Maru Campos: entre los gritos, el deslinde y las contradicciones
Por Guillermo Cinta Flores
En política, los errores de comunicación pueden corregirse; las contradicciones documentadas, difícilmente. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, enfrenta una controversia que ha dejado de limitarse a sus diferencias con la presidenta Claudia Sheinbaum. La detención de su exfiscal César Jáuregui, las acusaciones sobre la participación irregular de agentes estadounidenses en territorio mexicano y las revelaciones de conversaciones privadas han colocado bajo escrutinio la conducción política de su administración. El problema ya no se reduce a quién gritó más fuerte durante una reunión. La cuestión central es quién sabía qué, desde cuándo lo sabía y qué hizo con esa información.
Las entrevistas concedidas por Maru Campos durante las últimas horas, particularmente la realizada por Carlos Loret de Mola, muestran la estrategia pública de la mandataria para explicar su enfrentamiento con el gobierno federal. Campos relató una discusión subida de tono con Sheinbaum, reconoció los reproches mutuos e incluso reveló haber acusado a Ariadna Montiel de presuntos vínculos con el narcotráfico, sin que hasta ahora se hayan hecho públicas pruebas que acrediten semejante señalamiento. También sostuvo que detrás del proceso contra Jáuregui existen motivaciones políticas relacionadas con las elecciones de 2027. Es una interpretación que tiene derecho a expresar, pero que no sustituye la obligación de acreditar sus acusaciones.
Sin embargo, el comunicado difundido por la Fiscalía General de la República introduce una dimensión distinta. Según la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos, fue la propia gobernadora quien solicitó reunirse con ella y, durante el encuentro, responsabilizó a César Jáuregui por los acontecimientos relacionados con la intervención de ciudadanos extranjeros en Chihuahua. Más todavía: la Fiscalía afirma que Campos proporcionó información sobre presuntos actos de corrupción atribuidos al exfuncionario, vinculados con casinos y prestanombres. De acuerdo con el boletín, esos señalamientos motivaron la apertura de una nueva línea de investigación. Se trata de una versión institucional cuya trascendencia obliga a exigir documentos, fechas y resultados verificables.
Aquí aparece la contradicción política que merece examinarse. Si la gobernadora conocía presuntas irregularidades de esa naturaleza, ¿cuándo tuvo conocimiento de ellas? ¿Ordenó investigarlas antes de conversar con la presidenta? ¿Existían expedientes abiertos en Chihuahua? ¿Por qué las acusaciones adquieren relevancia pública precisamente cuando su antiguo colaborador enfrenta un proceso penal federal? No son preguntas menores ni equivalen a declarar culpable a Jáuregui. Son interrogantes inevitables para una mandataria que debe responder por las decisiones tomadas durante su administración y por la actuación de los servidores públicos que ocuparon posiciones estratégicas bajo su gobierno.
La presidenta Sheinbaum, por su parte, reconoció este viernes 23 de octubre que ambas elevaron la voz durante su encuentro del 19 de septiembre en Ciudad Juárez. También sostuvo que Campos le atribuyó al exfiscal la responsabilidad por la participación de agentes extranjeros y le habló de presuntos actos de corrupción. Según la versión presidencial, le recomendó presentar las denuncias correspondientes. Las declaraciones difundidas coinciden en puntos sustanciales con lo informado por la FGR, aunque esa coincidencia no demuestra por sí misma la totalidad de las acusaciones. En un Estado de derecho, la verdad de los hechos debe establecerse mediante investigaciones independientes y pruebas, no por la fuerza política de quienes intervienen en la disputa.
Hay, además, un problema de responsabilidad institucional. Un gobernador no puede conocer cada decisión operativa de sus subordinados, pero tampoco puede limitarse a deslindarse cuando se cuestiona una actuación de especial gravedad ocurrida dentro de su administración. El operativo realizado en abril, la muerte de dos funcionarios mexicanos y dos estadounidenses, así como las presuntas violaciones a las disposiciones de seguridad nacional, exigen esclarecer la cadena de mando. Si Jáuregui actuó sin autorización, corresponde establecerlo judicialmente. Si hubo conocimiento o intervención de otras autoridades, también debe investigarse. La responsabilidad penal es individual; la rendición de cuentas política tiene un alcance diferente.
Maru Campos sostiene que el conflicto tiene un trasfondo electoral y que las acciones federales pueden utilizarse para perjudicar al PAN en Chihuahua. Es una hipótesis política que merece contrastarse con hechos, no descartarse automáticamente. Pero tampoco puede convertirse en una explicación universal que deje sin respuesta las preguntas sobre su propio gobierno. La intervención de una Fiscalía debe estar sometida al debido proceso y al escrutinio público, especialmente cuando involucra a un exfuncionario de alto nivel y a dos administraciones enfrentadas. La exigencia de pruebas debe aplicarse por igual a las imputaciones federales y a las acusaciones formuladas desde Chihuahua.
La gran interrogante es cómo repercutirá este episodio en la credibilidad pública de la gobernadora. Los efectos políticos no están determinados de antemano: dependerán de las pruebas que se conozcan, de las decisiones judiciales y de la capacidad de Campos para ofrecer explicaciones consistentes. Lo que sí puede advertirse es que las declaraciones televisivas, los señalamientos cruzados y los comunicados ministeriales han abierto una controversia que difícilmente se resolverá con una nueva entrevista. En las crisis de esta naturaleza, la comunicación política solamente resulta eficaz cuando está respaldada por una secuencia comprobable de decisiones.
Maru Campos se encuentra, así, ante una prueba que va mucho más allá de su relación personal o institucional con Claudia Sheinbaum. Debe aclarar lo ocurrido con su exfiscal, explicar qué conocía sobre las presuntas irregularidades y precisar qué acciones emprendió cuando tuvo noticia de ellas. La presidenta y la FGR también tienen la obligación de demostrar que las actuaciones federales responden a criterios jurídicos y no a intereses electorales. El desenlace político permanece abierto, pero la controversia deja una lección elemental: cuando las versiones de quienes gobiernan se contradicen, no bastan los discursos para restablecer la confianza; hacen falta pruebas, transparencia y responsabilidades claramente establecidas.
