La Cazahuatera: el megaproyecto inmobiliario que desató una batalla ambiental en Cuernavaca y al que se oponía Gabriel Rivas Ríos
La disputa por casi cinco hectáreas de vegetación nativa, donde una empresa pretende levantar seis torres de departamentos y un complejo de hospedaje turístico, se ha convertido en uno de los conflictos ambientales, urbanos y jurídicos más importantes de Cuernavaca. Gabriel Rivas Ríos, regidor municipal y luchador social asesinado este miércoles en Ejidos de Acapantzingo, participaba activamente en la oposición al proyecto. Apenas el pasado 30 de octubre había encabezado una movilización contra las decisiones judiciales que favorecen a la inmobiliaria.
La Cazahuatera, también denominada La Casahuatera en diversos documentos y publicaciones, es un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en la zona de Flores Magón, cerca de la intersección del Paso Exprés con Paseo Cuauhnáhuac, al oriente de Cuernavaca.
Su importancia radica en que conserva un fragmento de selva baja caducifolia, ecosistema característico de Morelos, donde numerosas especies de árboles pierden sus hojas durante la temporada de sequía y recuperan su follaje con las lluvias.
De acuerdo con las organizaciones ambientalistas y especialistas que han estudiado el sitio, allí sobreviven aproximadamente 1,600 árboles nativos, además de vegetación y fauna asociadas.
Se trata de uno de los remanentes de este ecosistema dentro de la zona urbana de Cuernavaca, una ciudad donde el crecimiento inmobiliario, la ampliación de vialidades y la transformación del suelo han reducido considerablemente los espacios naturales.
La Cazahuatera cumple, según sus defensores, funciones de conservación de biodiversidad, infiltración de agua de lluvia, regulación de temperatura y conectividad ecológica.
Por eso, el conflicto no consiste únicamente en decidir qué puede construirse en un terreno privado. También está en discusión qué espacios naturales deben conservarse frente al crecimiento de la ciudad.
¿Qué pretende construir la empresa inmobiliaria?
El proyecto se denomina Altoverde y es promovido por Portenta Hábitat, marca vinculada, según investigaciones publicadas, con Magnetic Construye, S.A. de C.V.
Los documentos y reportes difundidos sobre el desarrollo contemplan seis torres residenciales de hasta 15 niveles, con alrededor de 360 departamentos y un componente de suites destinadas al hospedaje o renta vacacional. Las publicaciones han manejado cifras distintas, de 60 a 80 suites, por lo que el número definitivo debe comprobarse en el expediente técnico más reciente.
Los departamentos estarían dirigidos a un segmento inmobiliario de capacidad adquisitiva media-alta y alta. Una investigación publicada en julio de 2026 señaló precios proyectados de entre 2.7 y 6.1 millones de pesos por unidad.
La construcción implicaría transformar sustancialmente un predio que actualmente conserva vegetación natural, para introducir edificios, vialidades internas, estacionamientos y servicios.
A ello se suma una preocupación importante: el impacto sobre el suministro de agua potable, drenaje, circulación vehicular y energía eléctrica en una zona que ya enfrenta presión sobre su infraestructura urbana.
¿Por qué se oponen los ambientalistas y vecinos?
La oposición tiene fundamentos que van más allá de la preocupación por la desaparición de árboles.
El principal argumento se encuentra en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca, conocido como POET.
Los ambientalistas sostienen que La Cazahuatera se encuentra dentro de la Unidad de Gestión Ambiental 139, cuya regulación no permite establecer asentamientos humanos en ese espacio.
En términos sencillos, argumentan que no basta con demostrar la propiedad legal del terreno: también debe acreditarse que el uso habitacional es compatible con las disposiciones ambientales que regulan esa superficie.
La movilización ha reunido a organizaciones como Ecobarrancas, Guardianes de los Árboles, la Asociación de Colonos de Vista Hermosa y Reforma y otros grupos ciudadanos.
Uno de los respaldos más significativos provino de 79 integrantes del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, quienes, junto con otros especialistas, solicitaron proteger el predio.
Entre sus propuestas destaca que La Cazahuatera sea declarada Área Natural Protegida y convertida en un jardín botánico temático, con posibilidades de investigación, educación ambiental y aprovechamiento recreativo compatible con su conservación.
La controversia jurídica: ¿está autorizado el desarrollo?
Este es uno de los aspectos más importantes para comprender el conflicto.
El proyecto ha avanzado en determinados procedimientos administrativos, pero eso no significa que cuente con todas las autorizaciones necesarias para comenzar la construcción.
Existe una licencia de uso de suelo fechada el 19 de enero de 2026, mencionada en las resoluciones y reportes del litigio.
Sin embargo, la autoridad ambiental municipal negó la Licencia Ambiental al proyecto, al considerar que las disposiciones de ordenamiento ecológico impiden el desarrollo habitacional en ese sitio.
Posteriormente, el Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos concedió una suspensión favorable a la inmobiliaria, que le permite continuar con determinados trámites y gestiones.
Aquí está la diferencia fundamental: una suspensión judicial que permite continuar procedimientos administrativos no equivale, por sí misma, a una autorización definitiva para construir.
La decisión del tribunal, presidido por Guillermo Arroyo Cruz, provocó inconformidad entre ambientalistas, quienes consideran que podría facilitar el avance del desarrollo pese a las restricciones ecológicas.
El Ayuntamiento de Cuernavaca ha manifestado que continuará defendiendo jurídicamente las limitaciones ambientales aplicables al predio.
Por su parte, el secretario estatal de Desarrollo Sustentable, Alan Dupré, declaró el 3 de noviembre que el proyecto todavía no reúne las condiciones para obtener autorización ambiental estatal, particularmente por las restricciones aplicables a los asentamientos humanos.
En consecuencia, al 4 de noviembre la controversia legal permanecía abierta y no existía evidencia suficiente para afirmar que la inmobiliaria tenía autorización integral para iniciar obras.
Gabriel Rivas Ríos: una de las voces más combativas contra el proyecto
La participación de Gabriel Rivas Ríos en este conflicto resulta particularmente relevante después de su asesinato, ocurrido la tarde del miércoles 4 de noviembre en Ejidos de Acapantzingo.
El regidor de Morena, exdiputado local y fundador de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado se había sumado públicamente a las movilizaciones para impedir que avanzara Altoverde.
El 30 de octubre encabezó una marcha que partió de El Calvario hasta las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa, donde los manifestantes exigieron explicaciones sobre la suspensión concedida a la empresa.
Su posición no se limitaba a cuestionar la afectación ambiental. También exigía transparencia sobre las autorizaciones municipales y la intervención de las autoridades encargadas de resolver el conflicto.
Un dato especialmente significativo es que, este mismo 4 de noviembre, horas antes de su asesinato, Rivas Ríos continuaba denunciando presuntas irregularidades relacionadas con el desarrollo inmobiliario.
De acuerdo con reportes de La Jornada y de la agencia Reforma, el regidor acudió al Tribunal de Justicia Administrativa para revisar el estado de los procedimientos relacionados con La Cazahuatera.
También hizo señalamientos públicos contra presuntos intereses empresariales y políticos detrás de proyectos inmobiliarios en Cuernavaca, a los que llegó a calificar como parte de un supuesto cártel inmobiliario. Se trata de acusaciones del propio regidor, no de hechos acreditados judicialmente.
Horas después, aproximadamente a las 16:00 horas, fue atacado a balazos cuando se encontraba en su vehículo sobre la calle Del Ejido, en Acapantzingo.
La gobernadora Margarita González Saravia confirmó su fallecimiento y ordenó coordinación institucional para esclarecer el crimen.
¿Tiene relación el asesinato con La Cazahuatera?
Esta es una pregunta inevitable, pero debe abordarse con especial responsabilidad periodística.
Existen hechos comprobables: Gabriel Rivas Ríos era opositor al proyecto, participó en movilizaciones contra su desarrollo y había realizado señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades inmobiliarias. También había denunciado amenazas vinculadas con otras actividades de su trayectoria política y social.
Sin embargo, hasta la información disponible este miércoles, ninguna autoridad había demostrado que su asesinato estuviera relacionado con La Cazahuatera, con la empresa desarrolladora o con las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa.
Tampoco se habían comunicado detenciones ni identificado oficialmente el móvil.
Por ello, sería incorrecto atribuir responsabilidades a empresarios, funcionarios o cualquier otra persona únicamente por su participación en la controversia inmobiliaria.
Lo que sí resulta pertinente es exigir que la Fiscalía General del Estado investigue las distintas actividades públicas de Rivas Ríos, sus denuncias, las amenazas que dijo haber recibido y los conflictos en los que participaba, sin descartar anticipadamente ninguna línea de investigación.
¿Qué sigue para La Cazahuatera?
La controversia está lejos de concluir.
Para el jueves 5 de noviembre, organizaciones ambientalistas y ciudadanos habían anunciado una nueva movilización ante el Tribunal de Justicia Administrativa para exigir respeto al ordenamiento ecológico.
Las cuestiones pendientes son fundamentales: determinar la validez y los alcances de la licencia de uso de suelo, establecer si el proyecto puede cumplir las disposiciones ambientales, resolver las impugnaciones judiciales y conocer si existe alguna posibilidad legal de conservar el predio como área protegida.
También será indispensable transparentar el expediente inmobiliario: quiénes son los propietarios, cuáles son las empresas responsables, qué autorizaciones han solicitado, cuáles se les han concedido y cuáles han sido rechazadas.
La documentación conocida permite identificar el proyecto, sus promotores comerciales y las controversias ambientales, pero no basta para determinar de manera completa la estructura de propiedad del terreno ni posibles relaciones empresariales o políticas.
Una disputa que ya trasciende lo inmobiliario
La Cazahuatera representa uno de los dilemas más complejos del desarrollo urbano de Cuernavaca: el derecho a aprovechar una propiedad privada frente a la obligación de proteger el medio ambiente y respetar los instrumentos de ordenamiento territorial.
No todo desarrollo inmobiliario es necesariamente perjudicial, pero tampoco cualquier inversión debe aprobarse por el simple hecho de generar actividad económica. Las reglas urbanísticas y ambientales existen precisamente para establecer dónde, cómo y bajo qué condiciones puede construirse.
El asesinato de Gabriel Rivas Ríos incorpora una dimensión especialmente delicada a este escenario. Su muerte no demuestra que exista una conexión criminal con el conflicto, pero obliga a examinar con rigor los antecedentes de una confrontación que había adquirido notoriedad pública y en la que el regidor desempeñó un papel visible.
La Cazahuatera ya no puede analizarse solamente como un proyecto de departamentos. Es también un caso que pone a prueba la legalidad de las decisiones administrativas, la independencia de las instituciones jurisdiccionales, la protección del patrimonio ambiental y las garantías que deben tener los ciudadanos para defender causas públicas sin intimidaciones ni violencia.
El reto para las autoridades será resolver la controversia conforme a derecho y, paralelamente, esclarecer quién ordenó y ejecutó el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, sin fabricar conexiones ni excluir líneas de investigación por razones políticas.
Porque Cuernavaca necesita respuestas sobre el futuro de La Cazahuatera, pero también justicia por la muerte de uno de los personajes que se involucraron en su defensa.
