PENSIONES Y PRESUPUESTO: EL CONGRESO PONE FRENO AL EJECUTIVO
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 2 de septiembre de 2026
La creación de un Instituto Estatal de Pensiones en Morelos entró en una zona políticamente complicada. El proyecto no ha sido sepultado, pero tampoco encontrará una vía rápida en el Congreso local.
Durante la sesión solemne de apertura del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura, desarrollada este martes, las fuerzas políticas coincidieron en una condición fundamental: ninguna reforma de esta magnitud deberá aprobarse a espaldas de los trabajadores ni mediante un “madruguete” legislativo. La advertencia tiene sentido. Modificar el sistema de jubilaciones implica tocar derechos adquiridos, presupuestos públicos, aportaciones, edades de retiro y obligaciones acumuladas durante décadas.
El posicionamiento más directo provino del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes, quien aseguró que su partido no avalará una nueva Ley de Pensiones sin diálogo y acuerdo previo con los trabajadores. También garantizó el respeto a sus derechos. La postura resulta relevante porque Morena es la principal fuerza dentro del Congreso y cualquier propuesta impulsada desde el Poder Ejecutivo requeriría necesariamente de su respaldo. El mensaje político, por ahora, es claro: no habrá un cheque en blanco para crear el instituto ni para transformar el modelo vigente.
Desde el PRI, Eleonor Martínez Gómez colocó otra condición indispensable: ningún legislador debería votar algo cuyo contenido se desconoce. Su afirmación parece elemental, pero en Morelos no lo es. Existen demasiados antecedentes de reformas aprobadas apresuradamente, con documentos circulados a última hora y sin estudios actuariales suficientes. En el caso de las pensiones, la transparencia no puede limitarse a presentar una iniciativa: deberán conocerse el tamaño real de los pasivos, el costo anual de las jubilaciones, las aportaciones necesarias, el número de beneficiarios y la viabilidad financiera del eventual instituto.
El PAN reivindicó la división de poderes y su función de contrapeso; el PT llamó a construir consensos; Movimiento Ciudadano pidió que el último año legislativo produzca resultados y no quede paralizado por las campañas; mientras el Partido Verde habló de coordinación entre poderes, municipios, organizaciones sociales y ciudadanía. Aunque no todos entraron con la misma precisión al terreno pensionario, el ambiente general fue de cautela. Nadie quiere aparecer públicamente como responsable de una reforma que pueda interpretarse como una disminución de derechos laborales, mucho menos cuando el proceso electoral de 2027 comienza a contaminar prácticamente todas las decisiones públicas.
El cierre de filas legislativo exhibe también el rotundo fracaso de los principales operadores políticos del Poder Ejecutivo, incapaces hasta ahora de construir consensos antes de colocar sobre la mesa un asunto tan delicado. Entre ellos sobresale el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, a quien evidentemente le quedó demasiado grande la silla que dejó vacante, tras su fallecimiento, Juan Salgado Brito. Tampoco consiguieron allanar el camino el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, ni el secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, ya identificado por sus repentinos cambios de ánimo y su inclinación a la confrontación.
Si los principales encargados de dialogar, negociar y explicar el proyecto consiguieron que prácticamente todo el Congreso levantara una barrera preventiva, entonces el problema no radica únicamente en el contenido de la posible reforma. También fallaron la operación política, la interlocución y las formas del gobierno estatal. Antes de pretender el respaldo de los diputados, los operadores del Ejecutivo debieron abrir canales de comunicación con sindicatos, trabajadores, municipios, jubilados y especialistas. No lo hicieron o, si lo intentaron, los resultados están a la vista.
Sin embargo, el fracaso de la operación gubernamental tampoco debe utilizarse como pretexto para la inmovilidad. La crisis pensionaria de Morelos existe y continúa creciendo, aunque el Congreso decida posponerla, el Poder Ejecutivo sea incapaz de construir acuerdos o los partidos intenten administrarla electoralmente. Cada año aumenta el número de jubilados y pensionados; cada año se incrementa la presión sobre el presupuesto estatal y las finanzas municipales. El problema no nació con el actual gobierno ni con esta Legislatura. Es producto de décadas de improvisación, privilegios, jubilaciones controvertidas, ausencia de reservas suficientes y decisiones tomadas pensando exclusivamente en el corto plazo.
Ahí aparece una contradicción que deberá aclararse. Mientras se habla de diálogo y consenso, el Poder Ejecutivo avanza en la conformación de un Registro Estatal de Pensiones. La resistencia de 13 municipios a entregar información sobre sus plantillas, jubilados y pensionados demuestra que ni siquiera existe todavía una radiografía completa y confiable del problema. Ese registro puede ser una herramienta administrativa necesaria, pero también podría convertirse en el primer peldaño para construir el futuro instituto. Antes de discutir una nueva estructura burocrática, Morelos necesita saber cuántos pensionados tiene, cuánto cuestan, qué autoridades pagan y cuál es el pasivo total acumulado.
El eventual Instituto Estatal de Pensiones tampoco debe presentarse como una solución milagrosa. Cambiar el nombre de la ventanilla que paga no crea dinero ni elimina compromisos. Un organismo sin reservas, sin aportaciones suficientes y sin reglas actuariales realistas solamente concentraría la crisis dentro de una nueva institución. Peor todavía: podría convertirse en una caja política, en otra estructura burocrática costosa o en un mecanismo para trasladar a los trabajadores la responsabilidad de un desastre financiero generado por gobiernos, congresos y ayuntamientos.
Tampoco es aceptable que los sindicatos o las fuerzas políticas reduzcan cualquier intento de reforma a una amenaza automática. Defender los derechos adquiridos es absolutamente legítimo; negar la realidad presupuestal sería irresponsable. El consenso no significa que cada sector conservará privilegios insostenibles ni que el Estado podrá continuar pagando indefinidamente sin modificar nada. Significa colocar sobre la mesa información verificable, estudios actuariales independientes y reglas diferenciadas para respetar a quienes ya están jubilados, proteger a quienes se encuentran próximos al retiro y diseñar condiciones sostenibles para las nuevas generaciones.
A esta disputa deberá añadirse muy pronto otro frente de enorme importancia. El Poder Ejecutivo tendría que estar concentrado desde ahora en la elaboración de los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2027, los cuales deberán ser turnados al Congreso estatal a más tardar el próximo 15 de noviembre. Sin embargo, el choque provocado alrededor del Instituto de Pensiones anticipa una negociación presupuestal bastante tensionada. Si los operadores gubernamentales no fueron capaces de generar confianza en este primer asunto, difícilmente encontrarán un camino despejado cuando llegue el momento de discutir ingresos, distribución del gasto, prioridades gubernamentales y recursos para los municipios.
Además, no será una negociación presupuestal cualquiera: ocurrirá con el proceso electoral de 2027 en marcha y con numerosos personajes pensando más en su siguiente candidatura que en la estabilidad financiera de Morelos. De un lado y del otro aparecerán quienes buscarán sacar raja política del conflicto, ya sea condicionando acuerdos, bloqueando partidas o presentándose como defensores de los trabajadores y del erario. El riesgo es que las pensiones terminen convertidas en moneda de cambio dentro de la negociación del presupuesto, cuando deberían abordarse mediante estudios técnicos, transparencia y responsabilidad pública. Si el Ejecutivo llega debilitado y confrontado al 15 de noviembre, la discusión del paquete económico podría transformarse en una prolongada batalla política cuyas consecuencias terminarían pagando los ciudadanos.
El Congreso levantó una barrera contra cualquier imposición. Hizo bien. Pero ahora deberá demostrar que su defensa del diálogo no es una coartada para abandonar el problema hasta después de las elecciones. Las palabras pronunciadas desde la tribuna —consenso, transparencia, sensibilidad, responsabilidad y respeto— tendrán valor únicamente si se traducen en mesas públicas, documentos técnicos y compromisos verificables. No aprobar una mala ley es obligación de los diputados; construir una alternativa viable también lo es.
El Instituto Estatal de Pensiones no debe nacer de un albazo, pero la crisis tampoco puede seguir envejeciendo en los cajones del poder. Morelos necesita una reforma discutida, transparente y socialmente justa, no una ocurrencia administrativa ni una batalla electoral. El Congreso puso el freno y, al hacerlo, dejó al descubierto la ineficacia de quienes debieron negociar antes de confrontar. Falta saber si esta pausa será utilizada para corregir el rumbo o solamente para patear, una vez más, la bomba pensionaria hacia el siguiente gobierno.
