El pus brota en el INE: 27 años de negocios electorales bajo sospecha; Morelos también debería rendir cuentas
LA CRÓNICA DE MORELOS
Jueves 5 de noviembre de 2026
Por Guillermo Cinta Flores
Las revelaciones presentadas este jueves por Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de México, exhiben una presunta red de negocios que habría operado durante casi tres décadas alrededor de las instituciones electorales del país. El escándalo no se limita a Guadalupe Taddei Zavala ni a su antecesor Lorenzo Córdova Vianello: alcanza a una estructura empresarial que atravesó administraciones, reformas electorales y cambios de gobierno, mientras acumulaba contratos por miles de millones de pesos. Y Morelos tiene antecedentes documentales suficientes para exigir una investigación de sus propias contrataciones.
Durante la conferencia presidencial de este 5 de noviembre, Buenrostro presentó una investigación basada en registros públicos que identifica a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas como personajes centrales de un entramado empresarial que habría simulado competencia para obtener contratos de suministro de materiales electorales. Las pesquisas remontan sus antecedentes a 1999, cuando comenzaron a participar como proveedores, aunque sus relaciones dentro del aparato gubernamental datan de los años ochenta, cuando trabajaron en la Secretaría de Gobernación y posteriormente en el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Las cifras son reveladoras. Según la información presentada por la dependencia federal, entre 2014 y 2023 empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas consiguieron contratos por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos en 23 organismos públicos locales electorales. Entre las compañías identificadas figuran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Corporativo Zeg y otras sociedades. El esquema bajo investigación consistía en presentar distintas ofertas aparentemente independientes, aunque las empresas compartían representantes, socios o vínculos empresariales. De confirmarse los acuerdos para manipular adjudicaciones, estaríamos frente a una maquinaria de corrupción sostenida durante años con recursos destinados, paradójicamente, a garantizar la limpieza de nuestras elecciones.
Lo verdaderamente escandaloso es que semejante estructura pudo atravesar gobiernos priistas, panistas y morenistas, además de distintas integraciones de los consejos electorales. El negocio habría sobrevivido a cambios de funcionarios, discursos democratizadores y reformas institucionales. Nadie parece haber tenido suficiente interés en desmantelarlo oportunamente. Es la vieja enfermedad del sistema político mexicano: cambian los nombres, cambian las siglas, cambian los discursos, pero determinadas redes de intereses encuentran la manera de permanecer. Donde se rasca, aparece la podredumbre.
Y aquí surge inevitablemente el caso de Morelos. El pasado 27 de octubre, La Crónica de Morelos publicó una investigación documental que identificó la participación de Cajas Graf en los antecedentes del procedimiento de adquisición de materiales electorales del Impepac para los comicios de 2024. Una precotización de esa compañía, fechada el 18 de septiembre de 2023, fue firmada precisamente por Raymundo Francisco Hernández Casillas y ascendía a aproximadamente 80.68 millones de pesos, IVA incluido. Aunque Cajas Graf no obtuvo aquella adjudicación, su presencia en el expediente constituye un antecedente concreto que ahora adquiere mayor relevancia frente a las revelaciones federales.
En ese mismo procedimiento, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana adjudicó a Litho Formas un contrato inicial por 36 millones 770 mil 154 pesos con 10 centavos, durante la presidencia de Mireya Gally Jordá. La documentación permitió identificar un anticipo superior a 18 millones de pesos y referencias posteriores a posibles ampliaciones contractuales. Debe aclararse que no está acreditado que Litho Formas forme parte de la red empresarial señalada este jueves por Buenrostro, ni que la contratación morelense haya sido ilegal. Sin embargo, el expediente merece una revisión integral para determinar si existió competencia efectiva, cuáles fueron los criterios de adjudicación y cuánto terminó pagando el organismo electoral.
Porque aquí está el punto fundamental: una investigación de esta magnitud no puede quedarse en las oficinas centrales del INE. Si las autoridades federales identificaron contrataciones con 23 organismos electorales estatales durante el periodo examinado, resulta indispensable revisar cuáles participaron, qué empresas fueron favorecidas, quiénes autorizaron los procedimientos y si existieron relaciones indebidas entre proveedores y servidores públicos. En Morelos deben examinarse los expedientes completos del Impepac, no solamente de 2024, sino de procesos electorales anteriores. La revisión debe alcanzar presidencias, áreas administrativas, comités de adquisiciones y órganos de vigilancia, sin convertir las sospechas en condenas anticipadas.
Hay una diferencia jurídica que tampoco debe perderse de vista. La simulación de competencia, los posibles conflictos de interés, la corrupción administrativa y las operaciones financieras irregulares pueden constituir conductas graves, pero no equivalen automáticamente al delito de delincuencia organizada. La propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este jueves que no se había encontrado evidencia que vinculara a los empresarios señalados con alguna organización criminal. Corresponderá a las autoridades investigadoras determinar si existió una estructura delictiva en los términos previstos por la ley, así como las responsabilidades individuales. La indignación pública no sustituye las pruebas, pero tampoco debe convertirse la exigencia de pruebas en un pretexto para dejar de investigar.
Lo que sí resulta políticamente devastador es la posibilidad de que instituciones construidas para proteger la democracia hayan servido también como espacios de negocios particulares. El INE y los organismos electorales locales administran presupuestos considerables, contratan servicios especializados y toman decisiones que difícilmente son comprendidas por la mayoría de los ciudadanos. Esa complejidad administrativa puede convertirse en terreno fértil para la opacidad cuando fallan los mecanismos de supervisión. La autonomía electoral jamás debió significar inmunidad frente a la fiscalización, ni la defensa de las instituciones puede utilizarse para proteger a funcionarios o proveedores de investigaciones legítimas.
Ahora corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, a las autoridades anticorrupción y, cuando existan elementos penales, a la Fiscalía General de la República investigar hasta sus últimas consecuencias. En Morelos, los responsables actuales y anteriores del Impepac tienen una obligación elemental: transparentar sus contrataciones, identificar a los beneficiarios finales de los recursos públicos y explicar cualquier relación que pudiera resultar relevante para estas investigaciones. La cercanía de las elecciones de 2027 vuelve todavía más urgente esa tarea. No sería aceptable organizar nuevos comicios mientras permanecen sin aclaración las dudas razonables sobre negocios electorales anteriores.
La democracia mexicana no solamente puede ser vulnerada mediante la compra de votos, la manipulación de resultados o la intervención indebida de los gobiernos. También puede ser saqueada desde sus propios procedimientos administrativos. Y esa es quizá la enseñanza más perturbadora del caso Hernández Casillas: las instituciones pueden conservar una fachada de legalidad mientras, detrás de sus escritorios, se desarrollan negocios que deben ser investigados. No sabemos todavía cuántos funcionarios participaron en posibles irregularidades ni cuáles responsabilidades podrán acreditarse. Pero sí sabemos algo: después de 27 años de antecedentes bajo escrutinio, sería inadmisible que todo terminara en unas cuantas renuncias, declaraciones indignadas y expedientes archivados. México necesita saber quiénes hicieron negocios indebidos con sus elecciones, quiénes los permitieron y quiénes se beneficiaron. Y Morelos no puede quedar fuera de esa rendición de cuentas.
