MORELOS BAJO LA LUPA FORENSE: ¿EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA IMPUNIDAD MUNICIPAL?
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 10 de junio de 2026
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encendió las alarmas en Morelos. De un plumazo, modificó su Programa Anual de Auditorías para la Cuenta Pública 2025 y convirtió revisiones rutinarias en auténticas auditorías forenses a cinco municipios del estado, además de al propio Gobierno estatal.
Amacuzac, Cuautla, Miacatlán, Temixco y Tetela del Volcán pasan ahora de simples chequeos de cumplimiento a investigaciones profundas que buscan pruebas de posibles desvíos, fraudes o simulación de operaciones en el manejo de recursos federales.
Esta decisión no es menor. Las auditorías forenses no son un trámite administrativo más: implican técnicas de investigación financiera, recopilación de evidencia con valor probatorio y la posibilidad real de fincar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.
Que la ASF haya elevado el nivel de escrutinio en estos ayuntamientos sugiere que existen indicios serios de irregularidades. No se trata de una sospecha vaga, sino de una sospecha fundada que obliga a mirar con lupa el ejercicio del gasto federalizado durante 2025.
Lo preocupante es el contexto. Morelos, como muchas entidades, arrastra un historial de observaciones millonarias en cuentas públicas anteriores. Recursos que deberían haber servido para pavimentar calles, mejorar servicios de salud o fortalecer la seguridad terminan, con demasiada frecuencia, en bolsillos ajenos o en obras fantasma.
El hecho de que municipios de diferentes tamaños y regiones —desde Cuautla, uno de los más poblados, hasta pequeños como Amacuzac o Tetela del Volcán— estén en la lista indica que el problema no es aislado, sino que podría ser sistémico.
A esto se suma la auditoría forense al Gobierno del Estado, centrada en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. En un estado donde la inseguridad sigue siendo uno de los principales reclamos ciudadanos, cualquier anomalía en estos recursos resulta especialmente grave. ¿Se gastó correctamente el dinero destinado a proteger a los morelenses o, una vez más, se priorizaron otros intereses?
Las auditorías forenses son un recordatorio necesario de que el federalismo no significa carta blanca para manejar recursos públicos como si fueran propios.
Ojalá estas investigaciones no queden en simples observaciones archivadas. La ciudadanía morelense merece saber la verdad, con nombres, apellidos y montos. Porque la transparencia no es un favor de los gobernantes, sino un derecho. Y porque, en un país cansado de corrupción, cada auditoría forense que avanza representa un pequeño pero firme paso hacia la rendición de cuentas real.
Morelos está bajo la lupa. Ahora falta que los resultados vean la luz y tengan consecuencias.
