LA SALUD NO DEBERÍA TENER CLASE SOCIAL
La ciencia ha desarrollado medicamentos capaces de controlar enfermedades que hace décadas significaban una sentencia de muerte. Sin embargo, existe una enorme contradicción: podemos tener el medicamento para combatir una enfermedad y, al mismo tiempo, impedir que millones de personas accedan a él por razones económicas. Ahí comienza el debate sobre las patentes farmacéuticas.
La protección internacional proviene principalmente del Acuerdo sobre los ADPIC (TRIPS), dentro de la Organización Mundial del Comercio, además del Convenio de París y otros tratados. La regla general establece 20 años de protección de una patente contados desde la presentación de la solicitud. México incorporó ese principio a su legislación. El objetivo es razonable: permitir que los laboratorios recuperen las enormes inversiones necesarias para investigar y desarrollar nuevos medicamentos.
El problema aparece cuando la protección de la innovación termina enfrentándose al derecho a la salud. Durante el periodo de exclusividad puede existir menor competencia y precios elevados. Cuando finalmente desaparecen las barreras correspondientes y entran competidores genéricos, la competencia puede reducir considerablemente los costos. Entonces surge una pregunta incómoda: ¿debemos aceptar que durante años el acceso al mejor tratamiento dependa de cuánto dinero tiene el enfermo?
México refleja perfectamente esa desigualdad. Está quien puede comprar medicamentos innovadores en una farmacia privada; quien tiene un seguro que los cubre; quien depende del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar, y quien simplemente no puede pagarlos. La enfermedad puede ser exactamente la misma. Lo que cambia es el bolsillo del paciente.
Tomemos la diabetes. Medicamentos modernos como la dapagliflozina —Forxiga es una de sus marcas— o la linagliptina —comercializada como Trayenta— forman parte de nuevas generaciones de tratamientos. La primera, además, tiene indicaciones para determinados pacientes con insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica. Si una institución pública deja de suministrar alguno de estos medicamentos por problemas de contratación, abasto o proveedores, el paciente enfrenta una disyuntiva brutal: comprarlo o solicitar a su médico otra alternativa terapéutica. Usted, amable lector afiliado al IMSS, debe estar ya informado de que esa institución canceló recientemente sus contratos con los laboratorios fabricantes de esos importantes medicamentos y ahora, sin tener más opciones, los médicos están recetando al por mayor metformina combinada con otros compuestos, porque además son más baratos.
Y aquí existe algo que pocas veces se explica: las patentes no son intocables. La Declaración de Doha de la Organización Mundial del Comercio reconoció que las normas de propiedad intelectual deben interpretarse de manera que permitan proteger la salud pública. Existen las llamadas licencias obligatorias, mediante las cuales, bajo determinados supuestos, un gobierno puede autorizar la fabricación de un medicamento patentado por terceros, pagando la remuneración correspondiente al propietario.
México también contempla esa posibilidad. La legislación permite licencias de utilidad pública ante emergencias o enfermedades graves de atención prioritaria cuando la exclusividad pueda impedir, dificultar o encarecer la producción o distribución de medicamentos necesarios para la población.
Entonces habría que replantear el modelo mundial. Nadie propone despojar a investigadores y empresas de los beneficios legítimos derivados de sus descubrimientos. Pero frente a tratamientos indispensables contra cáncer, diabetes, VIH, hepatitis, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares, padecimientos autoinmunes o enfermedades raras, debería existir una fórmula mucho más amplia para compartir patentes, conceder licencias y multiplicar fabricantes cuando esté comprometida la salud de millones.
Porque hemos terminado clasificando involuntariamente a los enfermos: los que pueden comprar el medicamento más avanzado, los que dependen de que exista en una institución pública y los que simplemente no pueden pagarlo.
La salud no debería tener clases sociales.
La ciencia ya consiguió una de las partes más difíciles: descubrir medicamentos capaces de prolongar y mejorar la vida. Ahora corresponde a gobiernos, organismos internacionales y farmacéuticas resolver la otra:
que tener dinero no sea el requisito para acceder a ellos.
