Hasta inicios del presente mes de octubre, en Morelos se habían cometido 97 feminicidios, según datos del IMM
Hasta principios de octubre de 2024, en Morelos se han registrado 97 feminicidios, según el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos (IMM). Esta cifra refleja un aumento del 40% en comparación con el año anterior, y coloca al estado entre las entidades con mayor incidencia de feminicidios en México. A pesar de las iniciativas, como la Alerta de Violencia de Género que ha estado activa desde 2015, la violencia de género continúa siendo un problema crítico en la región.
El feminicidio, definido como el asesinato de una mujer por razones de género, tiene profundas repercusiones sociales que afectan no solo a las víctimas directas y sus familias, sino también a la sociedad en su conjunto. A continuación se detallan algunas de las repercusiones más significativas:
El feminicidio deja una profunda cicatriz en las familias de las víctimas, que enfrentan no solo la pérdida de un ser querido, sino también la sensación de impunidad y abandono por parte de las autoridades. Esto genera una combinación de dolor, impotencia y rabia que a menudo lleva a familiares y amigos a realizar manifestaciones y exigir justicia, como ocurre en Morelos y otros estados de México. Además, las comunidades pueden experimentar una sensación de inseguridad, ya que estos crímenes suelen suceder en contextos donde la violencia de género no es adecuadamente abordada por las autoridades.
El aumento de los feminicidios también tiene un impacto en la percepción de la seguridad pública. Las mujeres, en particular, pueden sentirse más vulnerables y en riesgo en sus entornos cotidianos, limitando su movilidad y su participación en la vida social y económica. En Morelos, a pesar de la Alerta de Violencia de Género, muchas mujeres continúan enfrentando peligros que afectan su calidad de vida y su libertad de movimiento.
La falta de justicia en muchos casos de feminicidio contribuye a la erosión de la confianza en las instituciones gubernamentales, especialmente en el sistema judicial y las fuerzas de seguridad. En Morelos, donde una gran parte de los feminicidios permanece impune, los colectivos feministas han denunciado la falta de detenciones y el pobre seguimiento de los casos. Esta impunidad refuerza la percepción de que las autoridades no toman en serio la violencia de género, lo que socava la legitimidad del estado y sus esfuerzos por proteger a sus ciudadanos.
El aumento de feminicidios ha impulsado el crecimiento de movimientos sociales y feministas que exigen cambios estructurales para abordar la violencia de género. En Morelos y otros estados de México, colectivos como “Divulvadoras” o el Comité de Feminicidios se han fortalecido en su lucha por visibilizar estos crímenes y exigir respuestas contundentes de las autoridades. Estos movimientos han jugado un papel clave en la presión por reformas legales y políticas que aborden la violencia contra las mujeres.
La violencia de género, incluyendo el feminicidio, tiene un efecto negativo en el desarrollo social y económico. La pérdida de vidas humanas y el miedo constante que sienten muchas mujeres limitan su participación en actividades económicas y sociales, lo que afecta la productividad y el bienestar general de la sociedad. En contextos donde la violencia es más prevalente, también se generan costos indirectos relacionados con la atención médica, el sistema judicial y los recursos para la prevención de la violencia.
En resumen, el feminicidio no solo representa una tragedia individual, sino que también tiene profundas repercusiones a nivel social, afectando a la cohesión comunitaria, la percepción de seguridad y la confianza en las instituciones. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades agrava estos efectos, lo que resalta la necesidad urgente de políticas públicas más robustas y coordinadas para erradicar este fenómeno.
