Meta pagará miles de millones; en Morelos, ¿quién protege a los adolescentes?
El histórico acuerdo mediante el cual Meta aceptó pagar hasta 17 mil 100 millones de dólares para resolver acusaciones sobre los daños ocasionados a menores de edad por Facebook e Instagram abre una discusión que no debería quedarse en Estados Unidos. En Morelos, donde miles de adolescentes utilizan diariamente estas plataformas, las autoridades todavía carecen de una política pública integral para enfrentar la adicción digital, el ciberacoso y sus posibles consecuencias emocionales.
El convenio, que aún deberá recibir aprobación judicial, obligaría a la compañía encabezada por Mark Zuckerberg a introducir medidas más estrictas para proteger a sus usuarios menores de 18 años. Entre ellas se encuentran un límite predeterminado de dos horas diarias, el bloqueo de las aplicaciones entre la medianoche y las seis de la mañana, restricciones a las notificaciones durante el horario escolar, mayores controles parentales y mecanismos más rigurosos para comprobar la edad de los usuarios.
La demanda fue promovida por decenas de estados estadounidenses bajo el señalamiento de que Meta habría diseñado deliberadamente algunas funciones para mantener enganchados a niños y adolescentes, mientras minimizaba públicamente los posibles efectos sobre su salud mental. La empresa no admitió responsabilidad, pero aceptó pagar al menos 12 mil 100 millones de dólares y hasta 17 mil 100 millones, además de modificar aspectos importantes del funcionamiento de Facebook e Instagram.
El caso adquiere especial relevancia en Morelos. De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el estado registró el porcentaje más alto del país de ciberacoso entre varones de 12 a 19 años, con 40 por ciento. Entre las mujeres morelenses de ese mismo grupo de edad, la proporción alcanzó 34.1 por ciento.
Aunque el ciberacoso no equivale automáticamente a una adicción ni demuestra que las plataformas sean responsables de todos los daños emocionales, los datos confirman que una parte considerable de la población adolescente morelense está expuesta a hostigamiento, amenazas, suplantación de identidad, mensajes ofensivos y otras formas de violencia digital. A ello deben agregarse los posibles trastornos del sueño, ansiedad, aislamiento y deterioro del rendimiento escolar relacionados con el uso excesivo de las redes.
El acuerdo estadounidense plantea entonces preguntas inevitables para el estado: ¿cuántas escuelas cuentan con protocolos eficaces contra el ciberacoso?, ¿qué seguimiento brindan el IEBEM, Servicios de Salud de Morelos y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes?, ¿existen estadísticas locales sobre la relación entre redes sociales, depresión, autolesiones y conductas suicidas?, ¿qué responsabilidad están dispuestos a exigir el Congreso y las instituciones mexicanas a las empresas tecnológicas?
Mientras en Estados Unidos las autoridades llevaron a una de las compañías más poderosas del mundo ante los tribunales, en Morelos el problema permanece disperso entre recomendaciones a los padres, campañas ocasionales y llamados al uso responsable del teléfono celular. La experiencia internacional demuestra que no basta con culpar a las familias o pedir moderación a los adolescentes: también es necesario revisar las plataformas diseñadas para capturar su atención y exigir que el Estado proteja sus derechos en el mundo digital.
