FGR investiga abuso de la Guardia Nacional que derivó en el asesinato de tres personas en Puente de Ixtla, Morelos, entre ellas el estudiante poblano Oscar Javier Ortiz Figueroa
Elementos de la Guardia Nacional dispararon contra una camioneta Seat Cupra, de modelo reciente, en un retén instalado en la carretera Tehuixtla-Puente de Ixtla, a la altura de la colonia Jardines de La Herradura, en Puente de Ixtla, Morelos. Este hecho provocó la muerte de tres personas, entre ellas el estudiante poblano Óscar Javier Ortiz Figueroa, de 25 años, quien cursaba la Licenciatura en Odontología en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
Los hechos ocurrieron la madrugada del 7 de junio de 2026 y dejaron además otras dos víctimas.
La Fiscalía General del Estado de Morelos entregó el cuerpo de Óscar Javier a sus familiares este 13 de junio y declinó la competencia del caso, transfiriéndolo a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la participación de servidores públicos federales y el uso de armas de uso exclusivo del Ejército o la Guardia Nacional.
Versiones preliminares y videos de cámaras de vigilancia que circulan en redes muestran el vehículo circulando a velocidad moderada cuando recibe múltiples impactos de bala desde la zona del retén, lo que generó cuestionamientos sobre una actuación irregular o uso excesivo de la fuerza.
Supuestamente, la FGR ya tiene a su cargo la carpeta de investigación completa, que incluye periciales de balística, procesamiento de la escena y testimonios.
Hasta el momento no hay detenidos reportados públicamente y las autoridades federales no han emitido un comunicado detallado que confirme o descarte la responsabilidad de los elementos en el retén. El caso se encuentra en fase preliminar, con énfasis en determinar si se trató de una confusión operativa por no acatamiento del alto o de un uso desproporcionado de la fuerza. Como suele suceder en torno a los abusos de autoridad de elementos federales, las instancias ministeriales mantienen profundo hermetismo y la evidente cerrazón.
Este traslado a la FGR es un procedimiento estándar en casos que involucran fuerzas federales y presuntos abusos. Organismos de derechos humanos y la comunidad universitaria de la UPAEP han exigido celeridad, transparencia y justicia. La investigación continúa en curso y se esperan avances oficiales en los próximos días o semanas.
