Gobernabilidad y gobernanza en Morelos: balance crítico de casi dos años del gobierno de Margarita González Saravia (Primera de dos partes)
LA CRÓNICA DE MORELOS
Miércoles 19 de agosto de 2026
Gobernabilidad y gobernanza están íntimamente relacionadas, pero no significan lo mismo. La gobernabilidad se refiere, esencialmente, a la capacidad de un gobierno y de un sistema político para ejercer autoridad legítima, procesar conflictos, tomar decisiones, hacerlas cumplir y mantener condiciones razonables de estabilidad social e institucional. Un gobierno tiene gobernabilidad cuando consigue aprobar presupuestos, mantener relaciones funcionales con otros poderes, evitar una crisis política permanente, conservar suficiente respaldo ciudadano y operar regularmente las instituciones.
La gobernanza, en cambio, se refiere menos a cuánto puede mandar un gobierno y más a cómo, con quién y bajo qué mecanismos gobierna. Parte de la idea de que las decisiones públicas no deben ser resultado exclusivo del Poder Ejecutivo, sino de la interacción entre gobierno, municipios, Poder Legislativo, organismos autónomos, ciudadanía, universidades, empresarios, organizaciones sociales y otros actores. Entre sus componentes fundamentales se encuentran la participación, inclusión, transparencia, rendición de cuentas, coordinación, eficacia y Estado de derecho.
La diferencia puede sintetizarse de una manera sencilla: la gobernabilidad pregunta si se puede gobernar; la gobernanza pregunta cómo, con quién y bajo qué reglas se gobierna.
Esta distinción resulta particularmente útil para analizar la situación de Morelos. Margarita González Saravia asumió la gubernatura el 1 de octubre de 2024. Al 19 de agosto de 2026 han transcurrido aproximadamente 22 meses de su administración. El periodo es suficientemente amplio para comenzar a distinguir entre los problemas heredados, las decisiones adoptadas por el nuevo gobierno y los resultados que razonablemente ya pueden exigírsele.
Los elementos de la gobernabilidad
Para efectos de este análisis pueden identificarse siete grandes componentes de la gobernabilidad: legitimidad y respaldo social; estabilidad política; capacidad institucional; seguridad y Estado de derecho; capacidad para procesar conflictos; relaciones con los demás poderes y órdenes de gobierno; y eficacia de las políticas públicas.
La primera conclusión es importante: Morelos no atraviesa actualmente una crisis general de gobernabilidad, entendida ésta como parálisis institucional, ruptura entre poderes o imposibilidad material del Ejecutivo para ejercer sus atribuciones. Sin embargo, tampoco puede afirmarse que exista una gobernabilidad plenamente sólida. Su principal punto vulnerable es muy claro: la seguridad, la procuración de justicia y la penetración de organizaciones criminales en determinadas estructuras municipales, problemas que pueden terminar erosionando los demás componentes de la gobernabilidad si no son contenidos.
Legitimidad y respaldo ciudadano: de la luna de miel a una sociedad más dividida
Margarita González Saravia inició su administración con un respaldo ciudadano considerable. Una medición de De las Heras Demotecnia difundida en enero de 2025 situó su aprobación en 64 por ciento después de sus primeros meses de gobierno. Para noviembre de 2025, una medición de Mitofsky la ubicaba en aproximadamente 50.7 por ciento. En julio de 2026, Demoscopia Digital reportó alrededor de 49.5 por ciento de aprobación.
Estas encuestas utilizan metodologías diferentes y, por lo tanto, no sería estadísticamente correcto construir una línea descendente exacta comparando directamente sus porcentajes. Sin embargo, tomadas como indicadores del clima político sí permiten identificar una tendencia general: el amplio margen inicial se ha reducido y la opinión pública parece encontrarse hoy mucho más dividida respecto de la gestión.
En cierta medida, esto es normal después del periodo inicial de cualquier gobierno. En Morelos, sin embargo, la erosión de la aprobación parece relacionarse especialmente con la inseguridad y con acontecimientos de enorme impacto social: asesinatos, feminicidios, extorsiones y casos de presunta infiltración criminal en gobiernos municipales.
Las redes sociales amplifican estos fenómenos, aunque sería metodológicamente incorrecto considerar Facebook, X, Instagram o TikTok como encuestas representativas de la sociedad morelense. En ellas existe una presencia considerable de opiniones críticas hacia la administración, particularmente alrededor de seguridad, transporte y resultados gubernamentales, pero también operan algoritmos que privilegian los contenidos polémicos y negativos.
Por tanto, en materia de legitimidad y respaldo ciudadano, la situación puede calificarse como media: el gobierno conserva una base importante de apoyo, pero ya no parece disponer del amplio crédito político de sus primeros meses.
Estabilidad política y relación con el Congreso: uno de sus mejores rubros
Aquí el balance resulta bastante más favorable. Durante estos casi dos años no se observa una confrontación estructural entre Ejecutivo y Legislativo capaz de paralizar al Estado. Por el contrario, existen diversos indicios de una relación institucional funcional.
Uno particularmente significativo fue la aprobación por unanimidad del Paquete Económico 2026 en el Congreso local. El Ejecutivo también ha mantenido actividad legislativa y en febrero de 2026 el Congreso dio entrada a diversas iniciativas presentadas por la gobernadora, entre ellas legislación relacionada con la extorsión.
González Saravia compareció además personalmente ante el Congreso para presentar los resultados de su primer año de administración, recuperando una práctica institucional que durante años había sido abandonada por los titulares del Ejecutivo estatal.
Desde la óptica de la gobernabilidad esto es relevante. Un Ejecutivo capaz de relacionarse institucionalmente con el Congreso, obtener la aprobación de presupuestos y promover reformas conserva capacidad política para gobernar.
En este componente, el balance puede calificarse como medio-alto.
Capacidad institucional: reconstrucción visible, pero todavía no consolidada
Una parte relevante del discurso gubernamental ha consistido en “ordenar la casa” después de la administración de Cuauhtémoc Blanco. El actual gobierno presentó denuncias penales y administrativas relacionadas con presuntas irregularidades cometidas durante la administración anterior.
Este punto merece una lectura objetiva. Investigar posibles irregularidades de un gobierno precedente —incluso tratándose de un exgobernador perteneciente al mismo movimiento político— constituye una señal favorable de responsabilidad institucional si las investigaciones llegan hasta sus consecuencias jurídicas.
Si, por el contrario, permanecen exclusivamente como denuncias públicas sin determinación de responsabilidades, su valor en términos de rendición de cuentas disminuirá considerablemente.
También existen indicadores favorables en materia administrativa y de fiscalización de recursos públicos. El gobierno estatal informó durante 2026 sobre la acreditación ante la Auditoría Superior de la Federación del manejo de miles de millones de pesos de recursos federales transferidos a los municipios correspondientes a la Cuenta Pública 2025.
Por ello, en capacidad administrativa y reorganización institucional puede reconocerse un avance, aunque todavía resulta demasiado temprano para hablar de una transformación estructural.
El gran problema de gobernabilidad: seguridad y Estado de derecho
Aquí se encuentra la principal debilidad de la administración.
La propia gobernadora reconoció públicamente en abril de 2026 que la estrategia de seguridad desarrollada hasta entonces no había producido los resultados esperados y anunció una reformulación. Posteriormente presentó la estrategia denominada “Morelos por la Seguridad”, articulada alrededor de diez líneas de acción y coordinada con la estrategia federal.
Reconocer que una estrategia no funcionó y modificarla no debe interpretarse necesariamente como una debilidad política. Por el contrario, puede demostrar capacidad de rectificación. Pero también constituye el reconocimiento de que durante una parte importante de los primeros dos años el modelo aplicado no produjo los resultados requeridos.
El gobierno ha sostenido posteriormente que determinados delitos han registrado disminuciones, entre ellos el robo de vehículo y el homicidio doloso. Sin embargo, la gobernabilidad en materia de seguridad no puede evaluarse exclusivamente mediante cifras agregadas. También importa la capacidad del Estado para mantener el control territorial, proteger a las instituciones y evitar la penetración criminal de las autoridades.
Y allí aparecen señales particularmente preocupantes.
La Operación Enjambre, realizada en Morelos durante 2026, llevó a detenciones e investigaciones contra autoridades municipales y servidores públicos por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Las investigaciones alcanzaron gobiernos municipales de diferentes filiaciones políticas.
El caso de Cuautla resulta especialmente preocupante por las investigaciones relacionadas con la posible penetración de organizaciones criminales en actividades económicas y estructuras municipales.
A ello se sumó el asesinato, en julio de 2026, del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, dentro del propio Ayuntamiento.
Estos acontecimientos poseen una importancia especial desde la perspectiva de la gobernabilidad: cuando el problema deja de ser únicamente la existencia de delincuencia y comienza a existir evidencia o sospechas fundadas de penetración criminal en gobiernos, policías, funcionarios o actividades públicas, el fenómeno se convierte en una amenaza directa al Estado.
En este rubro, la evaluación debe considerarse baja, aunque con una precisión indispensable: muchos de estos fenómenos preceden al actual gobierno. No puede atribuirse a Margarita González Saravia la creación de estructuras criminales que llevan años operando en Morelos.
Sin embargo, después de casi dos años, sí corresponde evaluar a su administración por su capacidad para debilitarlas, contenerlas y recuperar espacios institucionales y territoriales.
Feminicidios: cuando la seguridad afecta directamente la legitimidad
Los asesinatos de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos durante 2026 provocaron una crisis social particularmente delicada. Los feminicidios de Kimberly Ramos y Karol Toledo generaron protestas, suspensión de actividades y movilizaciones universitarias. Posteriormente, otros casos volvieron a colocar la violencia contra las mujeres en el centro de la opinión pública.
El gobierno respondió ofreciendo fortalecer vigilancia, cámaras, módulos y coordinación con la Universidad. También ha informado sobre nuevas acciones de coordinación con autoridades federales para atender la Alerta de Violencia de Género.
Sin embargo, existió un problema de comunicación política cuando González Saravia habló de “oportunismo político” alrededor de algunas protestas.
Independientemente de que efectivamente puedan existir actores interesados en capitalizar políticamente cualquier conflicto, cuando existe una movilización motivada por feminicidios, la respuesta institucionalmente más eficaz consiste en separar la eventual manipulación política de la legitimidad de la demanda original.
Un gobierno puede cuestionar el aprovechamiento partidista de una tragedia, pero debe evitar que esa discusión desplace el problema central: garantizar seguridad, procurar justicia y dar resultados.
Aquí existe una oportunidad clara de corrección.
