LA CAZAHUATERA: NO PASARÁ ABSOLUTAMENTE NADA

OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 10 de noviembre de 2026

A comienzos de 2003, durante el gobierno de Sergio Estrada Cajigal Ramírez, Morelos vivió un conflicto social que hoy viene a mi memoria por su extraordinario parecido político con lo que sucede en La Cazahuatera. Me refiero a la resistencia de los comuneros de Ocotepec contra la construcción de una tienda Soriana en un enorme predio ubicado al norte de Cuernavaca, cerca de la actual Universidad Latina. Los comuneros reclamaban aquellas tierras como suyas, mientras la empresa pretendía desarrollar un centro comercial con el respaldo que, según denunciaban los inconformes, recibía de las autoridades. Cuando ingresó la maquinaria, los pobladores se movilizaron, ocuparon el terreno y consiguieron detener los trabajos. El conflicto se prolongó y adquirió dimensiones que iban mucho más allá de una inversión comercial. Estaban de por medio la propiedad de la tierra, la dignidad de una comunidad y la capacidad del gobierno para impedir que una controversia terminara en una confrontación de mayores proporciones.

Por aquellos días conversé sobre el asunto con el siempre bien recordado ingeniero y licenciado Marcos Manuel Suárez Ruiz, hombre de inteligencia privilegiada, enorme experiencia y extraordinaria claridad para interpretar los acontecimientos políticos. Sin rodeos, me dijo: “Estrada Cajigal debe ordenar la cancelación del proyecto. Soriana tiene miles de millones de pesos, por lo cual la medida no le ocasionará mayores daños”. Aquella expresión encerraba una profunda enseñanza sobre el ejercicio del poder: ningún negocio, por cuantiosa que sea su inversión, debe colocarse por encima de la tranquilidad social. Desconozco si semejante razonamiento llegó alguna vez a oídos del entonces gobernador, pero lo cierto es que el proyecto no prosperó. Hay un dato histórico que conviene incorporar: el 28 de abril de 2004, el Tribunal Unitario Agrario resolvió restituir a los comuneros 38 mil 374 metros cuadrados de la superficie disputada. La movilización comunitaria y la vía judicial terminaron imponiéndose sobre las pretensiones comerciales.

¿Y qué ocurrió después? Absolutamente ninguna catástrofe económica. Soriana no abandonó Morelos, no desaparecieron las oportunidades de inversión ni Cuernavaca quedó condenada al aislamiento comercial. Por el contrario, la cadena continuó expandiéndose en la capital y su zona metropolitana. Ahí están sus establecimientos para demostrarlo. Quienes entonces advertían que impedir aquella construcción enviaría un mensaje desastroso a los inversionistas terminaron desmentidos por la realidad. La inversión privada no es incompatible con el respeto a los derechos colectivos, como tampoco la autoridad está obligada a respaldar cualquier proyecto empresarial por el solo hecho de representar dinero. A veces, gobernar significa precisamente decir que no, aun cuando ese rechazo incomode a poderosos intereses económicos.

Traigo a colación aquel episodio porque este martes 10 de noviembre de 2026, la gobernadora Margarita González Saravia anunció su decisión de impulsar la expropiación del predio conocido como La Cazahuatera, en el oriente de Cuernavaca, para preservar su riqueza ambiental y garantizar que permanezca como un espacio verde de beneficio colectivo. Se trata de una determinación políticamente importante, ambientalmente justificada y socialmente necesaria. En ese terreno, donde subsisten ejemplares de selva baja caducifolia, la empresa Portenta Hábitat promueve el desarrollo inmobiliario Altoverde, un conjunto proyectado de seis torres residenciales, aproximadamente 360 departamentos y decenas de suites para hospedaje. La controversia ha llegado incluso al Tribunal de Justicia Administrativa, mientras organizaciones ambientalistas y vecinos han sostenido una prolongada lucha contra la urbanización del predio.

La decisión de González Saravia adquiere todavía mayor trascendencia por el asesinato, ocurrido el pasado 4 de noviembre, del regidor y luchador social Gabriel Rivas Ríos, quien había convertido la defensa de La Cazahuatera en una de sus principales causas. Su muerte sacudió a Cuernavaca y colocó el conflicto en una dimensión particularmente delicada. La gobernadora ha expresado que la expropiación responde también a la palabra empeñada por Gabriel y a las demandas de las organizaciones ambientalistas. Desde luego, sería irresponsable establecer una relación criminal entre el homicidio y los intereses inmobiliarios sin pruebas concluyentes. La propia empresa Portenta condenó el asesinato y rechazó cualquier vinculación con esos hechos. Corresponde exclusivamente a la Fiscalía esclarecer el crimen, identificar a sus responsables y llevarlos ante la justicia. Pero una cosa es la investigación penal y otra la obligación política de resolver un conflicto social que ya había alcanzado niveles preocupantes.

Como sucedió con Soriana hace más de dos décadas, seguramente aparecerán voces advirtiendo que la expropiación de La Cazahuatera ahuyentará capitales, deteriorará la confianza empresarial o proyectará una imagen negativa de Morelos. No comparto semejante interpretación. Portenta es una empresa dedicada al negocio inmobiliario y, como cualquier desarrolladora, tiene capacidad para buscar otras oportunidades de inversión. No afirmo que perder este proyecto carezca de consecuencias económicas para ella, porque eso dependerá de sus compromisos financieros y derechos legalmente acreditados. Lo que sostengo es que ningún desarrollo inmobiliario resulta indispensable para la economía de Morelos, y mucho menos cuando su ejecución provoca una confrontación social de semejante magnitud. Defender la inversión no significa otorgarle una patente de corso para imponerse sobre el interés público.

Existe, además, una diferencia sustancial entre aquella controversia de Ocotepec y la situación actual. En el primer caso se discutía la propiedad comunal de la tierra y terminó interviniendo la justicia agraria. En La Cazahuatera hablamos de un predio considerado propiedad privada, cuya conservación pretende garantizarse mediante la figura constitucional de la expropiación por causa de utilidad pública. Por ello, la decisión de la gobernadora tendrá que traducirse en un procedimiento jurídicamente sólido, con la debida fundamentación, el cumplimiento de las formalidades legales y la indemnización que corresponda. El anuncio constituye un primer paso, no una expropiación consumada. También habrá que resolver los litigios administrativos existentes. Una buena decisión política puede fracasar si se ejecuta deficientemente en los tribunales.

Más allá de esos procedimientos, hay una cuestión de fondo que merece reconocerse. Cuernavaca ha perdido durante décadas importantes extensiones de vegetación por un crecimiento urbano frecuentemente desordenado, acompañado de problemas de abastecimiento de agua, movilidad, drenaje y deterioro ambiental. ¿De verdad necesita otra concentración de edificios en un espacio natural cuya conservación demandan numerosos ciudadanos? ¿No resultaría más conveniente asegurar que esas hectáreas permanezcan como patrimonio ambiental de las generaciones futuras? El progreso de una ciudad no puede medirse exclusivamente por la cantidad de cemento que acumula ni por el número de departamentos que incorpora al mercado. También debe medirse por su capacidad para preservar las condiciones que hacen posible una vida digna.

Me parece igualmente importante que la resolución del conflicto no se convierta exclusivamente en una disputa por los méritos políticos. El alcalde José Luis Urióstegui Salgado ofreció, después del asesinato de Gabriel Rivas, promover la expropiación ante las autoridades correspondientes. Diversas organizaciones ambientalistas habían exigido desde mucho antes una solución de esa naturaleza. Ahora la gobernadora ha tomado la decisión de encaminarla. Bien por todos aquellos que contribuyeron a colocar esta alternativa sobre la mesa. Pero el reconocimiento principal corresponde a los ciudadanos que sostuvieron la defensa del terreno, particularmente a Gabriel Rivas Ríos, cuya lucha debe ser recordada mediante resultados concretos y no solamente con discursos, homenajes o declaraciones oficiales.

Vuelvo finalmente a aquella conversación con Marcos Manuel Suárez Ruiz. Han transcurrido más de veintitrés años y sus palabras conservan una vigencia sorprendente. La política no consiste en proteger obstinadamente un proyecto económico cuando su costo social supera ampliamente los beneficios que promete. Consiste en reconocer cuándo debe rectificarse, actuar con oportunidad y evitar que una controversia termine fracturando a la comunidad.

Margarita González Saravia ha tomado una decisión que considero acertada. Falta concretarla legalmente y convertir La Cazahuatera en un espacio natural verdaderamente protegido. Y falta algo todavía más importante: hacer justicia por el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, porque ninguna expropiación podrá sustituir el esclarecimiento de su muerte. Pero respecto de los supuestos perjuicios irreparables que algunos seguramente anunciarán para la inversión privada, recuerdo nuevamente a Marcos y me atrevo a repetir su sentencia, hoy convertida en título de esta columna: No pasará absolutamente nada.