LA TRAMPA DEL PRECARISMO LABORAL: EMPLEOS QUE NO SOSTIENEN FAMILIAS NI IMPULSAN AL PAÍS
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 27 de mayo de 2026
Hace varios años, cuando escribí sobre el precarismo laboral, México ya cargaba con una herida estructural: millones de trabajadores atrapados en empleos que apenas cubren la subsistencia, sin prestaciones, sin seguridad social y con jornadas que desgastan el cuerpo y el espíritu. Lamentablemente, los datos más recientes del INEGI confirman que esa herida no solo persiste, sino que sigue sangrando el bienestar de las familias mexicanas y frena el verdadero crecimiento económico del país.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en marzo de 2026 la población económicamente activa alcanzó los 61.6 millones de personas. La ocupación creció, sí, pero con matices preocupantes. La tasa de informalidad laboral se ubicó en torno al 54.8%, afectando a más de 33 millones de trabajadores. Esto significa que más de la mitad de los ocupados laboran sin contrato, sin IMSS, sin Infonavit y, en muchos casos, sin ingresos estables.
Peor aún es la tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO), que mide empleos con salarios equivalentes muy bajos (hasta uno o dos mínimos), jornadas excesivas o insuficientes. En datos recientes se reportó cerca del 39.6%. Esto implica que casi 40% de la población ocupada enfrenta condiciones que no permiten un desarrollo digno.
El INEGI ha documentado un aumento significativo en el número de personas que ganan hasta un salario mínimo. Aunque el salario mínimo nominal ha escalado (llegando a alrededor de 315 pesos diarios en 2026), su poder adquisitivo real y el costo de la vida en muchas regiones siguen dejando a las familias en la cuerda floja.
Estas cifras no son solo números fríos. Representan madres y padres de familia que trabajan jornadas extenuantes en el comercio informal, servicios o micronegocios, regresando a casa con lo justo para la comida del día, sin poder ahorrar para educación, salud o un futuro mejor. La precariedad golpea especialmente a mujeres, jóvenes y adultos mayores, perpetuando ciclos de pobreza.
La precariedad laboral no solo afecta el bolsillo individual; erosiona el tejido social y económico. Familias con ingresos precarios reducen el consumo en bienes y servicios de mayor valor agregado, limitando la demanda interna que podría impulsar sectores productivos. Además, la falta de seguridad social traslada costos al Estado (salud pública, pensiones futuras) y reduce la productividad general: trabajadores estresados, mal nutridos o sin capacitación adecuada generan menos.
El crecimiento del empleo en 2025 se explicó casi íntegramente por la informalidad. Mientras el empleo formal mostró estancamiento o leves retrocesos en algunos periodos, el informal creció fuertemente. Esto crea un círculo vicioso: más “empleos” que no contribuyen plenamente al PIB formal, no generan impuestos ni cotizaciones, y mantienen a millones en vulnerabilidad.
¿Hacia dónde vamos? Es urgente pasar de la mera generación de empleos a la creación de empleos de calidad. Políticas como el aumento del salario mínimo han ayudado a reducir pobreza laboral en algunos indicadores, pero no bastan si no van acompañadas de incentivos a la formalización, inversión en capacitación, simplificación regulatoria para las Pymes y fortalecimiento de la inspección laboral.
México necesita un mercado laboral donde un empleo no sea sinónimo de supervivencia diaria, sino de dignidad, movilidad social y contribución al progreso colectivo. Mientras persista esta precariedad masiva, el país seguirá pagando un alto costo en bienestar truncado y crecimiento subóptimo.
Las familias mexicanas merecen más que un salario mínimo que apenas alcanza. Merecen trayectorias laborales que construyan futuro. Es hora de que los datos del INEGI no solo diagnostiquen el problema, sino que impulsen acciones decididas para superarlo.
ESCENARIO PARA LAS EMPRESAS EN MORELOS
El escenario para las empresas en Morelos es deplorable. La mayoría opera con mano de obra de poca calificación, escasa capacidad económica y márgenes de utilidad muy estrechos, una situación que se agrava por la excesiva carga tributaria y regulatoria. Este panorama no es nuevo, pero los datos más recientes del INEGI lo confirman con crudeza: nuestro mercado de trabajo sigue atrapado en el precarismo. Los empleos que se ofrecen son de baja calidad, muy por debajo de lo que se observa en regiones más dinámicas del país.
Según la ENOE del cuarto trimestre de 2025, Morelos registró una población económicamente activa de 923 mil personas y 903 mil ocupadas. La tasa de informalidad laboral 2 (TIL2) se ubicó en 61.9%, mientras que la TIL1 alcanzó el 64.7%. Es decir, más de seis de cada diez trabajadores laboran sin contrato, sin prestaciones ni seguridad social. La tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) subió a 35.5%, desde 29.2% un año antes. Esto incluye empleos con ingresos equivalentes a uno o dos salarios mínimos, jornadas excesivas o insuficientes.
Estas cifras revelan un enorme rezago en términos de bienestar para las familias morelenses. Pero también representan una de las debilidades más severas para el desempeño de la economía estatal: ocupaciones de muy baja productividad que merman las posibilidades de un crecimiento sostenido de la producción.
El patrón educativo en las ocupaciones predominantes sigue siendo preocupante, tal como lo documentaban reportes previos del Observatorio Laboral Mexicano. En actividades como técnicos en medicina humana, peluqueros y embellecedores, secretarias y capturistas, empleados de comercio y conductores de transporte terrestre, predomina la escolaridad de primaria y secundaria, con una subutilización evidente de quienes cuentan con educación superior o profesional media. Este desajuste entre formación y ocupación perpetúa la baja productividad.
Todos estos trabajadores perciben sueldos que, en la mayoría de los casos, oscilan entre 4 mil y 10 mil pesos mensuales, dependiendo de la informalidad, comisiones o propinas. Aunque el salario mínimo general subió a alrededor de 315 pesos diarios en 2026, su impacto real en el poder adquisitivo y en la calidad de los empleos sigue siendo limitado frente al alto costo de la vida.
La pregunta es obligada: ¿Hay o no precarismo laboral en Morelos? La respuesta es contundente: sí. Y no se trata de una percepción subjetiva, sino de datos oficiales del INEGI que muestran cómo la informalidad y las condiciones críticas de ocupación golpean con fuerza al estado.
Este modelo genera un círculo vicioso. Las familias tienen menos capacidad de consumo, ahorro e inversión en educación y salud. Las empresas locales difícilmente escalan, invierten en capacitación o innovan. Y la economía estatal pierde competitividad frente a otras entidades que atraen inversión de mayor valor agregado.
Es urgente romper esta trampa. Se requieren políticas decididas de formalización, simplificación administrativa para las Pymes, inversión en capacitación técnica alineada a las necesidades del mercado y estrategias de atracción de empleos de calidad. Mientras el precarismo domine, Morelos seguirá generando ocupación numérica, pero no el desarrollo digno que merecen sus familias ni el crecimiento económico sostenido que necesita el estado.
Los datos no mienten. Es momento de actuar con visión de largo plazo antes de que la precariedad se vuelva crónica e irreversible.
