EL PODER YA NO ESCUCHA: SE INMUNIZÓ CONTRA LA CRÍTICA
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 8 de septiembre de 2026
En 1991, cuando llegué como reportero al diario Vallarta Opina, mi director, el inolvidable Luis Reyes Brambila —ya fallecido—, me contó una anécdota que nunca olvidé. Recién llegado a Puerto Vallarta en 1977, procedente de Guadalajara, publicó una crítica contra un funcionario municipal. Algún tiempo después se encontraron frente a frente y aquel hombre lo encaró, visiblemente molesto: “Oiga, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué anda hablando mal de mí? Yo no le he hecho nada, deje de hablar mal de mí”. Luis me lo contaba con enorme sentido del humor, divertido por aquella manera tan elemental de entender el periodismo: como si cuestionar el desempeño de un servidor público fuera una afrenta personal que necesitara previamente una provocación. Pero inmediatamente reconocía algo profundamente humano: a nadie le gusta que lo critiquen. Y al poderoso, probablemente menos.
Por supuesto, esto no comenzó con Morena, ni con López Obrador, ni con Cuauhtémoc Blanco, ni con los actuales gobernantes. La historia política está repleta de desencuentros entre gobernantes, intelectuales y periodistas. Basta recordar las feroces controversias alrededor de Benito Juárez y Francisco Bulnes —aunque Bulnes desarrolló buena parte de su crítica a Juárez décadas después de la muerte del Benemérito— para entender que la tensión entre el poder y sus críticos viene de muy lejos. Podríamos llenar páginas enteras con ejemplos mexicanos. La diferencia está en otra parte: el poder siempre ha sentido incomodidad frente a la crítica; lo novedoso es que durante los últimos años aprendió a inmunizarse frente a ella y, todavía más, a convertir al crítico en acusado.
Hay algo que ha cambiado profundamente en la relación entre el poder y quienes lo observamos. Los funcionarios públicos nunca han sido particularmente aficionados a la crítica —eso sería pedir demasiado a la naturaleza humana—, pero durante muchos años todavía existía cierto temor al señalamiento público. Una nota incómoda podía provocar explicaciones, llamadas urgentes, reuniones de gabinete, investigaciones internas y, eventualmente, hasta la caída de algún funcionario. Hoy ocurre algo distinto: buena parte de nuestra clase política parece haberse inmunizado. La crítica rebota. No se responde: se descalifica. No se aclara: se desacredita al mensajero.
El fenómeno adquirió una dimensión mucho mayor durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Su extraordinaria capacidad de comunicación política modificó las reglas del juego. Frente a una información adversa, muchas veces la estrategia dejó de consistir en demostrar que era falsa para pasar a cuestionar las intenciones de quien la publicaba. El periodista crítico podía convertirse inmediatamente en conservador, adversario, representante de intereses creados o integrante de alguna conspiración contra el gobierno. Las mañaneras fueron una formidable herramienta para fijar diariamente la agenda nacional, pero también institucionalizaron algo que después sería imitado en prácticamente todos los niveles: la posibilidad de responderle al periodista sin responder a la información.
El mecanismo resultó políticamente eficaz y, precisamente por eso, encontró imitadores. Gobernadores, alcaldes, diputados, dirigentes partidistas y funcionarios descubrieron una fórmula extraordinariamente cómoda: si no puedes desmontar la crítica, desacredita al crítico. Así surgió una especie de chaleco antibalas político. Cuando aparece una información negativa, ya no necesariamente se pregunta dentro del gobierno: “¿Es cierto?”. Con frecuencia la primera pregunta es: “¿Quién la publicó?”. Y enseguida vienen las siguientes: “¿Con quién está?”, “¿quién le paga?”, “¿por qué nos pega?”. El contenido pasa a segundo término; lo importante es encontrar una motivación política que permita desactivar al mensajero.
Morelos no ha escapado de esa lógica. Al contrario. Aquí la hemos visto multiplicarse durante los últimos años. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco representó quizá uno de los ejemplos más extremos. Durante buena parte de aquel sexenio las críticas periodísticas parecían producir escasos efectos políticos inmediatos. Hubo señalamientos, investigaciones periodísticas, denuncias públicas y cuestionamientos que habrían colocado contra las cuerdas a administraciones de otras épocas. Sin embargo, se desarrolló una sorprendente capacidad para resistirlos. El escándalo de hoy era sustituido por el de mañana y la maquinaria gubernamental continuaba caminando como si nada hubiera ocurrido.
Hay otra explicación: las redes sociales transformaron completamente el ecosistema informativo. Antes un funcionario dependía mucho más de los periódicos, la radio y la televisión para comunicarse con la sociedad. Hoy puede construir su propia audiencia en Facebook, X, TikTok, Instagram o YouTube. Puede publicar fotografías, videos, discursos y cifras sin someterse a preguntas incómodas. Más aún: puede rodearse digitalmente de seguidores que celebran prácticamente cualquier cosa. El algoritmo termina construyendo una realidad confortable donde abundan los aplausos y las críticas parecen provenir siempre de enemigos.
Entonces aparece uno de los fenómenos más peligrosos para cualquier gobierno: la burbuja del poder. El funcionario comienza a creer lo que dicen sus propias redes sociales. Si una publicación institucional obtiene miles de reacciones, supone que la sociedad está satisfecha; si veinte cuentas elogian una obra, imagina que toda la ciudad la celebra; si algún periodista cuestiona resultados, concluye que existe una campaña en su contra. Poco a poco desaparece la diferencia entre comunicación gubernamental y propaganda, mientras el servidor público pierde contacto con la realidad que existe fuera de su círculo inmediato.
También han cambiado los incentivos políticos. En un ambiente altamente polarizado, reconocer un error parece haberse convertido en señal de debilidad. Rectificar puede interpretarse como concederle razón al adversario. Por eso resulta más rentable mantener la versión original, resistir algunos días y esperar que aparezca otro escándalo que desplace al anterior. Y aparecerá. Vivimos dentro de una trituradora informativa capaz de devorar una crisis cada 24 horas. La memoria pública se ha vuelto extraordinariamente corta y los políticos lo saben.
A eso agreguemos otro ingrediente: las audiencias también se fragmentaron. Antes podía existir una discusión relativamente común sobre determinados acontecimientos. Ahora existen realidades paralelas. Los simpatizantes de un gobierno consumen información que confirma que ese gobierno funciona; sus adversarios consumen otra que demuestra exactamente lo contrario. En medio queda un espacio cada vez más reducido donde todavía pueden discutirse hechos, cifras y responsabilidades. La comunicación política contemporánea aprovecha esa fragmentación: ya no necesita convencer a todos; basta con mantener cohesionada a su propia clientela electoral.
Pero existe una diferencia fundamental que convendría recordar. La crítica periodística no necesariamente tiene razón, pero siempre merece respuesta cuando plantea hechos verificables. Los periodistas podemos equivocarnos, exagerar enfoques, interpretar incorrectamente una información e incluso actuar con prejuicios. Precisamente por eso existen el derecho de réplica, los documentos públicos, las estadísticas y las conferencias de prensa. Un gobierno democrático debería responder una investigación con información, no con etiquetas; una cifra con otra cifra; un documento con otro documento. Cuando el poder sustituye la explicación por la descalificación, quizá gane la discusión de ese día, pero pierde algo mucho más importante: capacidad de corregirse.
Y ahí está el verdadero peligro de inmunizarse ante la crítica. No se perjudica solamente al periodista. Se perjudica el propio gobernante. Porque alrededor del poder siempre habrá suficientes personas dispuestas a decir que todo marcha maravillosamente. Secretarios, asesores, colaboradores, contratistas, dirigentes partidistas, amigos y beneficiarios tienen poderosos incentivos para agradar al jefe. La crítica externa es, paradójicamente, uno de los pocos mecanismos capaces de romper esa burbuja y advertirle que afuera las cosas quizá no funcionan como aparecen en sus informes.
Después de tantos años en el periodismo uno termina comprobando una regla bastante sencilla: los mejores funcionarios no son aquellos de quienes nunca se publica nada negativo. Son quienes todavía conservan la capacidad de preguntarse, después de leer algo que les molesta: “¿Y si tienen razón?”. Los malos gobernantes hacen exactamente lo contrario. Buscan quién escribió, quién habló con él, quién financia el medio y qué intereses existen detrás. Cuando terminan esa investigación sobre el periodista, curiosamente jamás les queda tiempo para investigar el problema denunciado.
Quizá por eso estamos viendo tantos políticos con piel de paquidermo. Han aprendido que una crítica puede soportarse, una tendencia en redes sociales desaparece y un escándalo será sustituido rápidamente por otro. Lo que todavía no parecen comprender es que los problemas que originaron esas críticas no desaparecen con la misma facilidad.
Un bache sigue siendo un bache aunque se bloquee al periodista que lo fotografió. Un homicidio sigue siendo un homicidio aunque se acuse de “golpeteo” al medio que lo publicó. Una irregularidad sigue existiendo aunque el funcionario consiga diez mil comentarios favorables en Facebook.
Y una realidad ignorada, tarde o temprano, termina cobrando intereses.
