una jubilación superior a 50 mil. La organización advierte que estas diferencias ameritan revisar posibles incrementos salariales previos al retiro. Son precisamente estos expedientes los que deberían auditarse individualmente antes de afirmar que todo el sistema está podrido o, en el extremo contrario, pretender que aquí nunca ocurrió nada.
Más recientemente, el Congreso volvió a colocar el asunto sobre la mesa al aprobar jubilaciones de exfuncionarios que han enfrentado señalamientos o procedimientos judiciales. Pero también aquí hay que ser jurídicamente cuidadosos: estar investigado o sujeto a proceso no cancela automáticamente derechos laborales ni equivale a una sentencia condenatoria. Lo verdaderamente importante sería revisar documentalmente cada jubilación: antigüedad reconocida, instituciones donde trabajó el beneficiario, salario base utilizado, movimientos laborales previos al retiro y legalidad del procedimiento legislativo mediante el cual se otorgó.
Y aquí aparece la paradoja. La gobernadora Margarita González Saravia sostuvo desde abril que uno de los propósitos de modificar el sistema era precisamente combatir las pensiones doradas y transparentar los procedimientos. Su gobierno reconocía, por tanto, que había un problema que atender. Posteriormente se instalaron mesas permanentes con sindicatos y se prometió que ninguna iniciativa sería unilateral. Ahora la negociación política conduce a detener el proyecto original y permitir que las organizaciones laborales tengan una participación decisiva en la elaboración del nuevo esquema.
Me parece correcto que sean escuchados. Más todavía: sería absurdo reformar las pensiones sin quienes durante décadas cotizaron, trabajaron y construyeron esos derechos. Pero existe una línea que no debería cruzarse: defender los derechos adquiridos de los trabajadores no puede significar conservar mecanismos que hicieron posibles abusos, simulaciones, brincos salariales de última hora, reconocimientos dudosos de antigüedad o jubilaciones confeccionadas desde oficinas políticas.
La discusión, entonces, está planteada al revés cuando se presenta como un pleito entre gobierno y sindicatos. Los trabajadores comunes no deberían ser el objetivo de ninguna reforma. El objetivo tendría que ser precisamente el privilegio. Antes de tocar un peso de la pensión de un policía, una secretaria, un trabajador administrativo, un jardinero, un custodio o cualquier servidor público que cumplió legalmente sus años de servicio, habría que abrir los expedientes de quienes consiguieron jubilaciones extraordinarias y explicar públicamente cómo las obtuvieron.
Morelos Rinde Cuentas calculó que el gasto estatal en jubilaciones y pensiones mantiene una trayectoria que podría llevarlo en 2027 a niveles cercanos al gasto destinado al personal activo. La organización estimó para ese año alrededor de 2 mil 083 millones de pesos. No estamos hablando, pues, de una discusión ideológica ni de una ocurrencia administrativa: hablamos de la sustentabilidad futura de las finanzas públicas.
Por eso la suspensión de la iniciativa anunciada por Edgar Maldonado puede ser políticamente conveniente para evitar una confrontación con los sindicatos, pero solamente habrá valido la pena si sirve para construir algo mejor. Y algo mejor significa establecer candados contra nuevas pensiones privilegiadas, transparentar cada expediente, impedir manipulaciones salariales previas al retiro, fijar procedimientos iguales para todos y evitar que la cercanía con diputados, magistrados, gobernadores o funcionarios siga funcionando como una ventanilla VIP.
Que los sindicatos redacten, propongan y discutan. Que el gobierno aporte los estudios actuariales. Que especialistas independientes revisen los números. Que el Congreso legisle finalmente con toda la información sobre la mesa. Pero agregaría algo indispensable: que antes se abra la caja negra de las pensiones doradas de Morelos.
Porque sería profundamente injusto que después de décadas en que algunos personajes se jubilaron como auténticos potentados del erario, la solución termine consistiendo en pedirles sacrificios a quienes siempre viajaron en clase económica. El problema no son las pensiones. El problema son los privilegios disfrazados de pensiones.
