LA SOBERANÍA NO ES UN PRIVILEGIO DE SANGRE: ANDY, LA VISA Y LO QUE REALMENTE DICE LA CONSTITUCIÓN
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 18 de agosto de 2026
Hay una tentación peligrosa en la política mexicana: convertir la soberanía en un escudo personal. Cada vez que un actor cercano al poder enfrenta una decisión extranjera que le resulta inconveniente, el discurso se inflama y se invoca la Constitución como si fuera un amuleto protector.
El caso de Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido con el mote de “Andy”, y la cancelación de su visa estadounidense ofrece una oportunidad para volver a los textos y separar la soberanía del privilegio.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara y contundente. El artículo 39 establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana de él y se instituye para su beneficio. El pueblo conserva el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su gobierno. No dice que resida en los funcionarios, ni en los partidos, ni en las familias de quienes alguna vez ocuparon la Presidencia. Reside en el pueblo.
El artículo 40 refuerza esa idea y, en su redacción actual, advierte que México no aceptará intervenciones extranjeras que lesionen la integridad, la independencia o la soberanía nacional: golpes de Estado, injerencias en elecciones o violación del territorio. El artículo 41 completa el esquema: el pueblo ejerce esa soberanía a través de los Poderes de la Unión y de las entidades federativas.
Nada de esto convierte a un ciudadano particular —aunque sea hijo de un expresidente y haya ocupado cargos partidistas— en personificación de la soberanía.
López Beltrán no es funcionario del Estado mexicano. Fue secretario de Organización de Morena y ahora busca una diputación. Es ciudadano, forma parte del pueblo, como cualquiera de nosotros. Pero no ejerce poder público institucional. Pretender que la cancelación de una visa estadounidense constituye una afrenta a la soberanía nacional es, sencillamente, un error de categoría.
Una visa es un permiso de ingreso a territorio extranjero. Estados Unidos, como cualquier país soberano, decide a quién admite y a quién no. México hace exactamente lo mismo con los extranjeros. Esa decisión no viola el territorio mexicano, no interfiere en elecciones, no impone un gobierno ni investiga dentro de nuestras fronteras sin autorización. No encaja en los supuestos que la propia Constitución considera lesivos.
Confundir la soberanía colectiva del pueblo con el estatus migratorio de un individuo es una operación peligrosa. Transforma un principio democrático profundo —el poder emana del pueblo y se ejerce en su beneficio— en un privilegio de cercanía al poder. Si mañana un ciudadano de a pie ve rechazada su visa, nadie hablará de soberanía. Cuando ocurre con alguien vinculado a una familia política, de pronto el país entero parece ofendido. Esa asimetría revela más sobre el uso instrumentado del discurso que sobre el contenido real de la Carta Magna.
La soberanía mexicana se defiende cuando se protege la integridad territorial, cuando se resisten presiones que busquen alterar el orden constitucional o cuando se garantiza que el poder público sirva al pueblo y no a intereses particulares. No se defiende negando a otro Estado el derecho elemental de controlar sus fronteras. Hacerlo no solo debilita el concepto; lo trivializa.
La Constitución no necesita dramatizaciones. Su texto es suficiente: la soberanía es del pueblo, se ejerce a través de las instituciones y no se personaliza. Quienes la invocan deberían cuidarla, no convertirla en un recurso retórico cada vez que una decisión extranjera incomoda a alguien cercano al poder. Porque cuando la soberanía se vuelve escudo de privilegios, deja de ser soberanía y se convierte en otra cosa: un privilegio más.
