¡Crece el escándalo electoral! Hacienda congela cuentas de 40 personas y empresas, en tanto la FGR ya investiga
La investigación sobre presuntas irregularidades en las contrataciones electorales de México dio un giro este miércoles 4 de noviembre, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció la incorporación de 40 personas físicas y morales a su Lista de Personas Bloqueadas, después de detectar operaciones financieras con elementos de riesgo. La decisión ocurre en medio del escándalo que provocó la salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).
La medida comprende a 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales. Además del bloqueo financiero, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá investigar las operaciones detectadas y establecer si existen responsabilidades penales. La Secretaría de Hacienda aclaró que el congelamiento de cuentas constituye una medida administrativa preventiva, no una declaración de culpabilidad.
El caso adquiere mayores dimensiones porque diversos reportajes periodísticos han documentado presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos millonarios para suministrar materiales y servicios electorales. Entre los empresarios mencionados en esas investigaciones figuran los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, relacionados con compañías proveedoras del INE. Medios nacionales como El Universal y Milenio reportaron que las cuentas de ambos, así como las de la expresidenta Guadalupe Taddei, se encuentran entre las bloqueadas, aunque el comunicado oficial de Hacienda no difundió la relación de nombres.
Entre las empresas señaladas en las investigaciones periodísticas aparecen Corporativo Zeg, Cajas Graft, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México y otras compañías relacionadas con suministros electorales. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación pública de que todas ellas formen parte de las 15 personas morales incorporadas a la lista de la UIF. La investigación deberá esclarecer si hubo conflictos de interés, concentración indebida de contratos, operaciones financieras irregulares o posibles desvíos de recursos públicos.
La intervención de Hacienda coincide con otra decisión de gran alcance: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión de las contrataciones realizadas entre 2000 y 2025 por el antiguo Instituto Federal Electoral, el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). La ASF informó que sus trabajos han identificado múltiples irregularidades históricas relacionadas con el ejercicio del gasto público. Por su parte, el Órgano Interno de Control del INE ha puesto bajo revisión contratos con proveedores cuestionados por alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, cifra que no debe confundirse con un monto de recursos desviados o un daño patrimonial acreditado.
El contexto financiero es especialmente relevante. Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE, informó que cinco empresas concentraron contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, tanto con el organismo federal como con institutos electorales locales de al menos 20 entidades. También dio a conocer la existencia de 18 expedientes administrativos: 13 en investigación y cinco en procedimientos de responsabilidad por posibles conflictos de interés. Estos hallazgos todavía no constituyen sentencias ni acreditan delitos.
El escándalo también obliga a revisar las contrataciones electorales en Morelos. La investigación anunciada por la ASF incluye a los organismos públicos locales, por lo que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) se encuentra dentro del universo institucional susceptible de revisión. Será necesario establecer qué empresas suministraron boletas, urnas, mamparas y otros materiales en anteriores procesos electorales, cuáles fueron los montos contratados y si alguna mantiene relaciones comerciales con los grupos empresariales investigados. Hasta ahora no existe confirmación de que funcionarios o proveedores del Impepac estén incluidos en la lista de bloqueados.
La investigación adquiere importancia adicional ante las elecciones de 2027, cuando Morelos renovará ayuntamientos y diputaciones. El señalamiento de posibles mecanismos de concentración de contratos y conflictos de interés plantea interrogantes sobre la transparencia del dinero público destinado a organizar las votaciones. La revisión de proveedores, beneficiarios reales de las empresas y procedimientos de adjudicación será fundamental para descartar o acreditar irregularidades.
Con las cuentas bloqueadas, una denuncia presentada ante la FGR y una revisión histórica de 25 años de contrataciones, el caso dejó de limitarse a los señalamientos periodísticos contra la administración de Guadalupe Taddei. Ahora corresponde a las autoridades financieras, ministeriales y fiscalizadoras determinar quiénes participaron en operaciones irregulares, cuánto dinero estuvo involucrado y si existieron conductas delictivas. Lo que está en juego no es únicamente el destino de contratos millonarios, sino la confianza pública en las instituciones encargadas de organizar las elecciones mexicanas.
