LOS CIUDADANOS NO SON REHENES DE NADIE
LA CRÓNICA DE MORELOS
Jueves 24 de septiembre de 2026
E D I T O R I A L
Lo ocurrido ayer en Cuernavaca rebasa por mucho la discusión sobre quién convocó, quién financió o quién pretende capitalizar políticamente las protestas. Hay algo anterior y mucho más importante: miles de ciudadanos absolutamente ajenos al conflicto fueron castigados durante horas. Personas que iban a trabajar, a una consulta médica, a realizar un trámite, a llevar a sus hijos a la escuela o simplemente a cruzar la ciudad quedaron atrapadas porque alguien decidió que provocar el mayor daño posible era una herramienta legítima de presión. No lo es.
Después del caos viene, como era previsible, el pleito político. El Gobierno de Morelos responsabilizó expresamente a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, a Víctor Hugo Bobadilla Gutiérrez y a personas identificadas con el Partido del Trabajo. La dirigente petista niega que su partido haya organizado los bloqueos y sostiene que únicamente respaldó demandas ciudadanas relacionadas con seguridad, salud, obra pública y servicios. Esa controversia deberá aclararse, pero existe un hecho que no desaparece con ningún deslinde: personajes ligados al PT estuvieron presentes y participaron en la interlocución con las autoridades.
Y precisamente por eso resulta indispensable separar dos cosas. Una cosa es la legitimidad de una demanda y otra los métodos utilizados para exigirla. Morelos tiene problemas graves de inseguridad, deficiencias en servicios de salud, necesidades de infraestructura y reclamos legítimos de comunidades y municipios. Nadie debería pretender silenciarlos. Pero ninguna de esas carencias otorga licencia para cerrar los accesos de una ciudad, bloquear una autopista o impedir la entrada y salida de personas de un edificio público.
El derecho a manifestarse merece respeto; el derecho de los demás a circular, trabajar, estudiar, recibir atención médica y llegar a sus hogares también. Durante demasiado tiempo hemos normalizado una perversión de la protesta: mientras mayor sea la afectación ocasionada a terceros, mayor será la capacidad de presión frente a la autoridad. Bajo esa lógica, el ciudadano inocente termina convertido en moneda de cambio. No tiene responsabilidad alguna en el conflicto, pero es quien paga las consecuencias.
Hay además una pregunta que no puede quedar enterrada bajo los deslindes posteriores: ¿quién convocó, quién consiguió y colocó los vehículos utilizados para cerrar las vialidades, quién decidió los puntos de bloqueo y quién coordinó a los participantes? También debe establecerse quiénes negociaron en representación del movimiento y cuáles eran exactamente las demandas. Si se trató exclusivamente de una movilización ciudadana, deberá documentarse. Si hubo organización o respaldo logístico partidista, también. Las fotografías, videos, testimonios y declaraciones públicas permitirán reconstruirlo.
La posición expresada esta mañana por el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, abre otro capítulo. El funcionario calificó las acciones como irresponsables e inaceptables y anunció que se analizan las consecuencias legales de lo ocurrido. Si existen conductas constitutivas de delito, corresponde a las autoridades investigarlas y, en su caso, llevarlas ante las instancias competentes. La ley debe aplicarse sobre hechos acreditados y responsabilidades individuales, no sobre filiaciones políticas ni como instrumento para resolver una disputa partidista.
Tampoco debería perderse de vista el calendario. Morelos acaba de entrar al proceso electoral 2026-2027 y cualquier movilización de esta naturaleza inevitablemente adquiere una dimensión política adicional. El Gobierno sostiene que existen intereses partidarios o electorales detrás de los acontecimientos; el PT lo rechaza. Será responsabilidad de cada parte demostrar sus afirmaciones. Lo que no debería ocurrir es que la competencia electoral que comienza termine trasladándose a las calles mediante una carrera para demostrar quién posee mayor capacidad para paralizar ciudades, carreteras o instituciones.
Porque al final, mientras Gobierno y PT intercambian acusaciones, los únicos que ayer no obtuvieron absolutamente nada fueron los ciudadanos atrapados en el caos. Ellos perdieron horas de trabajo, citas, ventas, combustible, clases, consultas y tranquilidad. La protesta es un derecho; utilizar a terceros como instrumento de presión es otra cosa. Gobierno, partidos, organizaciones y dirigentes deberían entender una regla elemental para los meses políticos que vienen: Cuernavaca no pertenece al Gobierno, tampoco al PT ni a ningún otro partido. Y sus habitantes no son rehenes de nadie.
