CASO TADDEI: CUANDO EL PODER APUESTA AL OLVIDO
ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 9 de noviembre de 2026
En México, los grandes escándalos de corrupción no siempre terminan en los tribunales. Algunos se extravían en el laberinto de las investigaciones, otros permanecen durante años en los archivos ministeriales y no pocos desaparecen paulatinamente de la conversación pública. En todos estos escenarios existe un factor determinante: el tiempo. Por eso, después de reflexionar sobre el escándalo que terminó con la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala en el Instituto Nacional Electoral, he llegado a una hipótesis preocupante: el régimen podría estar apostando a que este asunto se desgaste políticamente antes de convertirse en un verdadero problema penal para sus protagonistas. No afirmo que ese desenlace esté decidido, pero los movimientos políticos observados hasta ahora justifican preguntarse si estamos ante el principio de una investigación de fondo o de una sofisticada operación de control de daños.
El caso tiene tres protagonistas fundamentales, aunque seguramente sus ramificaciones alcanzan a muchos más. Primero, José Alfredo Hernández Casillas, empresario y proveedor electoral que mantuvo una estrecha relación personal con Taddei y que, según las grabaciones difundidas, conoce detalles de operaciones comerciales, contratos y presuntos repartos de beneficios económicos. Segundo, la propia expresidenta del INE, quien tendría que explicar la naturaleza de sus vínculos con el contratista y deslindar cualquier posible responsabilidad en las adjudicaciones cuestionadas. Y tercero, las grabaciones que hicieron estallar públicamente el conflicto. Sin ellas, probablemente continuaríamos ignorando buena parte de lo que hoy se discute. Pero existe una diferencia fundamental entre la revelación periodística de presuntas irregularidades y su acreditación ante un juez. Los videos son indicios relevantes y pueden convertirse en pruebas de considerable valor, pero necesitan autenticación, corroboración y una investigación que los vincule con operaciones concretas. No basta escuchar conversaciones sobre millones de dólares, porcentajes y ganancias: hay que establecer quién contrató, quién autorizó, quién cobró, quién recibió los recursos y qué disposiciones legales pudieron haberse violado.
Aquí aparece la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, y con ella una interrogante de enorme trascendencia: ¿hasta dónde llegará realmente la investigación? Conviene recordar que el Ministerio Público puede iniciar investigaciones de oficio cuando conoce hechos que pudieran constituir delitos perseguibles de esa manera. No necesita esperar una sentencia mediática ni una auditoría concluida para comenzar a investigar. Además, ya existen denuncias formales: el Órgano Interno de Control del INE informó el pasado 6 de noviembre sobre seis denuncias penales contra servidores y exservidores públicos, así como empresas, mientras el propio instituto presentó otra denuncia relacionada con posibles irregularidades en contrataciones. Por consiguiente, la cuestión central ya no es si hay motivos para investigar, sino si la FGR tendrá la independencia efectiva, la capacidad técnica y la voluntad institucional para llegar hasta las últimas consecuencias, independientemente de los costos políticos que ello represente.
Mi escepticismo nace precisamente de la relación entre procuración de justicia y poder presidencial. La autonomía de la FGR está reconocida constitucionalmente, pero su existencia jurídica no garantiza por sí misma independencia en las decisiones de sus titulares. Ernestina Godoy tiene una trayectoria política estrechamente vinculada al movimiento gobernante y al entorno de Claudia Sheinbaum. Ese antecedente no demuestra que reciba instrucciones de Palacio Nacional ni que vaya a encubrir a alguien, pero hace indispensable exigir resultados verificables y absoluta transparencia dentro de los límites legales. En asuntos de semejante impacto, no bastan las declaraciones sobre el combate a la corrupción. La prueba de autonomía consiste en investigar también cuando los hechos pueden comprometer a personajes cercanos al poder. Y si finalmente el expediente no llega ante un juez, tendremos que saber si ello obedeció a la inexistencia de delitos, a la insuficiencia de pruebas, a deficiencias ministeriales o a decisiones de naturaleza política. Son escenarios radicalmente distintos.
Hay, además, un componente que considero decisivo: el origen político de Guadalupe Taddei. La expresidenta del INE llegó al cargo en abril de 2023 mediante un procedimiento de insaculación en la Cámara de Diputados, después de que las fuerzas parlamentarias no alcanzaran la mayoría calificada necesaria para designar a los nuevos consejeros. Ese es el hecho institucional. Pero también forma parte de la historia la simpatía que despertó su llegada entre dirigentes y legisladores de Morena, así como los cuestionamientos que desde entonces existieron sobre su cercanía con el oficialismo. Ahora, ante la crisis, la presidenta Sheinbaum ha insistido en recordar que Taddei fue nombrada previamente consejera electoral en Sonora durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE. El argumento contiene un dato histórico cierto, pero plantea una pregunta política inevitable: ¿desde cuándo el nombramiento de una persona en un cargo anterior exime de responsabilidad a quienes respaldaron o celebraron su posterior ascenso? Una cosa es reconstruir su trayectoria administrativa y otra muy distinta utilizarla para desplazar hacia antiguos adversarios la discusión sobre lo ocurrido durante su presidencia del organismo nacional.
Es en ese punto donde advierto una operación política que merece examinarse. La conversación pública comenzó concentrada en la relación entre Taddei, Hernández Casillas y una presunta red de negocios alrededor de contrataciones electorales. Sin embargo, desde Palacio Nacional se ha insistido en ampliar la mirada hacia administraciones anteriores del INE y hacia personajes que durante años han mantenido una confrontación abierta con la llamada Cuarta Transformación. Investigar contratos de periodos anteriores es perfectamente legítimo, incluso indispensable si existen indicios de irregularidades históricas. Lo cuestionable sería utilizar esa ampliación para diluir las responsabilidades actuales. Investigar a todos no debe convertirse en una fórmula para que nadie termine siendo investigado a fondo. Ahí radica, a mi juicio, la diferencia entre una auténtica política anticorrupción y una estrategia de administración de la crisis.
También debemos observar con atención las denuncias que ya llegaron a la FGR. Su presentación constituye un paso procesal importante, pero no garantiza que los expedientes vayan a judicializarse. Falta conocer la calidad de los elementos aportados, las diligencias que ordenará el Ministerio Público, la documentación contractual que será incorporada y los resultados de las auditorías correspondientes. La Auditoría Superior de la Federación puede desempeñar un papel relevante mediante la revisión del ejercicio de recursos públicos, pero sus hallazgos deberán vincularse con conductas específicas y posibles responsabilidades individuales. Igualmente importante será conocer si Hernández Casillas comparece, qué información proporciona y si sus afirmaciones pueden corroborarse mediante estados de cuenta, transferencias, facturación, registros societarios, comunicaciones y expedientes de contratación. Sus declaraciones no pueden asumirse automáticamente como verdades, sobre todo cuando el propio empresario podría tener intereses y responsabilidades que esclarecer. Lo mismo vale para Taddei: debe garantizarse su derecho de defensa, sin que ello signifique concederle privilegios frente a la ley.
No perdamos de vista otra cuestión: una crisis política puede darse por terminada con una renuncia, pero una investigación penal no debería concluir por la simple salida de una funcionaria. Guadalupe Taddei dejó la presidencia del INE, pero su separación del cargo no resuelve ninguna de las preguntas relacionadas con el posible tráfico de influencias, el uso indebido de atribuciones, los conflictos de interés o las operaciones económicas que ahora están bajo escrutinio. Tampoco bastará con sancionar administrativamente a funcionarios menores si las investigaciones llegaran a revelar un esquema más amplio de decisiones y beneficios. Los actos deben examinarse de acuerdo con la participación que corresponda a cada persona, sin fabricar culpables, pero también sin establecer zonas de inmunidad. El riesgo, desde mi perspectiva, es que el paso de las semanas permita presentar algunas medidas administrativas, varias auditorías y un conjunto de expedientes abiertos como si fueran equivalentes a la impartición de justicia.
Mi sospecha, por tanto, no es que el caso carezca de materia para una investigación seria. Es exactamente lo contrario. Hay suficientes señalamientos públicos y elementos que ameritan un esclarecimiento exhaustivo. Lo que temo es que el régimen encuentre políticamente más conveniente mantener el asunto en una zona de indefinición, mientras consigue trasladar el debate hacia las supuestas responsabilidades de sus adversarios históricos. De esa manera, el escándalo dejaría de discutirse como un problema concreto de presunta corrupción en el INE durante la gestión de Taddei y acabaría convertido en otra batalla discursiva entre Morena y sus opositores. No sería necesario demostrar la inocencia de todos los involucrados; bastaría con prolongar las investigaciones, multiplicar los señalamientos cruzados y esperar que nuevos acontecimientos desplacen el asunto de las primeras planas.
Por supuesto, existe otra posibilidad, y sería deseable que ocurriera: que Ernestina Godoy conduzca una investigación rigurosa, sin distingos partidistas, y que la FGR reúna elementos suficientes para llevar ante los tribunales a quienes eventualmente resulten responsables. Eso demostraría que la autonomía constitucional puede traducirse en decisiones reales, incluso frente a personajes que contaron con simpatías del oficialismo. Pero mientras no existan resultados comprobables, la sociedad tiene razones para mantener su vigilancia. En esta historia, los videos rompieron el silencio; las denuncias abrieron una ruta institucional y los expedientes deberán establecer la verdad jurídica. La pregunta de fondo es si el poder permitirá que esa ruta llegue hasta sus últimas consecuencias o si terminará apostando, una vez más, a que la memoria colectiva sea más corta que los tiempos de la justicia. Porque una cosa es cambiar la narrativa y otra, muy diferente, esclarecer los hechos. Y México necesita lo segundo, no lo primero.
Existe, además, otro factor que podría contribuir decisivamente al desplazamiento de la narrativa: el proceso para elegir a quien sustituya a Guadalupe Taddei en la presidencia del INE. La Cámara de Diputados se convertirá en el escenario de una nueva disputa política, con la convocatoria, el registro de aspirantes, la evaluación de perfiles, las negociaciones parlamentarias y, finalmente, la designación de quien encabezará el organismo electoral. Todo ello atraerá inevitablemente la atención de los medios, los partidos y la opinión pública. Para el oficialismo, este relevo podría representar una oportunidad extraordinaria de cambiar el eje de la conversación: pasar de las presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Taddei a la discusión sobre quién ocupará su lugar. El futuro terminaría desplazando al pasado, y la expectativa de un nuevo nombramiento podría sepultar las preguntas todavía pendientes sobre los negocios investigados. No sería necesario demostrar que nada ocurrió; bastaría con que el escándalo perdiera visibilidad mientras la maquinaria política y mediática concentra sus reflectores en la sucesión. El riesgo es evidente: que México termine discutiendo quién llega al INE antes de esclarecer qué ocurrió con quien acaba de salir.
