DESAPARECER PERSONAS: LA HERENCIA MÁS INFAME DEL VIEJO RÉGIMEN
La desaparición forzada en México no nació con los cárteles ni fue inventada por la delincuencia organizada. Fue concebida, ensayada y perfeccionada desde el poder público durante los gobiernos del PRI, cuando policías, militares y agentes de inteligencia detenían opositores, los llevaban a instalaciones clandestinas, los torturaban y después negaban haberlos visto. Durante la llamada Guerra Sucia, entre las décadas de los sesenta y ochenta, desaparecer fue un método de control político: no bastaba con eliminar al adversario; había que borrar su rastro, sembrar terror entre sus compañeros y condenar a su familia a una espera interminable. La orden no provenía del inframundo criminal, sino de oficinas gubernamentales.
Morelos conoce esa historia. En 1962, durante los gobiernos priistas de Adolfo López Mateos y Norberto López Avelar, soldados y policías sacaron de su casa a Rubén Jaramillo, a su esposa embarazada, Epifania Zúñiga, y a sus hijos, para asesinarlos en Xochicalco. Aquel crimen de Estado anticipó las prácticas represivas que vendrían después. Más tarde, el 16 de diciembre de 1988, José Ramón García Gómez, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores y defensor del voto, fue detenido en Cuautla por agentes vinculados con la Policía Judicial de Morelos. Era gobernador Antonio Riva Palacio López y Carlos Salinas de Gortari acababa de asumir la Presidencia. José Ramón nunca regresó. Nadie fue castigado. El régimen protegió a sus hombres y convirtió el silencio en política oficial.
Con la alternancia partidista cambiaron los colores, pero no desapareció la estructura de impunidad. La desaparición dejó de utilizarse solamente contra disidentes y se extendió, con la complicidad, participación o indiferencia de autoridades, hacia jóvenes, mujeres, migrantes, trabajadores y ciudadanos comunes. El Estado que antes desaparecía por razones políticas terminó permitiendo que otros desaparecieran por razones criminales. Y cuando una fiscalía se niega a investigar, altera expedientes, extravía muestras genéticas o manda a una familia de ventanilla en ventanilla, también contribuye a desaparecer: primero desaparece a la persona y después desaparece la verdad.
Tetelcingo y Jojutla son la prueba más dolorosa de esa degradación en Morelos. Allí, la propia Fiscalía enterró cuerpos sin identificación suficiente, con expedientes incompletos y procedimientos indignos. Personas que pudieron haber sido reconocidas y entregadas a sus familias terminaron ocultas bajo tierra por decisión institucional. Las madres buscadoras tuvieron que abrir las fosas que el gobierno quería mantener cerradas. Mientras ellas escarban con varillas, palas y fotografías, funcionarios organizan ceremonias, pronuncian discursos y presumen protocolos. No existe contraste más brutal entre el país oficial y el país verdadero.
Este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas no admite flores, minutos de silencio ni declaraciones huecas. Exige abrir archivos militares y policiacos, reconstruir expedientes, identificar todos los cuerpos, investigar las cadenas de mando y castigar tanto a quienes se llevaron a las víctimas como a quienes encubrieron su ausencia. El PRI tiene una responsabilidad histórica inocultable porque desde sus gobiernos se institucionalizó esta práctica, pero quienes llegaron después también cargan con culpa si administraron el horror, protegieron archivos o simularon búsquedas. Un desaparecido es una herida que el calendario no cierra; y un Estado que no busca, no identifica y no castiga sigue siendo, por acción u omisión, parte de la desaparición.
